La decisión del gobierno del PP de denegar la renovación del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Garoña, debe ser analizada yendo más allá de la tranquilidad y la satisfacción que provoca la clausur a definitiva de una instalación que suponía un riesgo de accidente irreversible y un a fuente de impactos sobre […]
La decisión del gobierno del PP de denegar la renovación del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Garoña, debe ser analizada yendo más allá de la tranquilidad y la satisfacción que provoca la clausur a definitiva de una instalación que suponía un riesgo de accidente irreversible y un a fuente de impactos sobre la salud y el medio ambiente.
Se entiende dicha decisión si se considera el rechazo que Garoña había generado desde su clausura patronal en 2012; al margen del movimiento ecologista y de la resistencia contra las nucleares, en las pasadas elecciones generales todos los partidos que mencionaron el conflicto nuclear en sus programas reivindicaron el cierre de Garoña, algunos guardando un prudente silencio sobre los otros siete reactores en funcionamiento (casos de PNV y Bildu); también existía una oposición unánime en el Parlamento Vasco, ya que l a mayoría de la clase política descubrió, tras décadas de vivir de espaldas a la amenaza, que aunque la central está en Burgos, se hallaba muy cerca; además, IBEDROLA (una de las propietarias de la central al 50%, junto con ENEL-ENDESA) había hecho correr varios rumores oponiéndose a la continuidad, bien a través de terceros, o mediante declaraciones de su locuaz presidente, el señor Ignacio Sánchez Galán (1); finalmente, sólo dos de las 11 entidades que habían participado en el proceso de alegaciones abierto el 11 de julio, se manifestaron favorables a la continuidad. La enumeración podría seguir.
Con ese panorama no es de extrañar que el gobierno del PP se haya acogido a dos de los tópicos habituales para justificar una decisión que no le ha gusta do tomar: la ausencia del socorrido «debate sosegado», y la presencia de un presunto «campo de batalla político» (2). Aunque la realidad está muy lejos de es a retórica.
La clave de la decisión definitiva del gobierno del PP está en la reunión que IBERDROLA y ENEL-ENDESA tuvieron el pasado 27 de julio, reunión que venia precedida de un informe de «costes» presentado el día 24 del mismo mes, una reunión en la que no hubo acuerdo ni para presentar alegaciones (como pedía ENEL-ENDESA), ni para desistir de la renovación de licencia (como pedía IBERDROLA) (3); la reunión mostró la continuidad de l a situación de bloqueo existente desde varios meses atrás. En esas condiciones, si el gobierno opta ba por aprobar la renovación del permiso, se planteaban dos cuestiones negativas en el ámbito de las relaciones con los que mandan: una toma de postura evidente a favor de las tesis de ENEL-ENDESA y, como complemento, un incremento en la tensión existente con IBERDROLA, respaldada en todo este conflicto por la tercera gran empresa con intereses nucleares: GAS NATURAL – FENOSA.
Se ha decidido, pues, lo más sensato; p orque no conviene perder de vista todas las variables que se dan en el conflicto nuclear, variables que se resolverán en lo que resta de 2017 y a lo largo del 2018.
El gobierno se encuentra en medio de una negociación informal con el sector nuclear para revisar los impuestos que pagan las centrales . La sumisión que el PP ha mostrado a los intereses del sector desde que éste decidió cerrar Garoña en 2012 (y pedir su reapertura en 2013) no ha sido correspondida con la gratitud debida (4). Al tener todo lo que ya pedían, lógicamente quieren más. La industria nuclear ha desplegado una intensa campaña combinando la mentira de su papel positivo en la «mitigación» del cambio climático, con las «pérdidas» que le provoca alargar el funcionamiento de los reactores. Se ha lle g ado a niveles de confrontación impensables hace unos meses ; con un ministro pro-nuclear insinuando manipulaciones contables de las eléctricas (5), mientras estas respondían con informes económicos de «consultoras independientes» para mostrar las maldades de la perversa «carga» fiscal .
La negociación sobre impuestos es el último escollo que le queda por salvar a una industria que ya ha conseguido desvincular la renovación de permisos de las revisiones periódicas de seguridad, y que además, vía Garoña, ha conseguido solicitar permisos de alargamiento a 60 años para todos los reactores.
¿Implica la decisión del gobierno del PP una desautorización de las decisiones alineadas con las peticiones de la industria tomadas en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)? Formalmente no. La retórica sobre el «sosiego» y la «batalla política» forman parte del discurso l egitima dor del CSN para enmascarar su papel de organismo subordinado a la industria. Cuando el CSN decidió, en febrero de 2017, conceder 60 años a Garoña y sentar un precedente válido para todas las nucleares, estaba tomando una decisión legítima, porque era «técnica». D e esta manera Garoña ha cumplido una función histórica que va más allá de su cierre.
Aceptando a regañadientes aquello que la lógica ambiental muestra como evidente, el gobierno del PP se libera de un lastre. Sin Garoña puede acometer con más tranquilidad el proceso paralelo a la redacción del documento sobre transición energética que debe presentar a la Unión Europea antes de abril de 2019. Un documento don de la industria nuclear jug ará sus cartas decisivas.
Para las personas y entidades que nos movemos por una sociedad sin reactores nucleares, la decisión definitiva sobre Garoña reitera la necesidad de pensar antes de actuar.
E n septiembre de 2006 se anunció el cierre de Garoña. Hubo celebración y aplausos (6), pero el gobierno del PSOE se echó atrás y la central continuó funcionando. No se reflexionó sobre las implicaciones del hecho .
El septiembre de 2012, ENEL-ENDESA e IBERDROLA cerraron Garoña por su cuenta pese a que tenían permiso para continuar. Se trataba de una medida de presión sobre el gobierno; pero también hubo celebración y aplausos (7). Meses más tarde pidieron los permisos para volver a abrirla y el gobierno del PP y el CSN lo aceptaron sin rechistar, como la cosa más natural del mundo, modificando reglamentos y normas para complacerlos. Tampoco se reflexionó sobre ello.
Y a la tercera va la vencida. Ahora se ha producido el cierre definitivo. Sería deseable que, en lugar de celebraciones, aplausos, y de cantar » y todas las demás»; se aborde l a reflexión en profundidad sobre el significado y las implicaciones de la medida. Porque el cierre de Garoña es edl resultado de la fortaleza de la industria nuclear, no de su debilidad; y p orque en menos de 18 meses los siete reactores que continúan funcionando pueden tener garantizado su futuro hasta el 2050, y entonces ya no habrá nada que celebrar.
Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears – 100% Renovables, del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES y del MIA en Cataluña; mantiene la web www.sirenovablesnuclearno.org
Notas:
(1) http://www.mientrastanto.org/
(2) http://www.elmundo.es/
(3) http://www.eldiario.es/
(4) http://www.mientrastanto.org/
(5) https://www.elindependiente.
(6) https://elpais.com/diario/
(7) http://www.diariodeavila.es/
Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears – 100% EER, y del GRUPO IMPULSOR ILP 2020 LIBRE DE NUCLEARES. Mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/
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