Más del 50 por ciento de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto han hecho caso omiso a esa «jornada histórica» del referéndum como, solemnemente, la han bautizado la mayoría de los políticos catalanes. Una vez más, y esto es una constante que se repite y se amplía en las democracias occidentales, la abstención […]
Más del 50 por ciento de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto han hecho caso omiso a esa «jornada histórica» del referéndum como, solemnemente, la han bautizado la mayoría de los políticos catalanes. Una vez más, y esto es una constante que se repite y se amplía en las democracias occidentales, la abstención es la opción mayoritaria, mostrando, también una vez más, el abismo creciente entre la clase política y la ciudadanía.
Recordemos que esta reforma del Estatut fue aprobada por más de un 90 por ciento de los votos en el Parlamento catalán, por poco más del 55 en el Congreso, salió adelante en el Senado sólo por la abstención de ERC y que en esta «jornada histórica» ha sido aprobado por poco más de un tercio del electorado catalán. Digno de meditación todo ello para los impulsores de una iniciativa que, cuando se puso en marcha, contaba con el interés y apoyo, según encuestas, de poco mas del 5 por ciento de la ciudadanía catalana. Otra encuesta, durante la campaña, mostraba que más del 80 por ciento de esos ciudadanos se declaraba poco o nada conocedor del texto sometido a referéndum.
Declaraciones inmediatas al cierre de los colegios de dirigentes del PSOE y del PSC estaban cortadas por el mismo patrón, no deteniéndose por supuesto apenas en el dato más importante, que es el de abstención, y comparando la participación con, asómbrense, el referéndum para la Constitución europea afirmando que, hoy domingo, la participación ha sido más alta. Naturalmente no la comparaban con la participación del 60 por ciento en el referéndum para el Estatuto de 1979. Tanto los representantes de esos partidos como los otros partidarios del sí pasaban rápidamente, sin detenerse mucho, sobre ese dato de la bajísima participación, dato que, en los próximos días, desaparecerá del mapa y oiremos lo mismo que oímos después del referéndum sobre la Constitución europea, eso de que ha sido «aprobado por la mayoría de la población», que no de los votantes, una pequeña diferencia, simplemente un matiz para una casta política que va a lo suyo en un despotismo ilustrado de nuevo cuño.
Legitimidad, por tanto, escasa. Legalidad, toda. Con este nuevo texto, ya aprobado, entramos en una nueva etapa en la presente historia española tras una jornada que, efectivamente, los hechos futuros demostrarán como histórica. El tema del nuevo Estatut no termina aquí, sino que empieza. El «efecto demostración» del mismo está desencadenando ya, incluso antes de su aprobación por este referéndum, toda una serie de dislates en una loca carrera, completamente artificial y al margen de las preocupaciones e intereses de los ciudadanos, y que va desde la realidad nacional andaluza hasta lo que nos espera en la cuestión vasca, frente a la cual todo lo anterior serán simples juegos florales. En estos momentos, nada ni nadie parece en condiciones de lograr volver a la sensatez en esta desigual pugna cívica y política entre, de un lado, un Gobierno central y sus diversos aliados, no sólo políticos, que controlan la creación y formación de eso que se llama la opinión pública cada vez menos autónoma, y de otro, una parte minoritaria y decreciente de la ciudadanía consciente de la enorme gravedad de la situación mientras la inmensa mayoría sigue viviendo en la «ciudad alegre y confiada».