El pasado día 20 el Ministerio de Energía, que dirige Álvaro Nadal, se mostró «abierto a facilitar la prórroga del funcionamiento de las centrales nucleares durante diez años más, una vez que expire su actual periodo de explotación, según fuentes empresariales» [1]. Una opinión en tono más elevado que se destaca en el discreto coro […]
El pasado día 20 el Ministerio de Energía, que dirige Álvaro Nadal, se mostró «abierto a facilitar la prórroga del funcionamiento de las centrales nucleares durante diez años más, una vez que expire su actual periodo de explotación, según fuentes empresariales» [1]. Una opinión en tono más elevado que se destaca en el discreto coro de declaraciones que se han venido produciendo a lo largo de octubre; discreto, porque el ámbito en que se expresan no supera los límites de la prensa especializada en economía y energía. Así, entre declaraciones de los políticos y del sector eléctrico, las negociaciones para asegurar un margen de beneficios sustanciosos a las empresas siguen adelante [2].
El pulso que mantienen el gobierno y las eléctricas para asegurar que el negocio transite de manera suave a un escenario que contente a todas las partes, ya fue analizado en el boletín n.º 161 de mt-e, y las maniobras siguen con marzo de 2019 como fecha límite; declaraciones como las apuntadas y planificaciones indicativas más o menos oficiales muestran que las élites tienen las manos libres para llegar a acuerdos sin que se les moleste con inconveniencias tales como los niveles de inseguridad de las centrales, las radiaciones cotidianas de los reactores y sus impactos en la salud de la población, la contaminación ambiental radiactiva creciente o el incremento del volumen de residuos con los que no se sabe qué hacer, y que acabarán, muy probablemente, en cualquier vertedero incontrolado en un rincón olvidado del mundo.
Al margen de esas molestas realidades, y salvo que las consecuencias de un suceso grave eleven el nivel de interés, hay que constatar que hoy por hoy no existe base social ni política para incidir en la negociación sobre el futuro de la energía nuclear en España, que se desarrolla entre quienes mandan y quienes gobiernan en su nombre. Las vicisitudes por las que ha pasado el proyecto de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a lo largo de un año son la prueba del grado de blindaje del que goza la cuestión nuclear. Con la ILP se trataba de llevar al Congreso una proposición de ley para un calendario de cierre ordenado de las centrales, movilizando a amplios sectores sociales, más allá del activismo de resistencia del movimiento ecologista, en un objetivo común.
Una aclaración previa: las personas que nos hemos dedicado durante años a trabajar en la resistencia contra las nucleares nunca hemos deseado que los hechos confirmen nuestras sombrías advertencias; siempre nos hemos sentido, y nos sentiremos, más felices si nos equivocamos, pues sabemos que las consecuencias de nuestro acierto implican un aumento exponencial de los sufrimientos y las muertes. En este momento, con siete reactores nucleares funcionando en precario en España, luchamos por una amplia respuesta social a esa denuncia, pero siempre estaremos mejor si nuestra audiencia es restringida porque no se haya producido una fuga radiactiva grave o un accidente que derive en una catástrofe irreversible. No deseamos recibir atención mediática por un tiempo limitado (según la experiencia que se deduce de seis años de catástrofe nuclear en Japón) en tales circunstancias.
Desde septiembre de 2016 hasta la última valoración de resultados en octubre de 2017, un núcleo de personas voluntarias hemos recogido unos mil apoyos concretos para participar en una ILP que plantee un 2020 libre de centrales nucleares [3]; el grupo impulsor de la propuesta partió de una convicción y de una pregunta. La convicción era que solamente un herramienta de participación social amplia con repercusión institucional podría tener el eco necesario para sacar el debate nuclear de los círculos restringidos de empresas, expertos y gobierno, y que la ILP era la única herramienta posible. La pregunta era la que se venía repitiendo desde hace años en los ámbitos de la resistencia: ¿existiría un apoyo social suficiente para conseguir el mínimo del medio millón de firmas necesarias para que la ILP entrase a trámite en el Congreso? Para responderla se organizó una encuesta, desarrollada entre los meses de octubre y noviembre de 2016 entre el tejido social organizado de Cataluña, y que demostró que sí existía dicho apoyo [4].
Posteriormente, y ante la escalada de cesiones del gobierno del PP y del organismo regulador (Consejo de Seguridad Nuclear, CSN) entre noviembre de 2016 y junio de 2017, que acabaron dejando la continuidad del funcionamiento nuclear exclusivamente en manos de las empresas, se constituyó el Grupo Promotor ILP 2020 LIBRE DE NUCLEARES, para promover en el conjunto de España otra encuesta parecida a la que se había realizado en Cataluña. Dicha encuesta, desarrollada entre los meses de mayo y julio de 2017, mostró que había un elevado nivel de simpatía y un determinado nivel de compromiso, pero que el apoyo era insuficiente en relación con la importancia del objetivo a conseguir, especialmente en lo que implicaba la vertebración organizativa.
Aquí es importante recordar que una ILP no es una protesta sino una lucha, ya que implica un objetivo definido que, si no se consigue, acarrea un fracaso; mientras que una protesta siempre puede ser valorada como un éxito midiendo la relación entre la respuesta obtenida y la esperada, una lucha debe pasar la prueba del objetivo a conseguir, en este caso el medio millón de firmas.
Quedaba una última carta que jugar: valorar el grado de apoyo que la ILP tendría entre el tejido social y político más organizado en España, es decir, entre sindicatos y partidos políticos con un compromiso de programa favorable a un cierre ordenado y urgente de las nucleares. Esta carta, jugada entre los meses de julio y septiembre, ha demostrado que las prioridades de las agendas políticas y sindicales no pasan por la cuestión de esa ILP.
Garoña queda, pues, como referente de lo que puede ser el futuro de los restantes siete reactores nucleares que funcionan en España. La historia es conocida: durante treinta años se realizaron marchas anuales para pedir el cierre de la central; entre 2006 y 2009 se desarrolló una intensa campaña coincidiendo con la promesa del gobierno del PSOE de cerrar la central a los cuarenta años de su funcionamiento; en 2009 el gobierno del PSOE se echó atrás y aprobó un alargamiento hasta 2013; el CSN, perfectamente coordinado con el gobierno del PP, decidió permitir su funcionamiento hasta 2031, pero fueron las empresas propietarias (Enel-Endesa e Iberdrola) las que cerraron la central en 2012 sin preguntar a nadie; aunque las maniobras de distracción y las cortinas de humo han proliferado [5], la realidad es indiscutible: las empresas decidieron que cerraban en 2012 y el gobierno asumió esa decisión en 2017.
El 22 de octubre, las elecciones generales anticipadas celebradas en Japón dieron como resultado una nueva victoria del partido en el gobierno, el PDL liderado por Shinzo Abe. Los temas más debatidos en la campaña fueron la seguridad ante la política militar de Corea del Norte, la modificación de la Constitución para permitir misiones militares de las Fuerzas de Autodefensa (ejército) de Japón en el exterior, la eficacia de las medidas de reactivación económica (Abenomics) y la subida de impuestos. Fukushima, la energía nuclear, las consecuencias sociales y sanitarias de la catástrofe, la contaminación radiactiva creciente, etcétera fueron temas descartados de la agenda. Una inquietante coincidencia que se da en todos los países donde funcionan centrales nucleares.
Habrá que seguir con atención lo que resulte de las negociaciones entre las eléctricas y el gobierno para saber qué futuro nuclear nos aguarda en España, y seguir denunciando y cruzar los dedos.
Notas:
[1] http://www.lavanguardia.com/natural/20171020/432192187540/prorroga-centrales-nucleares.html
[2] Excepto citas textuales o muy concretas, las informaciones que aparecen en este artículo pueden comprobarse en la hemeroteca de octubre.
[3] La mayor parte de las informaciones y datos pueden obtenerse del blog del Grupo Promotor ILP 2020 LIBRE DE NUCLEARES, http://ilp2020.blog.pangea.org/
[4] Se comprobó que el porcentaje que correspondería a Cataluña del medio millón de firmas necesarias era superado ampliamente. Los cálculos del tal porcentaje pueden obtenerse en http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/escenario20202021.html#HOJADATOS
[5] https://elpais.com/economia/2017/08/01/actualidad/1501582961_303371.html
Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears-100% EER y del GRUPO IMPULSOR ILP 2020 LIBRE DE NUCLEARES. Mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/
Fuente: http://mientrastanto.org/boletin-162/notas/hipotesis-de-un-futuro-nuclear-1