La situación económica y política en el Estado español continúa deteriorándose a pasos agigantados. En este contexto, siguiendo las indicaciones de la Troika formada por Bruselas, el BCE y el FMI, el PP ha lanzado un ataque brutal contra los servicios públicos de sanidad y de enseñanza. Tanto uno como otro, de tener éxito, pueden […]
La situación económica y política en el Estado español continúa deteriorándose a pasos agigantados. En este contexto, siguiendo las indicaciones de la Troika formada por Bruselas, el BCE y el FMI, el PP ha lanzado un ataque brutal contra los servicios públicos de sanidad y de enseñanza. Tanto uno como otro, de tener éxito, pueden significar un retroceso a la época franquista y una pérdida gigantesca de derechos, así como una casi completa indefensión sanitaria y educativa para la mayor parte de la población del Estado.
Los ataques repetidos del PP a los derechos sociales y políticos de la gente trabajadora están provocando una erosión de la base social de este partido, que día a día pierde apoyos, hallándose ya lejos de los que tenía cuando triunfó en las elecciones generales del 2011. El nuevo y sonado escándalo de corrupción en torno al antiguo tesorero Luís Bárcenas, que repartía sobres de dinero negro entre los cargos directivos del PP y con una cuenta en Suiza de 22 millones de euros, puede ser un golpe muy duro para la organización. El PSOE, incapaz de encontrar una estrategia alternativa a la que ha venido desarrollando durante todos estos años, permanece estancado a escala estatal y sufriendo nuevas derrotas históricas en los comicios autonómicos. Izquierda Unida, aunque crece electoralmente, continúa presa de su cultura institucionalista, como demuestra su participación con el PSOE en el gobierno de Andalucía. La emergencia de la Alternativa Galega de Esquerdas y, sobre todo, de la CUP en las elecciones catalanas, significan avances, aunque la ausencia de una alternativa política anticapitalista con audiencia de masas sigue pesando como una losa en el escenario político del Estado español.
Tras la Huelga General del 14N, se ha producido una nueva parálisis en la iniciativa de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. Ahora el epicentro de las luchas ha pasado a la Comunidad de Madrid, donde la Marea Blanca continúa batallando contra la privatización de la sanidad, tras la aprobación el 27 de diciembre pasado, por parte del PP, de los instrumentos legales que la permiten. El desenlace de esta lucha será de capital importancia para el futuro de la sanidad pública aunque igualmente para el desarrollo de la lucha general contra la crisis. Pero también están en marcha convocatorias como la de estudiantes para el 5, 6 y 7 de febrero, la jornada «contra el genocidio financiero» de la PAH el 16 de febrero o el «tsunami» de la Marea Ciudadana contra los recortes del 23F.
Para hacer frente a la crisis e imponer una salida favorable a la clase trabajadora y a la ciudadanía resulta imprescindible coordinar todos los movimientos en lucha y dotarlos de una agenda conjunta de movilización a medio y a largo plazo con el fin de conseguir objetivos claros y precisos de salida a ésta. En este sentido, la iniciativa de «Marea Ciudadana», surgida recientemente, puede ser un germen de espacio de coordinación y de creación de agenda común para los movimientos. Hay que unir todas las Mareas en un tsunami contra los recortes que los sepulte definitivamente bajo sus olas.
Mientras avanzamos hacia el precipicio, el PP ataca con saña la sanidad y la educación públicas
La situación del desempleo avanza hacia el precipicio. Se prevé que la próxima Encuesta de Población Activa de finales de enero dé ya una cifra del 26% de población en situación de paro y la misma CEOE vaticina un 26,6% para el 2013; sigue produciéndose una destrucción masiva de tejido industrial, los salarios se reducen aun más, la precariedad aumenta, los precios- incluyendo los de productos y servicios básicos -suben, los cierres de empresas y EREs son el pan de cada día; el año 2012 ha significado un nuevo récord-según los datos oficiales publicados en diciembre pasado por el Consejo General del Poder Judicial -en el número de desahucios ejecutados. Los efectos de la aplicación de la Reforma Laboral del PP han sido brutales y han acelerado los procesos descritos de manera notoria.
En este contexto de verdadero apocalipsis económico, el PP- guiado por la Comisión Europea, el BCE y el FMI y siguiendo también a pies juntillas los dictados de la FAES de Aznar -ha lanzado nuevos y terribles ataques contra la sanidad y la educación públicas. El 27 de diciembre pasado, el PP de Madrid aprobó- pese a las masivas protestas de personal sanitario y usuarias y dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2013 -las herramientas legales para ceder la gestión sanitaria a las empresas privadas. En el caso de que el PP consiguiera llevar adelante lo formal y legalmente aprobado, ello supondría que aproximadamente un tercio de la población madrileña fuera atendida por hospitales privados y que la sanidad pública quedara estructurada para propiciar las ganancias de las empresas del ramo, como Capio, Sanitas, etc., generando la indefensión sanitaria de una parte importante de la ciudadanía madrileña. Resulta obvio que Madrid es un laboratorio y experiencia piloto que señalará el camino a seguir en la mayor parte de administraciones autonómicas.
La LOMCE del ministro Wert supone un retroceso de la enseñanza pública no universitaria a la época franquista: segregación del alumnado desde tempranas edades, control rígido de los contenidos académicos mediante imposición de pruebas externas de evaluación, concepción arcaica de los currículos y metodologías de enseñanza, pérdida de competencias de los consejos escolares a manos de directores controlados por la administración, constitución de centros en los que se producirán segregaciones masivas por tipología del alumnado, admisión del profesorado conforme a los criterios de dirección y de la administración, reducción de derechos laborales y de seguridad en el puesto de trabajo de los docentes… Todo lo anterior se añadirá a los efectos ya producidos por las disminuciones de plantillas de profesorado, aumentos de ratios escolares, freno en el mantenimiento de las infraestructuras y dotación de nuevas, que se han ido imponiendo a través de sucesivas modificaciones legislativas tanto centrales como autonómicas. De esta forma la enseñanza pública puede quedar reducida a una mínima expresión y adaptada a las necesidades de un mercado que requiere de mano de obra barata y poco cualificada.
El ataque al sistema educativo está afectando también, de manera muy grave, a las enseñanzas universitarias. La aplicación del Plan Bolonia ha supuesto ya un encarecimiento enorme de las matrículas, la desaparición de becas y ayudas para el alumnado y el pago obligatorio de las enseñanzas posteriores a las de Grado. Las plantillas de profesorado y la dotación para infraestructuras se han visto muy mermadas y las enseñanzas, en su conjunto, se orientan a satisfacer exclusivamente las necesidades de los mercados.
Pero aunque la sanidad y la educación son en estos momentos los frentes principales en los que se desarrollan los ataques del PP, estos abarcan también el conjunto de los servicios públicos o de gran importancia social: transportes, suministros de agua y energía eléctrica, recogida de basuras, asistencia social y a la dependencia, costo de los procesos legales y un largo etcétera. Los medios de comunicación públicos también están en almoneda, con la subsiguiente pérdida de puestos de trabajo y de despidos masivos.
El régimen surgido de la Transición se está viniendo abajo no sólo en lo relativo al modelo económico que ha imperado durante su vigencia, sino también en el terreno político: las instituciones, comenzando por la misma monarquía, muestran día a día la corrupción de muchos de sus integrantes y su supeditación más rastrera a los poderes económicos y financieros; la Constitución niega los derechos de las naciones integrantes del Estado y cuando es modificada los cambios tienen como objetivo satisfacer el pago de la deuda a los bancos.
En este contexto, la policía actúa brutalmente contra los distintos movimientos sociales de protesta, avanzándose día a día en la instauración de un estado represivo, una de cuyas últimas demostraciones ha sido la irrupción policial en una reunión de la PAH de Elda, en el País Valencià. Se combina la represión policial con la indefensión jurídica mediante la imposición de tasas inasumibles para la ciudadanía en los procesos judiciales.
El movimiento soberanista surgido en Catalunya tras el pasado 11 de setiembre constituye un fenómeno de capital importancia para impulsar la desintegración del actual régimen. Los intentos de CiU por capitalizar este movimiento y darle un sesgo nacionalista de derechas para así facilitar su política de recortes sufrieron un traspiés de gran magnitud en las elecciones catalanas pasadas. Aunque el futuro del soberanismo catalán está aún por definir, todo apunta a que, en esta ocasión, Catalunya se encamina de manera decidida hacia la autodeterminación y a que este proceso tendrá repercusiones importantes en el conjunto del Estado y en particular en Euskadi.
Los partidos institucionales, impotentes ante la crisis
Las políticas antisociales y de recorte de libertades del PP están pasando factura a éste partido. Junto a este factor fundamental de descrédito social, aparece ahora también el de la corrupción que, si bien no ha dejado de acechar al PP desde el caso Gürtel, se recrudece al ser desvelados los sobresueldos en dinero negro repartidos por el antiguo tesorero del partido, Luís Bárcenas. El gravísimo caso de Bárcenas se añade no sólo a la historia anterior de corrupción del PP, sino a otros casos muy recientes como el del fichaje del exconsejero de sanidad de Madrid, Juan José Güemes, por la empresa Unilabs, a una de cuyas filiales se adjudicaron laboratorios durante su mandato; la compra de un lujoso ático por 770.000 euros del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; o la campaña de desagravio y liberación de Ángel Carromero, tras su encarcelamiento en Cuba por el homicidio involuntario de los anticastristas Oswaldo Payá y Harold Cepero. La coincidencia en el tiempo del descrédito social causado por sus políticas con los escándalos de corrupción podría llegar a afectar de manera importante a la estabilidad interna del PP. En estos momentos, las encuestas ya señalan una caída de 16,5 puntos del PP desde su momento álgido cuando venció en las elecciones de noviembre del 2011.
A pesar de la erosión evidente de la base social del PP, el PSOE no consigue recuperarse. Las mismas encuestas que antes indicábamos muestran como los socialistas se mantienen en el mismo nivel de escaso apoyo social que significó su descalabro histórico en las últimas elecciones generales. El hecho tiene una explicación sencilla: además de que el recuerdo de la última época del gobierno Zapatero permanece relativamente fresco en la memoria colectiva, la sustitución de éste por Rubalcaba no ha significado ningún cambio sustancial en los enunciados políticos generales del PSOE. El Partido Socialista sigue sin tener alternativa alguna a las políticas neoliberales y de recortes que se están desarrollando y que este mismo partido inició en el 2010 y su único horizonte parece ser el del presidente francés François Hollande, cuyas timoratas propuestas alternativas iniciales se van difuminando según transcurre su mandato.
Izquierda Unida ha experimentado un ascenso de sus expectativas electorales cercano a los 8 puntos y una parte de su militancia se ha comprometido en los diferentes movimientos sociales de lucha contra la crisis. Sin embargo, este partido sigue lastrado por una cultura pactista y de integración institucional, que lo ha llevado a formar parte junto con el PSOE del gobierno andaluz o a firmar un pacto de legislatura en Asturies con los socialistas. A pesar de las tensiones que estos acuerdos ha generado dentro de IU, lo cierto es que finalmente no se ha producido ninguna rectificación al respecto. La reelección de Cayo Lara en la X Asamblea Federal se ha producido mediante la integración en la nueva dirección de las diferentes corrientes de la organización, incluyendo a destacados dirigentes de su «ala izquierda». Este hecho parece descartar cualquier posible rompimiento de la organización por la izquierda o incluso la consolidación de alguna corriente importante de izquierdas en su seno. Así pues, aunque IU ha mejorado su situación dentro del espectro político institucional y una parte importante de su militancia participa en las diversas luchas sociales, su dirección sigue presa de una orientación cortoplacista que la encamina a ser el socio menor en gobiernos autonómicos diversos y, si salen las cuentas, incluso a escala estatal. También la organización populista de derechas UPyD se ha visto beneficiada por la pérdida de apoyos del PP y por el agravamiento de la crisis. El crecimiento de los apoyos sociales de este partido es un fenómeno complejo, porque si bien supone un rechazo de las políticas que se están desarrollando, capitaliza el descontento orientándolo hacia posiciones que no suponen una alternativa a la crisis y furibundamente españolistas.
Catalunya, Euskadi y Galiza tras sus elecciones autonómicas
Comentario aparte merece la situación existente en Catalunya, Euskadi y Galiza tras las elecciones autonómicas que han ido teniendo lugar en estas naciones. Las elecciones catalanas han significado, a pesar de su victoria, un descalabro para CiU. Este partido intentó capitalizar la marea soberanista para así poder seguir desarrollando su política de recortes, cuya dureza es igual o mayor que la correspondiente del PP. Sin embargo, fracasó de manera estrepitosa en su objetivo: en síntesis, los convergentes han retrocedido en casi ocho puntos; el PSC fue también castigado perdiendo casi cuatro; ascendió mucho- 6,7% -ERC, un poco ICV- 2,7% -y apareció en escena la alternativa de izquierdas CUP con un 3,47%; y finalmente la derecha dura y españolista, representada por PP y Ciutadans, subió también alrededor de 5 puntos aunque la mayoría de éstos- 4,17% -fueran para Ciutadans. Todo lo anterior significa un corrimiento hacia la izquierda del espectro institucional catalán, si bien acompañado de una polarización de menor envergadura en sentido contrario (votos PP y Ciutadans).
En Galiza el PP sufrió sólo un pequeño retroceso, que no llegó al 1%, en las últimas elecciones, mientras que el PSG se hundía perdiendo más de diez puntos y el BNG retrocedía también seis. Sin embargo, ha aparecido en escena la Alternativa Galega de Esquerdas (coalición de ANOVA con EU) que ha conseguido un 13,90% de los votos. En conjunto el voto de derechas ha permanecido inalterado y el de izquierdas y nacionalista se ha diversificado pero una parte notoria de él decantándose hacia la opción más radical de AGE.
En el País Vasco, el PSE sufrió otro descalabro, perdiendo más de once puntos y medio, el PNV triunfaba pero retrocediendo casi cuatro puntos en relación a los anteriores comicios autonómicos, el PP poco más de dos, mientras que una Izquierda Unida dividida en dos aumentaba en conjunto ligeramente su porcentaje anterior del 3,5% pero se quedaba sin representación. La segunda fuerza fue EH Bildu, con un 25% de los votos, aunque quedara por debajo de sus propias previsiones.
Los movimientos sociales en lucha contra la crisis
Desde que la crisis se inició se han producido ya dos Huelgas Generales de un día, apareció el 15M y después el 25S, se han desarrollado protestas sectoriales importantes en educación y en sanidad a través de las mareas verde y blanca y en la minería asturiana y han tenido lugar múltiples conflictos de carácter más local.
Tras la última Huelga General del 14N, muy exitosa en cuanto a participación en las manifestaciones y a seguimiento ciudadano, los grandes sindicatos, CCOO y UGT, han vuelto a quedar paralizados y sin plantear un plan coherente de movilizaciones y de objetivos contra la crisis. El X congreso de CCOO parece que se va a saldar sin suponer cambios sustanciales en la estrategia de esta organización, que sigue a remolque de los acontecimientos, sin plantearse un horizonte de ruptura con la política de concertación desarrollada durante decenios y dando por buenos parte de los razonamientos de la patronal y del gobierno en cuanto a la necesidad de efectuar recortes y de saldar la deuda existente. Tales concepciones hacen que cualquier pretensión de atenuar la crisis o de salir de ésta se convierta para éste sindicato en la cuadratura del círculo, porque realmente no existe alternativa posible sin una ruptura radical con las políticas de ajustes y encaminadas al pago de la deuda.
La falta de perspectiva de las direcciones de los sindicatos mayoritarios, así como las limitaciones, tanto estratégicas como de incidencia, de otras fuerzas sindicales, hace que cuando las primeras quedan paralizadas deje de producirse cualquier respuesta de conjunto a la crisis. Pero como la gravedad de los ataques es mucha y la presión para hacerles frente existe, se producen movimientos de respuesta sectoriales de bastante relevancia, aunque insuficientes.
Ahora mismo el epicentro de las luchas se sitúa en la lucha contra la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid y su desenlace puede ser determinante tanto para el futuro de la sanidad pública como para la lucha general contra la crisis. Como manifestó en una declaración la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios de Madrid: «Los cambios votados todavía los tienen que aplicar. Y en eso consiste la segunda parte de esta batalla: en si lograremos o no evitar que se apliquen, e incluso en el grado de su aplicación.» Las espadas, efectivamente, siguen en pie, como se ha demostrado en las dos convocatorias del 7 y del 13 de enero, de la marea blanca madrileña.
Pero también en respuesta al intento de aprobación de la LOMCE de Wert podemos encontrarnos pronto con nuevas acciones sectoriales de importancia. De momento algunas de las convocatorias, como las manifestaciones del 9 de febrero en el País Valencià, tienen un ámbito territorial limitado, pero pueden extenderse. El sindicato de Estudiantes, sin embargo, ha lanzado una convocatoria estatal para los días 5, 6 y 7 de febrero. Para el día 16 de febrero la PAH convoca también una jornada de lucha estatal con manifestaciones «Contra el genocidio financiero».
La Marea Ciudadana
Uno de los problemas fundamentales al que nos enfrentamos en estos momentos sigue siendo el de la dispersión y sectorialización de las luchas y de los movimientos de protesta. En este sentido la iniciativa de Marea Ciudadana contra los recortes, que realiza una primera convocatoria el próximo 23 de febrero, podría ser un buen punto de partida para hacer frente a tal dificultad. En la Marea Ciudadana participan personas de los diferentes movimientos sociales en lucha: Marea Blanca (sanidad), Marea Verde (educación), la Marea Roja (paro), PAH (hipotecas), Movimiento 15M, Coordinadora 25S. También están presentes organizaciones o agrupamientos políticos como Equo, Frente Cívico e Izquierda Anticapitalista. El reto que tiene ante sí la Marea Ciudadana, además de conseguir que su primera convocatoria del 23F sea un éxito, es poder convertirse en un ámbito de coordinación efectiva de los diferentes movimientos en lucha, para lo cual es preciso una integración organizativa de éstos y no sólo la presencia a título individual de personas luchadoras. También haría falta que las fuerzas sindicales dieran su apoyo a la iniciativa. Si lo anterior se hiciera efectivo, podría surgir una coordinadora estatal capaz de planificar un desarrollo unificado de las luchas y de darle coherencia.
Izquierda Anticapitalista es de la opinión, ya manifestada en múltiples ocasiones, de que para dar a la crisis una salida favorable a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general, es preciso trazar un plan de acción coordinado, tanto a escala estatal como europea, para realizar una lucha a medio y a largo plazo e imponer objetivos necesarios y claves como el impago de la deuda ilegítima, la expropiación de la banca y la creación de una banca pública bajo control social, la protección y mejora de los servicios públicos, el fin de los recortes y la derogación de toda la legislación antisocial aprobada en los últimos tiempos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esto se produzca.