Greenpeace ha tenido conocimiento de la firma de un convenio entre la Administración del Estado y el Ejecutivo andaluz para la urbanización y construcción de un polígono industrial sobre dominio público marítimo-terrestre en las marismas del río San Pedro en Puerto Real (Cádiz). Dicho convenio representa una vulneración manifiesta de la Ley de Costas, además […]
Greenpeace ha tenido conocimiento de la firma de un convenio entre la Administración del Estado y el Ejecutivo andaluz para la urbanización y construcción de un polígono industrial sobre dominio público marítimo-terrestre en las marismas del río San Pedro en Puerto Real (Cádiz). Dicho convenio representa una vulneración manifiesta de la Ley de Costas, además de una de las mayores agresiones de las Administraciones Públicas contra el medio natural y el patrimonio común de los ciudadanos en una zona especialmente sensible de marismas y de expansión del río San Pedro ante posibles avenidas o de las previsibles subidas del nivel del mar.
Todo parece indicar que, con el fin de dar apariencia de legalidad a la operación, se pretende constituir un consorcio entre los citados Ministerios, la Junta de Andalucía y la Zona Franca de Cádiz para disponer del dominio público marítimo-terrestre bajo el título ficticio de una «reserva» para, posteriormente, una vez urbanizados y desnaturalizados, proceder a su desafectación del dominio público, patrimonialización y venta a los empresarios interesados.
La zona donde se pretende construir el polígono industrial, conocida como «Las Aletas», ocupa una zona de marisma y estuario del río que pertenece al dominio público desde tiempo inmemorial. Además, estaba incluida dentro del proyecto de recuperación ambiental del estuario del río San Pedro elaborado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente entre los años 1999 y 2000.
«Resulta inexplicable que las administraciones públicas, que deberían velar por la conservación y restauración a su estado natural del dominio público marítimo-terrestre, sean las que ahora promuevan su urbanización y privatización» ha declarado María José Caballero, responsable de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace.
La firma del convenio resulta totalmente contradictoria con la política de adquisición de fincas para su incorporación al dominio público anunciada reiteradamente por el Ministerio de Medio Ambiente, pues en este caso se trata justamente de lo contrario: desnaturalizar, desafectar y privatizar lo que por naturaleza ya pertenecía al dominio público marítimo-terrestre.
El último proyecto conocido para construir un polígono industrial en zona de marismas, entre los municipios de Laredo y Colindres (Cantabria), terminó con una condena expresa a España por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no proteger adecuadamente las Marismas de Santoña. La sentencia obligó a demoler los diques de cierre del polígono cuando ya habían sido construidos y a realizar diversas actuaciones de restauración ambiental de lo que previamente había sido degradado que exigieron importantes inversiones a cargo del erario público.