El Gasoducto avanza y a paso de vencedores, como si fuera la revolución. Una nueva reunión se produjo la semana pasada entre los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela para precisar algunos detalles en relación a esta mega obra, que permitirá transportar el gas desde Venezuela a estos países del sur. Algunas quejas comienzan asomarse […]
El Gasoducto avanza y a paso de vencedores, como si fuera la revolución. Una nueva reunión se produjo la semana pasada entre los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela para precisar algunos detalles en relación a esta mega obra, que permitirá transportar el gas desde Venezuela a estos países del sur. Algunas quejas comienzan asomarse en contra de esta faraónica estructura que nos recuerda la Venezuela Saudita. Quejas obviamente en defensa de los intereses económicos de los países afectados; Bolivia por ejemplo, para quien el gas es una de las principales fuentes de ingresos, ya comienza a notar como su aliado político Venezuela, comienza a dejarlo de lado y a cubrir una oferta de gas hacia el sur de América, que verá mermar sus ventas; otros países como Uruguay y Paraguay se sienten relegados, a pesar de ser socios en el Mercosur. Quejas sólo desde el punto de vista económico, ninguna queja por el impacto ambiental y sociocultural que esta obra causará, daños a los recursos naturales y a la diversidad, que ya se pronostican como irreparables, puesto que atravesará la región amazónica.
Los expertos han señalado con toda razón que esta mega obra es un plan del más rancio y primitivo desarrollismo neoliberal, que oferta un combustible más limpio que el crudo, pero tiene mayores riesgos operacionales, contribuye como el petróleo al calentamiento del planeta, implicaría deforestaciones a lo largo del trazado y es vulnerable a desastres naturales o sabotajes. Lo lógico y lo natural hubiera sido, tal como lo demandó la Red de Alerta Petrolera Oilwath, suspender el proyecto hasta realizar un debate democrático en la región sobre su pertinencia, incluso porque como lo han señalado, hay opciones menos comprometedoras y onerosas, como el transporte del gas por buques, siendo que además estos buques tanqueros, son preferibles para la conservación del gas, luego de recorrer más de tres mil kilómetros, tal como indican lo conocedores de este tema.
A ello hay que añadir el impacto sociocultural que tendrá sobre los pueblos y comunidades indígenas que verán sus territorios ancestrales atravesados por el gasoducto, modificándose de este modo su forma vida, su relación con el ambiente y destruida la riqueza de su biodiversidad. Sería bueno que el país conociera los estudios de impacto ambiental y sociocultural que se han hecho, así como las autorizaciones para la ocupación del territorio y para afectación de recursos que debe otorgar el Ministerio del Ambiente, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y las Normas Técnicas Ambientales.
Pero lo que más preocupa es la falta de solidaridad de los movimientos y grupos ambientalistas con los que se oponen a esta mega estructura depredadora. Solo la Red de Alerta Petrolera y grupos como la Sociedad de Amigos de la Gran Sabana Amigransa se hacen sentir, sin que tengan mayor eco en lo medios de comunicación y sin que sus protestas sean al menos tenidas en cuenta por quienes negocia en nombre del país