América Latina debe conocer y prevenir los daños que produce el fracking antes de abrirle la puerta
Organizaciones de la sociedad civil latinoamericana alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la fracturación hidráulica, fractura hidráulica o fracking en inglés en los territorios y poblaciones de la región.
Fracking
El fracking o fracturación hidráulica, una de las técnicas empleadas para la exploración y/o explotación de yacimientos no convencionales de gas y petróleo, se abre paso en América Latina. Ya se vislumbran iniciativas para desarrollar fracking en países como Argentina, Brasil, Colombia, México y Bolivia.
El Observatorio Petrolero Sur explica que «El fracking es una agresiva técnica para extraer petróleo y gas de formaciones compactas, como la roca madre, fracturándolas con la inyección de un coctel de cientos de químicos y millones de litros de agua». El fracking consiste en taladrar verticalmente bajo tierra (de mil a cinco mil metros) y luego horizontalmente (de mil a cuatro mil metros), para fracturar rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y así liberarlos.
Entre los riesgos de impactos graves e irreversibles asociados a esta técnica están el uso intensivo y la contaminación del agua, daños a la salud de las personas (cáncer, malformaciones, alergias y otros) y a otros seres vivos causados por los fluidos, emisión de metano con un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del CO2, e incluso la generación de sismos.
Acciones
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) promueve que los gobiernos de la región garanticen la prevención a largo plazo de dichos impactos antes de autorizar operaciones de fracking. Buscamos que los Estados generen y divulguen información exhaustiva e imparcial sobre los procesos de fracking a desarrollar. Ello incluye datos sobre las tecnologías que se emplearán, los volúmenes y el origen del agua que se usará, las sustancias que se aplicarán y sus impactos en las personas y el ambiente, y los planes para el manejo de las aguas residuales.
Así lo expresamos en una carta enviada a la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, país que ha empezado a adjudicar zonas para la extracción de hidrocarburos no convencionales, la cual implica el uso del fracking. El Gobierno colombiano ha expedido regulación sobre fracking, pero ésta no cumple con los estándares de la legislación ambiental y de derechos humanos.
También en Colombia, junto con organizaciones aliadas y en el marco de la Red por la Justicia Ambiental, realizamos con éxito un conversatorio sobre el tema con expertos de diferentes especialidades y países. Del evento participaron más de 250 personas. «Fue un espacio para generar discusión pública; se ha identificado que uno de los problemas es la falta de acceso a la información confiable sobre los posibles impactos de abrir un país a la explotación de yacimientos no convencionales», detalla Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA.
La preocupación por políticas públicas orientadas a permitir el fracking en América Latina fue evidente este mes en Ciudad de México. Organizaciones de la región reunidas allí emitimos un pronunciamiento en el que alertamos que las operaciones de ese tipo pueden tener consecuencias desastrosas para el ambiente, la población y la sostenibilidad energética en nuestros países. Iniciamos además conversaciones para impulsar la articulación de esfuerzos en torno al tema.
«En ningún país de América Latina existe información detallada y exhaustiva sobre los procesos de fracking, los componentes químicos utilizados y cómo, recursos naturales como el agua subterránea y superficial resultan afectados», dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA que participó de la reunión en Ciudad de México. Ley de Hidrocarburos
El especialista Jorge Ferioli en una nota publicada en el diario La Nación el 3 de mayo de 2014, dijo que «Se necesitan diez pozos de shale gas para producir lo que genera uno convencional y además se triplica el costo por pozo. Para no importar petróleo crudo y sustituir las importaciones de gas licuado hacia el año 2030 habría que perforar dentro de los próximos 15 años 7042 pozos de shale oil y 7505 pozos de shale gas».
Las reformas que se pretenden aplicar a la Ley de Hidrocarburos en nuestro país, están pensadas para que las provincias petroleras tengan más autonomía para atraer a las inversiones necesarias para explotar los pozos de hidrocarburos no convencionales.
Entre los puntos de la reforma está la de bajar la base de inversión a las empresas. La propuesta, según los trascendidos, establece que «se procurará que los municipios no graven a la industria ni adopten normas que interfieran con dicha actividad».
Este punto no es menor si tenemos en cuenta que ya existen más de 30 municipios que le dijeron NO AL FRACKING y que existen muchos focos de resistencias en pequeñas localidades de todo el país que no quieren que este tipo de explotaciones se instalen en los lugares en donde viven.
Cuando hablamos de supeditación, nos referimos al mecanismo de concesión. Acá se sigue hablando de concesiones, cuando en el mundo no se aplica este método de explotación entre los estados y las multinacionales y lo peor es que, para la nueva ley, los plazos de explotación para los no convencionales serán de 35 años con 10 años más prorrogable, cuando para los convencionales están establecidos 25 años la concesión de arranque.
Cientos de ONGs y ciudadanos de nuestro país nos hacemos las mismas preguntas que formuló el Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA) José Rigane en el Congreso de la Nación como invitado de la Audiencia Pública: «Nueva ley de hidrocarburos. Un debate necesario y estratégico» el 7 de octubre del corriente año:
¿Se está discutiendo (la nueva ley) para resolver el acceso de la energía del pueblo argentino?
¿Se está resolviendo y estableciendo que la energía es estratégica, hace a la soberanía y a la seguridad nacional?
¿Se está definiendo a la energía como un bien social?
¿O la falta de debate y de consulta al pueblo y a las instituciones democráticas tiene que ver con que otra vez entregamos todo a los grupos multinacionales?
¿Se estará superando la antinomia entre las provincias petroleras ricas, por un recurso de todos los argentinos, con las provincias pobres por no ser petroleras y que el mercado margina por siempre?
Está claro que esta reforma se hace en función de los intereses de los Grupos Multinacionales. Argentina es el único país en la región que en este terreno no ha transitado ninguna iniciativa con seriedad hacia la independencia.
Link del video «NO A LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS» 23/10/14: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Z7BIFM4hYfo
Conclusión
Los gobiernos latinoamericanos deben impedir el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demostrar así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región.
Fuente AIDA/AAPN
Norberto Ovando. Presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales – AAPN. Experto Comisión Mundial de Áreas Protegidas – WCPA – de la IUCN. Red Latinoamericana de Áreas Protegidas – RELAP.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.