Los logros alcanzados en el acuerdo sobre las pensiones obedecen a dos razones: la movilización de los pensionistas y la dependencia de Unidas Podemos que tiene la dirección del PSOE para poder gobernar. Se demuestra, una vez más, que merece la pena luchar y, desde la movilización, lograr la máxima representación posible en las instituciones hasta conquistar la mayoría en ellas. Pero el acuerdo, además de luces tiene sombras, que se proyectan sobre lo que queda por negociar, que es lo más peliagudo. Y desde la izquierda transformadora toca dar alternativa.
El pacto recoge pasos adelante sobre la contrarreforma del PP de 2013: incrementa las pensiones conforme al IPC medio; deroga el factor de sostenibilidad, que pretendía bajar las pensiones en proporción al aumento de la esperanza de vida y que hubiera supuesto una caída de las pensiones de casi el 40%[2]; blinda la cláusula de salvaguarda, que protege los derechos de los trabajadores de mayor edad que perdieron su empleo en la crisis de 2013, que no encuentran trabajo, y que les permite acogerse a la legislación más favorable para su jubilación; equipara las parejas de hecho a los matrimonios en materia de pensión de viudedad; y establece que quienes trabajen como becarios coticen a la Seguridad Social.
La derecha ha criticado el acuerdo, pero la patronal lo ha firmado. Para los empresarios es positivo, aunque «desde luego no con la profundidad que se requiriere para conseguir que en el futuro podamos tener un sistema que sea sostenible y que sea pagable»[3], refiriéndose a las medidas que van a terminar determinando la cuantía de las pensiones del futuro, el “mecanismo de equidad intergeneracional” o la posibilidad de ampliar el periodo de años computados para calcular la pensión. Igual que el PSOE tiene que hacer concesiones a UP, porque es su principal apoyo para poder gobernar, la patronal debe llegar a acuerdos con el Gobierno, por mucho que el PP y Vox se indignen.
A pesar de los logros, el acuerdo anticipa los problemas que pendientes que amenazan con agravarse en la segunda parte de la negociación, que abordará la parte del león del asunto. La patronal lo firma porque espera que las concesiones de ahora tengan su recompensa en esos aspectos. Son conscientes de que, ahora, no hay mayoría absoluta de la derecha y que deben buscar otra vía para aplicar la política que desean.
Se acepta el atraso de la edad de jubilación de 2011
El primer problema del acuerdo es que supone la aceptación tácita de que hay que atrasar la edad de jubilación. Y así lo remarca la propia patronal cuando dice que «se da un paso para conseguir alargar la edad de jubilación real, pero creo que las medidas en profundidad están por llegar»[4].
El pacto sobre pensiones de CCOO y UGT con el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011, acordó elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. El acuerdo actual da por hecho que esta medida se va mantener y va a incentivar tanto la jubilación a edades más avanzadas, como penalizar la jubilación anticipada, todo orientado al “acercamiento voluntario de la edad efectiva a la edad legal de jubilación”.
Es más, no hay ninguna garantía de que los 67 años sean el punto final. El propio Gobierno en su propuesta España 2050 afirma: “España ya ha establecido el incremento progresivo de la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027. Aunque no es un umbral bajo en el contexto europeo, constituye un límite estático que puede quedar obsoleto a medida que aumente la longevidad”[5] (el subrayado es nuestro).
Es muy llamativo que se hable de “solidaridad intergeneracional” reiteradamente, cuando lo que ya se da por válido es que las próximas generaciones se jubilarán dos años más tarde que sus padres. Eso es la aceptación de un recorte del salario diferido del conjunto de la clase trabajadora.
La cuantía de las pensiones sigue en el alero
También está la cuestión de cuál va a ser la cuantía de las pensiones futuras. El Gobierno es el primero que contempla la posibilidad de reducir la “tasa de sustitución”[6] mediante cambios legales,[7] es decir, que la pensión que finalmente se pague sean menores que las actuales. En el Reino de España dicha tasa es de las más altas de la Unión Europea, pero no podemos perder de vista que el salario medio español es de los más bajos de la zona euro[8], y eso se refleja en que la pensión media supera por muy poco los 1.000 euros[9].
Y aquí, de nuevo, el acuerdo da por válida otra de las medidas que se acordaron en 2011: el aumento de 15 a 25 años de los años computados para establecer la cuantía de la pensión. Según el propio ministerio de Seguridad Social, ampliarlo de 15 a 22 años ya supuso un recorte del 3,9% en la mitad de las pensiones de 2019. ¿Darán más pasos en esa dirección? El ministro Escrivá tiene la voluntad de hacerlo. Y, con las cifras de su ministerio de nuevo, ampliarlo a 35 años supondría otro reducción del 6,3% en las pensiones resultantes[10].
En otras palabras, estamos ante la aceptación de un recorte de las pensiones que se produjo en 2011, y todo indica que la mayoría del gobierno, la patronal y las instituciones europeas quieren que se profundice en ese camino.
La propia derogación del factor de sostenibilidad va unida a su sustitución por un “nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional”, que entraría en vigor en 2027. ¿En qué consistirá? En las medidas enviadas a Bruselas a principios de este año por el Gobierno, se planteaba reemplazarlo por un nuevo instrumento que, además del aumento de la esperanza de vida, tuviera en cuenta otros factores (como la relación entre el número de ocupados y el de pensionistas, entre otros). El objetivo sería “evitar que un coeficiente reductor automático –tal y como estaba diseñado en la reforma de 2013– “cargue exclusivamente sobre los pensionistas el coste del aumento de la esperanza de vida”[11] (el subrayado es nuestro). Como podemos ver, los planes siguen siendo reducir el gasto en pensiones.
A pesar de que el acuerdo incluye las transferencias del Estado para cubrir el incremento previsto del gasto en pensiones, éstas sólo van a cubrir la mitad del mismo. Es mejor que antes, pero ¿de dónde va a venir la otra mitad? Pues la otra parte vendrá, fundamentalmente, del retraso de la edad de jubilación a 67 años y de que la edad efectiva de la misma se acerque a esa edad legal[12].
Cambiar el enfoque para dar alternativa y pasar a la ofensiva
Si aceptamos la lógica del sistema, difícilmente podremos escapar de ella. Con un nivel de paro que, desde finales de los años 70, oscila entre 2 y 6 millones de personas, ¿qué sentido tiene obligar a las trabajadoras y trabajadores a jubilarse cada vez más tarde? En la práctica se condena a muchos de quienes tienen más de 55 años a ser parados de larga duración y, los más afortunados, a prejubilarse con recortes en la pensión. Y la juventud, con la mayor tasa de paro de la UE, es la primera perjudicada.
Entonces, si no nos falta fuerza de trabajo, ¿por qué atrasar la edad de jubilación? Se puede entender si vemos quién se beneficia de esta política: el conjunto de las grandes empresas, que tienen garantizado un amplio mercado de mano de obra barata, en el que la oferta siempre excede la demanda y permite mantener los salarios en niveles cada vez más bajos y las condiciones laborales más precarias. Ahí reside el secreto de la llamada “competitividad”, es decir, disponer de mano de obra a “precios competitivos”.
Con un añadido, el sector financiero espera captar cada vez más dinero del ahorro de los sectores con mejores salarios mediante fondos privados de pensiones, esta vez de empresa. El Pacto de Toledo ha dejado la puerta abierta de par en par a la creación de fondos de pensiones de empresa, complementarios de las pensiones públicas. Es un contrasentido: si faltan recursos para pensiones, ¿por qué dirigir dinero a fondos privados de empresa? ¿no sería mejor dedicarlos a fortalecer el sistema público? Se abre la puerta a un sistema en el que cada vez el sistema público pesará menos, y más irá al privado, facilitando a las grandes corporaciones, tanto financieras como de otro tipo, el acceso al ahorro de la clase trabajadora, como se hace en otros países como Estados Unidos, Países Bajos o Gran Bretaña.
Los cambios que la crisis del coronavirus está precipitando están teniendo como consecuencia el despido de muchas personas en las grandes empresas (banca, industria…). Y esto es sólo el principio de lo que va a suponer los cambios tecnológicos y de otro tipo en los sectores viejos. Los avances en la productividad, que permiten hacer más con menos tiempo de trabajo, deberían transformarse en mejores condiciones de vida y trabajo. Pero eso no es automático, pues el capitalismo tiende a convertirlo todo en más rentabilidad, que implica más explotación. Sólo la lucha de la clase trabajadora organizada puede oponerse a esa dinámica.
El sistema siempre busca un trasvase de renta de la clase trabajadora a la capitalista, recortando salarios o ampliando la jornada laboral con la misma remuneración (o ambas cosas), recortando el salario indirecto (sanidad y educación pública y el conjunto de servicios públicos) y recortando el salario diferido (las pensiones). Si queremos ir en la dirección contraria, un trasvase de renta de la clase capitalista a la clase trabajadora, lo primero es cambiar la lógica con la que se está abordando la situación.
El mes de junio había 3.614.339 de personas desempleadas[13]. Las personas que tienen entre 60 y 64 años son tres millones[14]. Si tenemos en cuenta que, de media, trabaja un 50% de las personas en esa franja de edad[15], si la jubilación se anticipase a los 60 años, harían falta 1,5 millones de personas para sustituirlas utilizando el contrato de relevo.
Dar este paso costaría 24.575 millones de euros[16], el 1,97% del PIB de 2019. Es una cantidad muy grande, pero es poco más de la tercera parte de lo que cada año se renuncia a cobrar en impuestos, por tener una de las fiscalidades más bajas de la Unión Europea, en beneficio de las grandes empresas[17]. Y también es bastante menos que los dividendos distribuidos anualmente por las compañías no financieras, más de 80.000 millones en 2019[18]. Por tanto, no es ningún disparate. Es una cuestión de elegir cuál es nuestra prioridad: pensiones dignas o rentabilidad privada.
Una jubilación a los 60 años, con una pensión nunca inferior al SMI, sería perfectamente compatible con la posibilidad de que, quien quisiera, pudiera seguir trabajando, no por necesidad sino porque realmente su trabajo le gusta y es útil a la sociedad. Y de esta manera se daría una salida a muchas personas que sufren condiciones de explotación penosas en sus empleos y que llegan con la salud muy deteriorada a los 65 años. Eso, además de ser algo de justicia y humanidad, generaría grandes ahorros en gasto sanitario mejorando la calidad de vida de millones de personas.
Una parte de una alternativa integral
Esta medida debería combinarse con una reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, y un desarrollo del sector público y de la economía social en todos los terrenos. No sólo en el de los cuidados y los servicios públicos (sanidad, educación, transporte…), sino en el productivo. ¿Por qué no se lidera la transición ecológica desde empresas públicas y empresas sociales que trabajen desde los barrios y localidades, creando empleo digno y fijando población en ellos? ¿Por qué no emplear los fondos de la UE en proyectos de colaboración público-social? ¿Acaso no crea riqueza una empresa pública cuando rehabilita o construye una vivienda, o instala un sistema de energía renovable?
El desarrollo de una economía no capitalista, basada en la cooperación y la participación democrática, con salarios y condiciones de trabajo decentes, cuya prioridad sea atender las necesidades sociales y hacerlo de forma ecológicamente sostenible, es la única garantía de disponer de un sistema de pensiones públicas digno en el futuro. Eso es defender una alternativa socialista y democrática hoy.
El sistema capitalista rechaza toda medida que merme la rentabilidad privada, aunque esa política suponga un desastre social tras otro. Reducir la jornada laboral sin disminución salarial, subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, anticipar la edad de jubilación a 60 años y procurar unas pensiones que permitan vivir adecuadamente o una renta básica que evite que nadie quede en la miseria cuando pierde su empleo, son medidas que abrirían la puerta a una sociedad mejor que la actual, pero que no son compatibles con la competencia capitalista por el máximo beneficio. Y todo eso, conviene recordarlo cuando analizamos cómo afrontar esta situación.
Pelear por un buen sistema público de pensiones demanda, en primer lugar, desenmascarar los intereses que hay detrás de los planes que se pretenden. La correlación de fuerzas actual en el Parlamento, no puede impedir hacer esa labor ni disuadir de la necesidad de dar alternativa. Es la forma de combinar nuestra presencia en el Parlamento y en el Gobierno, con alentar la movilización para contrarrestar la presión de los poderes económicos y políticos al gobierno.
La
movilización de los pensionistas no puede quedar aislada, sino que debe unirse
a la de los jóvenes y a la de todos los sectores y estratos de la clase
trabajadora, así como a todas las partes de la sociedad que sufren unas
condiciones de vida cada vez peores. Para eso debemos sumar reivindicaciones y
convertirlas en una alternativa articulada e integral. Hay que emplear tiempo
en poner en común estás ideas en el conjunto de la izquierda transformadora y
sindical, y llevar el debate a la gente, de forma que se entienda y vincule a
los problemas cotidianos. Para que un joven vea que, cuando se lucha por las
pensiones, se está peleando por la juventud, y viceversa, cuando nos
movilizamos por el empleo digno para los jóvenes, se está peleando por unas
pensiones decentes en el futuro.
[1] Jordi Escuer es miembro de la Coordinadora regional de IU Madrid y Juanjo Vallejo es asesor jubilado de UGT y miembro de la Coordinadora regional de Ezker Anitza.
[2] El IRP, resalta el ministerio de José María Escrivá, podía traducirse en una pérdida acumulada de poder adquisitivo de hasta el 37% para los pensionistas a lo largo de su vida. https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/01/21/la_reforma_enviada_bruselas_mantiene_ajuste_pension_segun_esperanza_vida_ampliacion_del_periodo_calculo_115678_1011.html
[3] Declaraciones del presidente de la patronal madrileña (CEIM), Miguel Garrido https://www.elcorreo.com/economia/pensiones/pensiones-20210629140346-ntrc.html
[4] Ibídem.
[5] ESPAÑA 2050, página 222.
[6] La tasa de sustitución hace referencia a la relación entre la pensión y el salario. En España es de un poco más del 70%, lo que implica que las pensiones equivalen, de media al 70% del salario percibido antes de la jubilación.
[7] A su vez, una reducción de la tasa de sustitución, debida a cambios legales sobre el cálculo de las pensiones o a un mayor crecimiento de los salarios asociado a un mayor incremento de la productividad, también podría reducir el gasto en pensiones sobre el PIB. Por ejemplo, la reducción de dicha tasa de sustitución en 6 puntos contendría el gasto en pensiones en más de 2 puntos”. España 2050, página 225. (El subrayado es nuestro).
[8] https://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2020/08/31/786879-los-espanoles-cobran-casi-500-euros-menos-al-mes-que-la-media-europea-asi-estan-los
[9] La pensión contributiva media en España es, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, de 1.017,97 euros mensuales. https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/pension-media-nuevas-jubilaciones-2021-1484-euros-al-mes-20210108075900-nt.html
[10]https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/01/21/la_reforma_enviada_bruselas_mantiene_ajuste_pension_segun_esperanza_vida_ampliacion_del_periodo_calculo_115678_1011.html
[11] https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/01/21/la_reforma_enviada_bruselas_mantiene_ajuste_pension_segun_esperanza_vida_ampliacion_del_periodo_calculo_115678_1011.html
[12] Unos 21.000 millones de euros al año, “la mitad de la cantidad necesaria para mantener el sistema con un aumento del 50% en el número de pensionistas que se producirá a partir de la década de 2040”, explica el responsable de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo.
Actualizar las pensiones según suba la inflación supondrá, además, un aumento de gasto de 2,5 puntos del PIB hasta 2050, explican fuentes del Ministerio de Seguridad Social. Según sus cálculos, el aumento de ingresos que se conseguirá con otra de las medidas del acuerdo, acercar la edad efectiva de jubilación –64 años y seis meses– a la edad legal –66 años en 2021, irá ampliándose gradualmente hasta llegar a 67 años en 2027–, permitirá cubrir 1,3 puntos de ese gasto adicional. El resto, añade Carlos Bravo, se sufragará con el aumento de las bases máximas de cotización o el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos, dos propuestas que deberán diseñarse en la segunda fase de la negociación de la reforma. “También el crecimiento de la actividad económica, la subida del SMI y el cambio de modelo productivo servirán para elevar los ingresos por cotizaciones del sistema”, concluye.
[13] Paro registrado.
[14] Personas entre 60 y 64 años, 1 de enero de 2021. Total nacional ambos sexos (INE, enero 21)
60 años 644.806
61 años 624.692
62 años 607.662
63 años 590.685
64 años 549.081
Total 3.016.926
[15] España 2050, página 211.
[16] 1.170,26 (pensión contributiva media) x 14 pagas x 1,5 millones = 29.490 millones de euros
[17] La media de la UE es del 41,1% del PIB, mientras que en España es del 35,4%. Eso supone un 5,7 puntos del PIB, que en 2019 hubiesen supuesto 70.949,04 millones. https://www.eldiario.es/economia/baja-recaudacion-iva-sociedades-impuestos-verdes-lastran-objetivo-espana-llegar-presion-fiscal-europea_1_7922312.html
[18] Y esa cifra era solo la mitad del beneficio neto. Es decir, no es casualidad que el número de millonarios y la cuantía de sus fortunas lleve años creciendo ininterrumpidamente. De crisis a crisis: una década perdida para los trabajadores
Lecciones económicas para la próxima reactivación. Abril de 2020. Servicios de Estudios de UGT
Fuente original: https://porelsocialismo.net/las-luces-y-las-sombras-del-acuerdo-de-pensiones/