La Rioja, Navarra, Madrid, Extremadura y Castilla-León son las comunidades autónomas con mejores indicadores ambientales en el estado español, según la Radiografía Social del Medio Ambiente en España publicado en junio de 2015 por Greenpeace. El informe, elaborado por Marta González, Julio Barea y Alicia Cantero, destaca también las autonomías con un diagnóstico menos favorable […]
La Rioja, Navarra, Madrid, Extremadura y Castilla-León son las comunidades autónomas con mejores indicadores ambientales en el estado español, según la Radiografía Social del Medio Ambiente en España publicado en junio de 2015 por Greenpeace. El informe, elaborado por Marta González, Julio Barea y Alicia Cantero, destaca también las autonomías con un diagnóstico menos favorable en agricultura, calidad del aire, costas, energía y cambio climático, gestión del territorio o residuos. En esta ratio figuran Asturias, Euskadi, País Valenciano, Cantabria y por último Aragón.
La Radiografía de Greenpeace concluye que detrás de las «agresiones» y «recortes» a las que se ha sometido al medio ambiente durante la crisis, «se esconden duras consecuencias sociales». El informe, que revela aspectos negativos pero también buenas prácticas en el conjunto de autonomías, establece un vínculo entre la destrucción del litoral y los escándalos de corrupción; también, entre una política energética «que sólo beneficia a las eléctricas» con enfermedades y los cortes en el suministro de luz, agua o gas; o entre la gestión forestal y, por otro lado, las privatizaciones y la pérdida de derechos laborales. Por último, el informe resalta que el «despilfarro» de dinero público en infraestructuras que destruyen el medio ambiente, «son la punta del iceberg de la corrupción, la crisis y el desempleo».
En La Rioja, la Radiografía de Greenpeace pone de relieve que sólo el 1,94% de la superficie agrícola se destina a la producción ecológica. Además, constata el informe, existen varias iniciativas de fracking en la zona de los Cameros y junto a la zona limítrofe con Álava. La Rioja es una de las autonomías que menos energía renovable produce y cuenta con una central térmica de ciclo combinado en Arrabal. Además de la amenaza de desertificación (el 15,8% en riesgo grave o muy grave), se dan ejemplos de especulación urbanística en Lardero, Santurde y Briñas. En cuanto a los aspectos positivos, Greenpeace resalta la movilización ciudadana contra la energía nuclear (Coordinadora contra Garoña) y contra el fracking (Bañares, Fuenmayor, Santo Domingo de la Calzada y Uruñuela están declarados «municipios libres de fracking). Además, el Valle de la Jubera constituye un ejemplo de uso de electricidad renovales, con placas solares y baterías.
En Navarra se han concedido permisos de Fracking en Campo Pegaso, Campo Quimera o Campo Usoa, entre otras («El apoyo del Ministerio de Industria ha sido refutado por el Tribunal Constitucional», apunta el Informe). Un «punto negro» de la contaminación radica en la cementera/incineradora de Olazti. Por otro lado, Navarra dedicó más de 7.000 hectáreas en 2014 al cultivo de transgénicos y, en cuanto a la especulación urbanística, cuenta con ejemplos como el de Egües. Uno de los aspectos más reseñables en Navarra es la movilización popular. Cinco ayuntamientos, diez concejos y 16 organizaciones y centenares de personas se han sumado al manifiesto de «Nafarroako Fracking Ez»; Las protestas también se han producido contra la incineración de residuos, la actividad de la cementera Olazti o a través de la plataforma «Navarra Libre de Transgénicos». Otro aspecto de interés es la anulación del permiso para la construcción del segundo grupo de la central térmica de Castejón.
La organización ecologista destaca, en la Comunidad de Madrid, iniciativas como «Plan Rivas Emisiones Cero», en Rivas Vaciamadrid. Además, cinco municipios madrileños han dejado de utilizar herbicidas basados en glifosatos en las zonas públicas. En cuanto a las movilizaciones populares, destacan las promovidas por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, la incineración de residuos (proyectos de Rivas, Loeches y Valdemingómez) o la actividad de la cementera de Morata de Tajuña. Greenpeace denuncia además la acumulación de residuos radiactivos en terrenos y edificios del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), en una zona donde funcionó durante años un reactor nuclear.
Madrid no sólo se encuentra entre las tres autonomías con menor producción de energías renovables, sino que (respecto a la contaminación del aire), el 4 de enero de 2015 ya había superado el valor límite horario de dióxido de nitrógeno para todo el año. A la deficiente depuración de aguas residuales (vertidos a los ríos Jarama y Manzanares), Greenpeace subraya un asunto poco conocido: 520 hectáreas de cultivos transgénicos en 2014.
La antepenúltima posición en el cumplimiento de los indicadores de la Radiografía la ocupa el País Valenciano. La organización ecologista enumera amenazas como las iniciativas de fracking en Castellón, las prospecciones petrolíferas en el litoral o el funcionamiento de la central nuclear de Cofrentes. Pero la singularidad valenciana reside en la destrucción del territorio. Más de la mitad de la superficie costera del País Valenciano, informa Greenpeace, es «artificial», la mayor del estado español.
De hecho, ocho municipios valencianos se hallan entre los 25 más «destruidos» de España. El informe cita el ejemplo de Marina d’Or, un macrocomplejo urbanístico «construido sobre uno de los pocos pedazos de costa virgen que quedaba en Castellón». Greenpeace señala, por otro lado, que en el País Valenciano hay 42 municipios declarados «libres de fracking» (la plataforma antifracking de Castellón recogió 50.000 firmas contra los proyectos de Montero Energy), el movimiento ciudadano contra las prospecciones petrolíferas («Petroli No, Columbretes Netes»), las centrales nucleares («Tanquem Cofrents») o contra la incineradora de Reyval en l’Alcora.
En Cantabria, Greenpeace informa de varios permisos de investigación y solicitudes (en diferentes fases de tramitación) para el desarrollo del fracking. En esta autonomía el Tribunal Constitucional no admitió la legislación autonómica que pretendía la prohibición de la fractura hidráulica. Otro punto «oscuro» es la contaminación industrial urbana, que se concreta -en el caso de la Bahía de Santander- en la Ría de Boo. La Ría de San Martín de la Arena padece los efectos de la contaminación «muy grave» por la actividad industrial en Torrelavega, sobre todo por parte de la papelera Sniace y la química Solvay.
Por otro lado, Cantabria es la autonomía en la que se hace mayor uso de los herbicidas (y la cuarta en plaguicidas por hectárea). En cuanto a la gestión de residuos, Greenpeace recuerda que la cementera de Mataporquera (capital del municipio de Valdeolea) quema residuos, y que en Cantabria se halla la incineradora de Meruelo. La especulación urbanística también castiga a esta comunidad autónoma. Algunos municipios tienen un gran porcentaje de la superficie litoral ocupada: Camarga (89%) o Comillas (51%). Otros municipios afectados son Arnuero, Argoños, Escalante, Miengo o Piélagos. En cuanto a las movilizaciones ciudadanas, Greenpeace destaca la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria, una de las más activas del país. Por último, hasta 17 poblaciones forman la Mancomunidad de Municipios Sostenibles.
Aragón es la última autonomía en la ratio ambiental elaborada por Greenpeace. La organización ecologista califica a esta autonomía como «reina» de los transgénicos (54.000 hectáreas en 2014). De hecho, el maíz ecológico está en vías de extinción por el cultivo de la variedad transgénica. El informe señala a los movimientos antitransgénicos de Aragón como «un ejemplo de lucha». Otro punto de preocupación lo constituyen las infraestructuras hidráulicas, por ejemplo, la presa de Biscarrués, el recrecimiento de Yesa o el embalse de la Loteta.
La radiografía ambiental de Greenpeace alerta asimismo sobre la contaminación por lindano en el río Gállego, por los vertidos de una fábrica de la empresa Inquinosa en Sabiñánigo (Huesca). Apunta, por último, la presencia de una mina de carbón activa en Teruel y el retroceso de algunos glaciares de los Pirineos, como el Aneto, por los efectos del cambio climático. Aragón cuenta con 13 municipios «libres» de fracking, lo que ha dado lugar a la irrupción de movimientos como «Plataforma Zaragoza Sin Fractura». Otro aspecto que genera inquietud es la especulación urbanística «a las puertas de Zaragoza». Para acceder al informe completo http://www.greenpeace.org/
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