Bruselas ha comenzado un proceso de reducción de su legislación. Tras una necesidad, hasta cierto punto real, de aumentar la eficacia y reducir las trabas burocráticas, también se esconde una eliminación de obstáculos a la competitividad. Ecologistas en Acción teme que este proceso afecte muy negativamente a la legislación ambiental europea. La Directiva IPPC (Prevención […]
Bruselas ha comenzado un proceso de reducción de su legislación. Tras una necesidad, hasta cierto punto real, de aumentar la eficacia y reducir las trabas burocráticas, también se esconde una eliminación de obstáculos a la competitividad. Ecologistas en Acción teme que este proceso afecte muy negativamente a la legislación ambiental europea. La Directiva IPPC (Prevención y Control Integrados de la Contaminación) podría ser en el futuro próximo una de las normativas afectadas, según la propia Comisión.
La Comisión Europea ha comenzado una ambiciosa iniciativa para conseguir una «mejor» regulación europea. El propósito es reducir el número de leyes, simplificándolas y unificándolas allí donde se pueda ganar efectividad. Teniendo en cuenta la cantidad de Directivas, Reglamentos, y Decisiones vigentes, así como los que están en proyecto y esperan desde hace tiempo en cajones para ver la luz, puede parecer una idea no carente de lógica.
Ecologistas en Acción teme sin embargo que este proceso de «legislar mejor», se convierta en una carta blanca para «deslegislar». En este ejercicio, la normativa medioambiental puede salir muy perjudicada. A nadie se le escapa el hecho de que uno de los objetivos de este proceso, además del supuesto aumento en la eficacia, es eliminar barreras a la competitividad. De hecho, el principal impulsor del mismo es el Vicepresidente Günter Verheugen, también Comisario de Empresa e Industria. Una desregulación en el terreno ambiental supondría una gran pérdida de herramientas para luchar contra los abusos ambientales que se cometen en Estados de escasa sensibilidad ambiental como el nuestro, donde muchas Administraciones locales y regionales ven las Directivas Ambientales Europeas como un escollo a salvar a la hora de llevar a cabo sus proyectos.
La primera fase de este proceso de desregulación ha sido la medida anunciada esta semana de desestimar sesenta y ocho proyectos de normativa, un tercio de los que estaban en proceso de aprobación. Y efectivamente uno de los principales criterios de exclusión ha sido su grado de contribución a los objetivos de Lisboa. Hay que recordar que el Presidente Barroso a comienzos de año, en el planteamiento de las prioridades estratégicas de la nueva Comisión, redefinió los objetivos de Lisboa exclusivamente en términos de competitividad y empleo, aparcando los objetivos sociales y ambientales. Ecologistas en Acción entiende que este proceso de desregulación se enmarca en esta tendencia de la política Europea, cada vez más clara y acentuada.
El próximo paso que piensa dar la Comisión es un ejercicio de simplificación de la legislación vigente, para lo cual se abrirá una consulta pública en la que tanto los Estados miembros, como las empresas y los ciudadanos, identifiquen los escollos «eliminables» en las diferentes normativas. Es de esperar que la Industria invierta muchos esfuerzos y medios en esta consulta. Fuentes de la Comisión apuntaban la semana pasada a la Directiva IPPC, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, como una de las normativas a revisar.
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