Desde 1963, existe un consenso internacional sobre lo que es, y lo que no es, I+D. En junio de ese año, en efecto, se reunieron en Frascati, un pueblo de las afueras de Roma famoso por sus vinos, un grupo de expertos en estadísticas de investigación y desarrollo, convocados por la OCDE, y redactaron allí […]
Desde 1963, existe un consenso internacional sobre lo que es, y lo que no es, I+D. En junio de ese año, en efecto, se reunieron en Frascati, un pueblo de las afueras de Roma famoso por sus vinos, un grupo de expertos en estadísticas de investigación y desarrollo, convocados por la OCDE, y redactaron allí un manual para realizar las encuestas y establecer las estadísticas de I+D.
De acuerdo con ese manual, reeditado y reimpreso en varias ocasiones, «la investigación y el desarrollo experimental (I+D), comprenden el trabajo creativo, llevado a cabo de forma sistemática, para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones». A partir de esta definición, el Manual de Frascati dedica bastantes páginas a explicar qué es y qué no es la I+D, y lo ejemplifica con didáctica claridad.
Hace aproximadamente un año, en declaraciones a la Cadena SER, el ministro de Defensa, señor Bono, dijo que I+D significaba «industria+defensa» y se extendió en explicaciones de por qué había que entender así esta sigla. Obviamente, no pretendía ofender, pero ofendió, aunque no recuerdo que nadie saliese entonces a la palestra, a protestar por la apropiación indebida de una sigla consagrada internacionalmente.
Al hacerse públicas las grandes cifras del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo (EL PAIS, 5 de octubre), observamos que la ocurrencia del señor Bono no era sólo un inocente juego de interpretación de siglas, sino un aviso de que iba a continuar el fraude de llamar I+D a los gastos de producción y adquisición de armamento y material para la defensa nacional.
Los expertos que se reunieron en Frascati en 1963, pretendían ponerse de acuerdo sobre qué tipo de gastos se podían considerar como I+D, con el fin de que todos supiesen de qué se estaba hablando, y se pudiesen establecer así comparaciones entre países.
En España, este ejercicio comparativo ha sido muy fácil durante años, especialmente desde que los Presupuestos Generales del Estado empezaron a ofrecer los gastos públicos organizados en funciones, allá por la mitad de los 80: todo el gasto español de I+D aparecía agrupado en la Función 54, en la que no se incluía ningún otro tipo de gasto.
Desde 1996, comenzaron a incluirse en la Función 54, primero tímidamente y después de una manera obscena, los créditos destinados a la fabricación de un moderno tipo de fragata, de un carro de combate de patente alemana, y de un avión caza de factura europea. Estos gastos, que sólo muy limitadamente reúnen los requisitos para ser considerados I+D, de acuerdo con la definición del Manual de Frascati, se han solido agrupar en el capítulo VIII del Ministerio de Industria y, entre 2000 y 2004, en lo que pasó a denominarse Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Entiéndase bien que no estamos diciendo que no sea legítimo, ni oportuno, ni deseable que España modernice su equipamiento militar. Suponemos que existen fundadas razones, desde el punto de vista de la defensa nacional, de la creación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, o desde la obligación de cumplir compromisos internacionales, que avalan la justeza de financiar la adquisición de costosos artefactos bélicos.
Hágase, pues, en buena hora pero, por favor, no se diga que eso es investigación y desarrollo.
Blaise Pascal, allá por el siglo XVII, constató que existían cosas que tenían una consideración distinta a uno y otro lado de los Pirineos: «verité au-deçà des Pyrénnées, erreur au-delà».
Lo que no podíamos esperar es que, a estas alturas del llamado, de manera tan rimbombante, Espacio Europeo de Investigación, en la parte de aquí de los Pirineos, le llamáramos gastos en investigación y desarrollo, a lo que en otros países se le llama gastos militares.
No aspiramos, siquiera, a que el Gobierno corrija esta anomalía contable, dando así cumplimiento a una solemne promesa electoral. Aspiramos, más modestamente, a que no se crea que no somos conscientes de que nos están dando gato por liebre.
Javier López Facal. CSIC