Arrimar el ascua a su sardina, eso es lo que hacen los empresarios a propósito de la crisis. Les acompaña un nutrido coro de políticos, técnicos y medios de comunicación social, empeñados todos ellos en introducir aún más flexibilidad en el mercado de trabajo. Proponen que, con el fin de reducir la tasa de paro, […]
Arrimar el ascua a su sardina, eso es lo que hacen los empresarios a propósito de la crisis. Les acompaña un nutrido coro de políticos, técnicos y medios de comunicación social, empeñados todos ellos en introducir aún más flexibilidad en el mercado de trabajo. Proponen que, con el fin de reducir la tasa de paro, se abarate el despido. Esto es, pretenden apagar el fuego con gasolina, porque la demostración más evidente de la enorme desregulación del mercado laboral español es la gran velocidad con que las dificultades económicas se han traducido en destrucción de puestos de trabajo. Y no podía ser de otra forma en una economía que tiene un tercio de la mano de obra con contratos temporales.
En 1979, los agentes sociales y los partidos políticos consensuaron el Estatuto de los trabajadores, pero parece ser que los pactos son para no cumplirlos y casi de inmediato surgió una ofensiva para flexibilizar, afirmaban, las relaciones laborales, que consistía tan solo en reducir los derechos de los trabajadores. Una tras otra, se sucedieron cuatro reformas laborales (1984, 1994, 1997 y 2002), yo diría contrarreformas, que han configurado el mercado de trabajo que tenemos. Ahora, los mismos que abogaron y consiguieron introducir más y más clases y tipos de contratos temporales son los que hablan de un mercado dual y se proclaman paladines de los contratados temporales, ya que, según dicen, los sindicatos no los defienden. Bien es verdad que tienen una forma muy ingeniosa de solucionar la dualidad, convirtiendo a todos los trabajadores en precarios, porque el nuevo contrato que proponen, más que fijo, es discrecional a voluntad del empresario y prácticamente sin indemnización. Lo que pretenden en el fondo es evitar la tutela judicial y poder despedir a su capricho.
Sustituir el derecho laboral, que tiene un carácter tuitivo, por el derecho mercantil -la pura voluntad de las partes- en el que el trabajador siempre lleva las de perder, porque se encuentra en una situación de indefensión frente a la empresa. En definitiva, retornar a las relaciones laborales del siglo XIX. ¿Por qué la izquierda y los sindicatos están siempre a la defensiva? La mejor defensa es un buen ataque. ¿Por qué no propugnar una reforma laboral, pero en el sentido contrario del que se está planteando? Si se quiere reducir el número de contratos temporales, el único camino adecuado es hacer desaparecer las múltiples facilidades que en los momentos actuales tienen las empresas para formalizar este tipo de contratación y dejarlo limitado a lo que siempre debería haber sido: para aquellos casos en los que la actividad a desarrollar tiene un carácter temporal. ¿Que la indemnización de 45 días por año que se establece para el despido improcedente es muy elevada? De acuerdo, eliminemos el despido improcedente, aquel que un juez ha dictaminado carente de causa, ni disciplinaria ni económica ni tecnológica, es decir, el que obedece al capricho del empresario. Permitamos sólo los despidos procedentes cuya indemnización, la más alta, es de 20 días por año.
Juan Francisco Martín Seco es economista