El economista cubano Manuel David Orrio se infiltró durante once años como periodista en los círculos anticastristas de La Habana y se dedicó a escribir contra el «régimen totalitario» de la isla. Su labor de «topo» fue tan efectiva que llegó a ser presidente de la Cooperativa de Periodistas Independientes de Cuba. Esta supuesta cooperativa, […]
El economista cubano Manuel David Orrio se infiltró durante once años como periodista en los círculos anticastristas de La Habana y se dedicó a escribir contra el «régimen totalitario» de la isla. Su labor de «topo» fue tan efectiva que llegó a ser presidente de la Cooperativa de Periodistas Independientes de Cuba.
Esta supuesta cooperativa, fachada de la oposición interna, fue fundada en 1998 por un grupo de «reporteros» de Cubanet, una agencia periodística con sede en Miami que se define como «no partidista y sin fines de lucro, dedicada a promover la prensa libre en Cuba, ayudar a su sector independiente a desarrollar una sociedad civil e informar al mundo de su realidad».
Cubanet recibe fondos de la National Endowment for Democracy (NED), una oscura organización creada en 1983 por el teniente coronel Oliver North, principal implicado en el escándalo Irángate bajo el gobierno de Ronald Reagan, la que a su vez figura en el presupuesto del Departamento de Estado.
En la década de los ochenta, la NED respaldó económicamente a los «contras» que intentaban derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. En la actualidad, financia a los llamados «gusanos» cubanos de Florida y a los «escuálidos» venezolanos que se oponen al presidente Hugo Chávez.
El testimonio de Manuel David Orrio, luego de salir a la superficie junto con otros siete agentes de contrainteligencia -que también se hicieron pasar como opositores a Fidel Castro- figura en el libro Los Disidentes, de Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez, editado en 2003.
En octubre de ese año, Orrio publicó un artículo titulado «Google, Cuba y la corrupción». Allí explica que si en 2003 se solicitaba al conocido buscador de internet la lista de documentos que correspondían a las palabras «corrupción» y «Cuba», aparecían 53 mil artículos, editoriales, entrevistas, crónicas y relatos, en los cuales resaltaban en primer lugar los trabajos que divulgaban una imagen negativa del gobierno cubano. La mayoría de ellos pertenecía a la llamada «propaganda negra». El resto era «pescado podrido» elaborado por discípulos profesionales de Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Jorge Castañeda Gutman y Andrés Oppenheimer.
Entre tanto fárrago en contra, el economista, periodista y ex oficial de la Seguridad del Estado rescataba un cable de la agencia británica de noticias Reuters, fechado el 4 de mayo del 2001: «Los dirigentes [cubanos] de alto rango han estado, por lo general, exentos de las acusaciones de corrupción masiva y escándalos que tradicionalmente asedian a otros gobiernos en América Latina».
Cuba aceptó por primera vez en 2003 que se la incluyera en el Informe sobre Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, organismo no gubernamental con sede en Alemania, y fue calificada como la quinta nación menos corrupta de América y la tercera del Caribe, sólo superada por Canadá, Estados Unidos, Chile y Uruguay.
Para determinar el IPC se requiere que al menos tres fuentes independientes de prestigio sean consultadas sobre el país investigado. En el caso cubano, se tomaron en cuenta las opiniones de tres entidades insospechadas de la más mínima simpatía hacia el comunismo: la Universidad de Columbia, la Unidad de Inteligencia [financiera] del diario The Economist y el Centro para la Investigación de los Mercados Mundiales, con sede en Londres, empresa líder en análisis de inversiones y riesgo.
En el informe 2005 de Transparencia Internacional, Cuba se colocó en sexto lugar, abajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, El Salvador y Colombia, y encima de Brasil, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Paraguay y Haití, respectivamente.
Nada de esto fue noticia. Lo que sí resultó noticia en estos días fue la condena a doce años de prisión por «tráfico de influencias» al sociólogo Juan Carlos Robinson, ex combatiente en la guerra de Angola, miembro del Comité Central del Partido Comunista Cubano desde 1986, ex secretario del partido en las provincias de Guantánamo y Santiago, y ex diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Robinson, de 49 años, es el primer miembro del buró político condenado pero el tercero expulsado bajo acusaciones de abuso, corrupción o conducta impropia del cargo, tras los casos de Carlos Aldana, ex secretario de Ideología del Partido Comunista, en 1992, y del joven ex canciller Roberto Robaina, en 2002.
Habría que realizar un complicado malabarismo mental para imaginar que medidas de este tipo se hubieran tomado bajo los gobiernos democráticos y liberales de los peruanos Alan García y Alberto Fujimori, el argentino Carlos Menem, el brasileño Fernando Collor de Melo, la panameña Mireya Moscoso, el nicaragüense Arnoldo Alemán y unos cuantos impresentables más.
La condena a Juan Carlos Robinson seguramente saturará aún más a Google por estos días.