Esta reducción de las áreas protegidas se está realizando para favorecer los intereses de la corporación española Globalia (a la que pertenecen entre otras empresas Air Europa y Halcón viajes, propiedad de Juan José Hidalgo) que ha comprado terrenos para construir hoteles en áreas actualmente protegidas. Se da la circunstancia que la primera parcela en […]
Esta reducción de las áreas protegidas se está realizando para favorecer los intereses de la corporación española Globalia (a la que pertenecen entre otras empresas Air Europa y Halcón viajes, propiedad de Juan José Hidalgo) que ha comprado terrenos para construir hoteles en áreas actualmente protegidas.
Se da la circunstancia que la primera parcela en la que Globalia quiere construir un complejo hotelero es la que alberga el Centro de Recepción de visitantes del Parque Nacional del Este que se construyó en 1992 con fondos aportados por la Agencia Española de Cooperación (AECI). El Parque Nacional del Este es una de las reservas que podría verse seriamente mermada con la nueva Ley.
Greenpeace ha puesto estos hechos en conocimiento del Gobierno español a través de una carta dirigida a la Secretaria de Estado de Cooperación internacional, Leire Pajín. En ella le solicita al Gobierno que adopte todas las medidas para evitar que se lleve a cabo el actual proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas, que culminaría el desmantelamiento de la actual Ley, al autorizar la actividad turística y la explotación minera en zonas que hasta ahora gozaban de la máxima protección.
La organización ecologista Greenpeace considera lamentable para la imagen de nuestro país que empresarios turísticos españoles estén promoviendo el desmantelamiento de las áreas protegidas en la República Dominicana, en vez de potenciar un modelo de desarrollo sostenible en los lugares en los que ubican sus negocios. La situación ha generado la alarma y la protesta en la República Dominicana de organizaciones científicas, ecologistas y sociales, así como de algunas embajadas extranjeras.
Greenpeace advierte de que debieran ser los propios empresarios turísticos los que frenasen un proceso como el que está en marcha en la República Dominicana. De no hacerlo, no sólo estárán dañando de manera irreversible el medio ambiente, sino propia reputación en todo el mundo