Los ecologistas denuncian la existencia de una red de lazos entre el PP y empresarios de la construcción (incluido el marido de Cospedal) beneficiados con la modificación legal
Greenpeace ha hecho público un informe demoledor sobre los intereses que tienen grandes constructores en la nueva ley de Costas. Una ley que, recuerdan, el PP no tenía en su Programa electoral, pero que no sólo se puso en marcha tan pronto se formó el Gobierno de Mariano Rajoy, sino que se aceleró hasta presentarse en sólo 6 meses, aunque, denuncian los ecologistas, «pocos han sido los privilegiados que han podido participar en los borradores de la Ley» y «ninguna organización ambiental u organización científica tuvo acceso al texto».
Una ley que ‘legaliza’ ilegalidades
Y es que según denuncia Greenpeace, no es a las organizaciones ambientales o científicas…, ni desde luego a los intereses ciudadanos, a quien se pretende beneficiar con esta Ley. Y para ello, en su documento hacen un repaso detallado y esclarecedor de quienes salen beneficiados con la nueva ley: toda una serie de empresarios muy bien relacionados, quizás nada sorprendentemente, con la cúpula ‘popular’. Empezando, según muestran, con el propio ministro.
El proyecto de ley propone una revisión de los terrenos costeros públicos que, para Greenpeace, cae en toda una serie de ilegalidades, además de que «no contiene ni un sólo artículo para la protección de la ribera del mar ni para asegurar su integridad física frente a inundaciones o la subida del nivel del mar por el cambio climático». Pero además, dice, «reduce de forma muy significativa el dominio público marítimo terrestre», y es «más permisiva» con los «usos de la costa como espacio económico».
Y es que aquí está la clave, para Greenpeace, en la nueva Ley de Costas que impulsa Arias Cañete: la visión de la costa como un espacio para el negocio del ladrillo. Y van entonces, en el informe a los nombres. En concreto a los que señalan como grandes beneficiarios de la nueva ley. «La costa y los intereses creados», resumen en el epigrafe inicial de su informe.
‘Cañete y familia S.A.’
En este sentido, apuntan directamente al propio ministro, del que recuerdan su paso por los Gobiernos de Aznar y cómo «ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios». Señalan los ecologistas que «Cañete es de los diputados con mayor patrimonio», y relacionan a continuación sus intereses con las petroleras Ducar S.L. y Petrologis Canarias (en las que ha ocupado cargos de responsabilidad y tiene miles de acciones a su nombre o al de su esposa y cuñado, Miguel Domecq que, «le sustituyó como presidente», pero también con «promotoras, inmobiliarias e inversiones similares».
Greenpeace desgrana en su investigación estas relaciones entre el ministro y los ‘tiburones’ del ladrillo. Recuerda que Arias Cañete fue nombrado en 2009 «consejero de Bami Newco por promotores como Joaquín Rivero», empresario de Jerez de la Frontera, como Cañete, vinculado, por ejemplo al proyecto de Puerto Sherry, o a otro como Marina Puerto de Santa María S.A. que, dice el informe, «pretende construir 947 viviendas de lujo con una edificabilidad que casi triplica el máximo permitido».
No es sólo cuánto tiene, es también qué tiene
El ministro, dicen los de Greenpeace, «no destaca por cuánto patrimonio posee sino «por lo que tiene», es decir, acciones en empresas contaminantes como petroleras y relaciones muy estrechas con el mundo inmobiliario», aspectos que «le señalan como un ministro con una «peculiar» sensibilidad ambiental y donde podría haber posibles conflictos de intereses».
El informe repasa también, en este sentido, los «conflictos de intereses de Cañete y el ladrillo», por sus relaciones familiares. Y hacen referencia a sus cuñados, José Ramón Bujanda Sáenz y Borja Domecq, así como a sus sobrinos Borja y Fátima, que «son parte de Bofado Inversiones S.L. dedicados a la construcción, edificación y, entre otros, reparcelación y venta de edificios».
Sinopsis de relaciones de intereses entre el PP y constructores en torno a la Ley de Costas. Fuente Greenpeace
Otros aspectos de la ley, denuncia Greenpeace, también favorecen a empresarios muy cercanos al PP y al propio ministro. Señalan en este caso, por ejemplo, la modificación en la calificación de terrenos costeros inundables, que hace que «algunos concesionarios de proyectos de acuicultura o explotación de salinas han incrementado considerablemente sus arcas patrimoniales». Y tras preguntarse, irónicamente, los ecologistas «¿quiénes son los agraciados?» repasan cómo estas modificaciones benefician, por ejemplo, el conglomerado de negocios que poseen el exministro de Aznar Abel Matutes y familia, junto al expresidente balear Gabriel Cañellas, tanto en empresas salineras como en piscifactorías. Y esto tanto en Baleares, de donde son Matutes y Cañellas, como en Cádiz, provincia de donde procede Cañete.
Villar Mir y sus rías
También denuncia Greenpeace cómo se van a ver beneficiados otros empresarios con otra modificación que trae la ley y por la que la protección de la costa pasaría de 100 metros a 20 metros en algunas zonas «en atención a las caraterísticas topográficas o hidrográficas». Según los ecologistas aquí se está pensando en zonas como las rías. Y dan dos ejemplos: la ría de Huelva y la ría de Boo, en Santander, «dos rías -dice el informe- que a la mayoría no nos dicen mucho, pero a Juan Miguel Villar Mir le suenan muy cercanas».
Y es que, según denuncian, en Huelva se sitúan las «balsas de fosfoyesos», de Fertiberia, condenada por la Audiencia Nacional y por el Supremo por delitos contra el medio ambiente, cuyo dueño es Villar Mir y cuya exdirectora de Planificación es Isabel García Tejería, que ahora es Secretaria General en el ministerio de Arias Cañete. En cuanto a la ría de Boo, en ella se sitúa Ferroatlántica, que también es de Villar Mir. Su ubicación en 45% está en terreno de dominio público, es decir ilegal. Con la modificación de la ley, esta situación se vería modificada para bien de la empresa.
El negocio de los paseos marítimos
También denuncia Greenpeace cómo la ley va a modificar la calificación de los paseos marítimos. «Con la nueva ley en la mano -dice el informe-, aquellos municipios que han construido una urbanización sobre un terreno de marismas o simplemente en un terreno público e inmediatamente antes de la orilla del mar se haya construido un paseo marítimo, ahora con el nuevo Proyecto de Ley podrán dar por válida su destrucción ambiental y legalizar urbanizaciones». El «truco» del paseo marítimo, lo llama, y a continuación señala quiénes son los «agraciados» por esta modificación.
El informe da el ejemplo, entonces de la Playa de la Patacona, en Valencia, para señalar a la inmobiliaria Lasho, del constructor Bautista Soler, «uno de los magnates del ladrillo de la costa valenciana muy relacionado con el PP». En la Patacona hay diversas construcciones ilegales, ‘protegidas’ por un paseo marítimo y por las autoridades locales y regionales, hasta el punto de que el Defensor del Pueblo en su informe calificó el caso de esta urbanización como «un ejemplo del amparo que la Administración puede prestar a actuaciones ilegales».
Los ‘ladrilleros’ se tocan: Soler, Rivero… Cañete
Bautista Soler es amigo de Joaquín Rivero. Pero también socio en algunas aventuras. Por ejemplo en Bami, empresa de cuya ‘biografía’ el informe da un detallado relato, y con la que también relaciona a Ignacio López del Hierro, hombre de negocios más conocido por su boda con Maria Dolores de Cospedal. Recuerdan los autores del informe de Greenpeace cómo Arias Cañete fue nombrado consejero de Bami al dejar el Gobierno de Aznar, y que sigue siendo accionista aunque tuvo que renunciar a su cargo cuando fue nombrado ministro por Rajoy.
El PSOE ha pedido de urgencia la comparecencia del ministro Miguel Arias Cañete en el Congreso de los Diputados, para conocer lo que hay de cierto en el informe de Greenpeace.