Historia, derrota de clase y perspectivas de futuro

«La lucha de clases existe, de acuerdo; pero es mi clase, la de los ricos, la que da la batalla… y vamos ganando».

 Warren Buffet

Tenía pendiente dar mi opinión sobre el Acuerdo Social y Económico entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, así que lo hago a continuación ya que el debate es rico, no debe eludirse el posicionarse, y por supuesto debe servir para clarificar en primer lugar el acuerdo y determinar perspectivas de futuro partiendo de un análisis materialista, de clase.

La privatización de las pensiones en la lógica del capitalismo actual

Y hay que empezar por el principio, es decir, qué son o representan a nivel mundial los planes de pensiones privados. Partir de aquí es fundamental, porque es de dónde parten -como veremos a continuación- los centros de poder económico (y políticos) que impulsan la precarización/devaluación de los sistemas de pensiones públicos dignos que son una conquista histórica de los asalariados en beneficio de la privatización de estos en beneficio de los poderes financieros.

En este sentido, el Banco mundial (Institución controlada por los poderes económicos vencedores de la II Guerra Mundial y la caída de los regímenes del Este en 1989/1991) elaboró un informe en 1994 al calor de la ofensiva neoliberal titulado «Evitando la crisis de la vejez» que viene a ser un manual sobre cómo privatizar progresivamente las pensiones en los países del centro capitalista. El informe dice textualmente que «El primer paso es reformar el pilar público (del sistema de pensiones) retrasando la edad de jubilación y recortando el nivel de prestaciones empezando por los casos en los que son demasiado generosas. El segundo paso es crear el pilar privado.» Y para ayudar a crearlo, hay que «empequeñecer el pilar público de forma gradual». A partir de este momento el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las patronales de la banca y de fondos de pensiones (poderes financieros) aceleraron decididamente en los países que controlan económica y políticamente a través de los partidos gobernantes que se han turnado en los últimos treinta años en nuestros gobiernos el plan expuesto, con un sistema con los dos pilares descritos en los que progresivamente los fondos privados fuesen ganando protagonismo, empequeñeciendo y precarizando el sistema público.

Así, entre 1995 y 2009 el capital acumulado por los fondos de pensiones privados en el mundo se multiplicó por más de 2,5 veces, pasando de 4,9 billones de euros a 12,7, es decir, ni más ni menos que lo equivalente al 27% del PIB mundial. En relación con esto es importante señalar que más o menos 7 billones de euros de estos fondos está controlado por corporaciones financieras de EEUU, es decir, más de la mitad. Relacionado con la actual ofensiva sobre los sistemas de pensiones públicos está la crisis sistémica que vive el capitalismo. Por ejemplo en el año 2008 los fondos privados de pensiones perdieron de media a nivel mundial el 18,3% de su valor. Como dijo Marx hace ya muchos años el capitalismo intenta salir de sus crisis conquistando nuevos mercados y explotando más concienzudamente los existentes (Lo que a su vez conlleva sucesivas crisis más graves), y ese es el punto en el que estamos, es decir, recuperar las pérdidas y aumentar el capital destruido aumentando la tasa de extracción de las rentas del trabajo a las del propio capital. Para ello hay que aumentar el grado de explotación en dirección a las pensiones privadas y recortar el sistema público creando un clima de opinión en la población basado en su insostenibilidad (Lo cual es rotundamente falso). Sobre este último punto la campaña mediática es enorme, para que al final la población acabe pensando que efectivamente el sistema público de pensiones no es posible mantenerlo y que en definitiva las reformas para su privatización son correctas. Se dedican concienzudamente a engañar a la opinión pública, con la ayuda y a través de políticos gobernantes y la mayoría de la oposición afín al sistema que en definitiva no son más que siervos voluntarios, porque los planes de pensiones privados son una baza de gran valor para el capital financiero porque supone ni más ni menos una ingente entrada de fondos durante 30 o 40 años de vida laboral de millones de trabajadores. Todo ello para invertirlo donde mejor estimen (Por ejemplo en deuda pública con la que posteriormente especular con ella), con el añadido de que si la inversión resulta fallida y produce pérdidas en vez de ganancias los que pierden no son ellos.

Por otra parte, los estudios sobre los fondos privados de pensiones en España indican que su rentabilidad para los que invirtieron e ellos en los últimos diez años ha sido prácticamente nula , ya que de promedio la rentabilidad fue inferior a la inflación acumulada de esos años. Por el contrario los que sí han tenido grandes ganancias gracias a los 10 millones de españoles que ya tienen contratado fondos de pensiones privados fueron los bancos que los gestionan (El BBVA está a la cabeza en nuestro país) gracias a las elevadas comisiones (del 2,7%) que cobran, llegando incluso a poder hacer perder dinero a sus inversores.

Situación precedente en España

En definitiva, este es el nudo gordiano de la reforma de las pensiones. No la garantía del sistema público de pensiones como afirman mintiendo el Gobierno y la patronal. Pero en mi opinión, para hablar más en concreto de la reforma en España hay que hablar de la situación precedente, la cual se debe fundamentar en que ya España estaba y está a la cola de la media de la Unión Europea (UE) en materia de gasto y protección social. En mi opinión se debe partir de los siguientes datos:

1. La pensión media contributiva en España es el 68% de la pensión media contributiva de la Unión Europea de 15 países (UE-15), y la no contributiva el 46%.
2. El gasto público en pensiones en el año 2007 (Último dato disponible) está 3 puntos por debajo (9% del PIB) del promedio de la UE-15 (12%). Países como Francia gasta el 13,3% del PIB.
3. El gasto público en protección social es el 7% inferior a la media de la UE-15, lo que equivale alrededor de 70.000 millones de euros al año.
4. El fondo de reserva de la Seguridad Social tiene un superávit de 62.500 millones. Incluso en el año 2010, con entre cuatro millones y medio y cinco millones de parados reales ha habido superávit. En Francia, por ejemplo, ni se dispone de un fondo de este tipo. Por otra parte, la viabilidad del sistema tal y como está en la actualidad está garantizado por lo menos hasta el año 2029, lo que evidencia que las intenciones de la reforma van en el sentido descrito en este artículo y no el que declaran sus impulsores. Y en cualquier caso las reformas necesarias son en el sentido contrario, y más en la crisis sistémica que vivimos que va a cambiar en gran medida el mapa social de Europa en el sentido negativo.
5. Desde 1995 el PIB español se ha multiplicado 2,3 veces (Lo que, por cierto, anula los argumentos relativos al envejecimiento de la población, porque excluyen la productividad -Por ejemplo un 2% de la población produce hoy 10 veces más alimentos que el 18% hace cincuenta años-, el que mientras por ejemplo en los países nórdicos el porcentaje de la población activa es del 72% en España es del 52%, eliminan la posibilidad de una fiscalidad progresiva, etcétera.) mientras que el gasto en pensiones o no ha crecido o incluso ha descendido un punto porcentual.
6. El 71,75% de los pensionistas tienen pensiones por debajo de los 1000 euros, y el 58% por debajo de los 600 euros. Datos que evidencian el grado de precariedad y precarización de nuestro sistema de pensiones. Simplemente elevar a 650 euros mensuales la pensión a los cuatro millones y medio de pensionistas que cobran por debajo de dicha cantidad supondría un gasto anual de poco más de 6.000 millones de euros, que por cierto es una cantidad similar a la que recibe del Estado la Iglesia entre exenciones fiscales, dinero de los fondos públicos, etc. Gastando la proporción del PIB que gastan países como Italia o Francia se podrían elevar de media las pensiones en alrededor de 500 euros mensuales.
7. La presión fiscal en España tiene un diferencial con la UE-15 del 6% menos. Esta a su vez ha tenido la mayor caída de los países de la OCDE entre los años 2007 y 2009. España es un país en el que las rentas del trabajo soportan una gran carga fiscal y las rentas del capital una de las menores de la Ue-15. Por ejemplo el pasado año el Banco Santander Central Hispano tributó el 11.39% de impuestos sobre resultados del ejercicio, el BBVA el 19,9% o el Banco Sabadell el 7,88%. Según un informe reciente de la OCDE el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB bajó del 37% al 30,7% y no sólo por los efectos de la crisis (Que también padecen otros países) sino por los denominados planes de «estímulo» a la banca y empresas (Es decir, aumento de la tasa de extracción de las rentas del trabajo al capital), la eliminación del impuesto de Patrimonio y Sucesiones o la bajada de impuestos directos (Sociedades y IRPF). La presión fiscal de por ejemplo Francia está en el 41,9%.

Los datos anteriores ilustran la precariedad de nuestro sistema de pensiones, que en definitiva es una política de clase, porque los que se ven afectados son los asalariados fundamentalmente, que en su inmensa mayoría no tienen otro sistema de tener unas pensiones dignas que a través del sistema público, especialmente si tenemos en cuenta la precariedad de nuestro mercado laboral, la precariedad de los sueldos, la falta de protección laboral.

Los fundamentos de la reforma de pensiones

Dicho esto ya podemos entrar en los fundamentos de la reforma, o más bien la agresión cometida contra los asalariados. Hay que empezar diciendo que en términos generales representa un recorte del 20% de la pensión media, llegando al 3% el recorte de gasto en pensiones públicas una vez que esté completamente implantada. El recorte se reparte de manera desigual, siendo el impacto más grave para las generaciones más jóvenes.

1. Generalización de la edad legal de jubilación a los 67 años . Sólo aquellos que acumulen 38,5 años cotizados podrán jubilarse a los 65 años o, en su caso, a los 66 años con el 100% de la pensión. Este es el colectivo que ya se está generalizando y que se generalizará en las próximas décadas. La situación se agrava si tenemos en cuenta que el paro juvenil en nuestro país es un elemento estructural y no coyuntural, ligado a nuestro modelo de desarrollo (900.000 jóvenes con menos de 25 años están desempleados en nuestro país), con lo que se condena a la mayoría de la población a no tener una pensión digna. El hecho de fijar en los 38,5 años la cotización exigida para cobrar el 100% de la pensión es el mecanismo que en la práctica fija para la mayoría de la población el alargamiento de la jubilación a los 67 años. El impacto de la reducción de la pensión por el retraso de la edad legal de jubilación se estima en más de un 14,4% de recorte. Así jubilarse a los 65 años será un hecho muy minoritario.
2. El hecho de pasar de 35 años de cotización a 37 para jubilarse a los 67 años para obtener el 100% de la pensión implica un recorte del 4,56%. Además cada pensionista con menos años cotizados que los exigidos descenderá tantos escalones de su base reguladora como meses le falten para ese máximo -a un precio entre 0,21% y 0,18% cada mes-. Se estima que sólo el 20% de la población actual podrá jubilarse a los 65 años sin merma de pensión.
3. El periodo de cómputo para el cálculo de la pensión pasa de 15 a 25 años, lo que supone un recorte del 7%.
4. Se modifica la jubilación anticipada , pudiendo acceder a ella con 61 años pero con una sustancial penalización en la cuantía de la pensión. Será voluntaria a los 63 años (Hasta los 67, con 33 años cotizados) pero con una alta penalización al quedarse sólo con el 62% de la pensión.
5. El reparto del recorte del que hablábamos según los colectivos se resume en que a unos se les limita la baja y a otros se aumenta el recorte previsto. Ponemos unos ejemplos concretos de Antonio Antón. «Asalariados con 65 años de edad y 35 de cotización antes percibían el 100%; con el acuerdo el 74% con un recorte de 26 puntos. Con 65 años de edad y 38,5 de cotización, antes el 100%, con el acuerdo el 93%, con 7 puntos de penalización. Con 63 años de edad y 33 años de cotización antes el 80%, y con el acuerdo el 62% con 18 puntos adicionales de penalización».
6. Como aspectos positivos mencionar el caso de los becarios con la obligatoriedad empresarial de aportar sus cotizaciones sociales, aunque hay que matizar que esto está supeditado a que se hagan cargo ellos mismos (No la institución en la que han trabajado) de las cotizaciones, vía convenio especial con la Seguridad Social. Otro elemento es el reconocimiento a la madre de nueve meses de cotización, hasta un límite de dos años, aunque sólo si está empleada en ese momento y pida excedencia para el cuidado del hijo, lo cual por una parte contribuye a profundizar el patriarcado en nuestra sociedad y a la vez teniendo en cuenta la realidad de nuestro mercado laboral es un riesgo para sus carreras laborales además de no percibir salario ni prestación de desempleo.
7. Finalmente, como elemento especialmente peligroso para el futuro se incluye la revisión del sistema cada cinco años en función de la esperanza de vida, lo que está encaminado a futuros recortes porque se acepta en el acuerdo la variable de la esperanza de vida a los 37 años para adecuar los «parámetros fundamentales del sistema», lo que ya incluye de por sí un recorte adicional del para el año 2027 del 2,5%.
   

Todo esto es, en definitiva el mayor ataque a los asalariados desde la Transición del régimen franquista a nuestro actual modelo de democracia capitalista. Todo esto en definitiva supondrá un «ahorro» de 40.000 millones de euros según refleja la memoria económica del anteproyecto de Ley. Curiosamente la misma cantidad que figuraba en el documento enviadado a Bruselas en enero del año 2010.

El resto del acuerdo

Hablar del resto de acuerdo tiene poco sentido, porque se compone fundamentalmente de una serie de apartados accesorios de la reforma de la pensiones, superficiales a pesar de que los sindicatos lo hayan querido vender como algo sustancial que justifique el acuerdo.

1. «Acuerdo sobre Políticas Activas de Empleo y otras materias de índole laboral». Más de lo mismo. Manifiesto de desarrollo de políticas activas de empleo que nunca se ponen en práctica y que por supuesto se pretende hacer por la vía históricamente ineficaz de reducir las cotizaciones empresariales.
2. Acuerdo sobre Política Industrial, Política Energética y Política de innovación. Más de lo mismo. Compromisos de palabra para impulsar un cambio en el modelo productivo, energético, etc. Resulta que no ha pasado un mes y lo primero que han hecho es anunciar el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares. En cambio hay un aparatado peligroso, y es el que incluye la política que está siendo una de las vías para la privatización de la sanidad en nuestro país: «Impulsar alianzas-programas de financiación de la cooperación público-privada en los sectores de la energía y la salud».
3. En lo referente a la negociación colectiva el acuerdo sólo contiene generalidades y afirmaciones abstractas y ambiguas que no incluyen ningún freno a la ofensiva para eliminar los convenios de sus respectivos ámbitos. Veremos cómo en poco tiempo, apenas unos meses, afrontaremos una fuerte ofensiva contra los convenios colectivos por parte de la patronal y por parte del mismo Gobierno (La reforma laboral ya incluye materia en este sentido).

La cuestión sindical: Tenemos un problema

La conclusión clara es que la negociación de los sindicatos y el Gobierno no ha suavizado ni frenado en sus fundamentos el plan del Gobierno. Éste envío hace un año a Bruselas su informe en el que preveía un ahorro con la reforma de 40.000 millones y lo ha conseguido. Es más, con relación al documento de hace un año se ha añadido el recorte de aumentar de 35 años a 37 los años necesarios para tener el 100% del a pensión. Sencillamente, lo que han hecho los sindicatos es intercambiar una reducción menor hacia un colectivo de trabajadores por un mayor recorte de lo previsto a otros, junto con la opción de poder jubilarse a los 65 años (O 66) sin penalización adicional por jubilación anticipada si se tiene cotizados al menos 38,5 años. La dimensión de esta medida frente a la embergadura de la reforma como podreis comprobar es nimia. En definitiva es una reforma regresiva y no justificada económicamente desde el punto de vista la viabilidad indudable de un sistema de pensiones público digno, el único al que pueden acceder la mayoría de los trabajadores.

Por otra parte no hay un acuerdo con medidas concretas de cambio en la política socioeconómica, laboral y fiscal. Todo ello con unas cifras de paro que doblan la media europea, con un incremento general de la desprotección pública y un empobrecimiento general de los asalariados y las personas mayores. Todo ello en un contexto en el que somos de los países de la UE donde mayor diferencia hay entre las clases sociales, como lo muestra por ejemplo el escalofriante hecho de que los años de vida entre una persona perteneciente a la decila de rente más baja del país (Los más pobres) y la decila superior (Los más ricos) es de diez años de diferencia de media. En EEUU son quince y en la UE-15 siete.

En definitiva el 29 de Septiembre y el 2 de febrero son fechas antagónicas en términos políticos. Y lo grave es que el 2 de febrero ha barrido el 29 de septiembre. CC.OO y UGT han echado por la borda todo ese trabajo realizado por las bases de la izquierda política, sindical y social de este país, un trabajo que dio sus frutos en una huelga general que, teniendo en cuenta la inacción de tantos años y la ofensiva política y social de la derecha -al margen de siglas- contra el sindicalismo y la movilización social, resultó exitosa. Exitosa no en el sentido de que fue una movilización tan potente que fuese capaz de hacer recular al Gobierno y retirar su agresiva reforma laboral contra los trabajadores, pero sí desde un punto de vista de clase en el sentido de que era la primera piedra para iniciar un ciclo de movilización y resistencia capaz de construir una alternativa social a la crisis y frente a las políticas neoliberales desde las que los poderes hegemónicos pretenden salir de ésta a través de las políticas de los partidos socialista y popular europeo fundamentalmente. Frente a esto los poderes hegemónicos intentan trasladar todos los capitales posibles del tercer mundo al primer mundo, y de la periferia del primer mundo -países como España- a los países centrales del norte capitalista (EE.UU, Alemania, Francia, etc.), todo ello con el objetivo de verse lo menos dañados posible e iniciar un nuevo proceso de acumulación de capital explotando mejor los mercados por la vía de reducir los salarios, privatizar los servicios públicos, reducir a la mínima la protección social y laboral, etc. Ambas posiciones conjugan lo que históricamente se ha llamado la lucha de clases.

Y es en este sentido, por encima del pacto, en el que la actitud de CC.OO y UGT tendrá una influencia muy negativa en la lucha contra las políticas del Gobierno, de la UE, del FMI, el BM, etcétera y sobre todo para la construcción de un polo alternativo que va conformándose con el movimiento frente a estas políticas , elemento que también es necesario para CC.OO si quiere enfocarse al futuro como estructura sociopolítica con voluntad socialista o lo contrario será convertirse en una empresa de servicios porque el propio sistema no le va a dejar otra opción. Simplemente el hecho de que CC.OO (Dejo ya UGT al margen) asuma el discurso de que hay que ganarse la «confianza de los mercados» y las instituciones internacionales es darles el aval de que sólo mediante la devaluación interna de los salarios se puede escapar a los ataques de estos. Esto, sencillamente, es asumir los esquemas del juego del enemigo, no hacer una lectura correcta del tiempo histórico en el que estamos (Entre otras cosas determinado porque el peso de España y del conjunto de Europa en la economía mundial va a descender porcentualmente, la exigencia ante la aparición de nuevos polos de oligarquías de las economías emergentes ante las que las oligarquías de EE.UU y Europa sólo pueden responder devaluando nuestras condiciones de vida si quieren seguir existiendo como clases dominantes) y que en consecuencia no ver que los ataques sociales no van a parar y que por el contrario se van a acrecentar, y en definitiva situarse al margen de toda lógica que construya desde la base un movimiento alternativo, antineoliberal (Que para la izquierda política tiene que ser obligadamente anticapitalista). Y tiene un elemento agravante, y es que todo esto supone legitimar las políticas de ajuste económico que no generan consumo y deprimen la actividad económica (Aún siendo necesario reestructurar ésta, incluyendo un decrecimiento porcencual de nuestra economía), que a su vez destruye empleo, lo que a su vez es un motivo más para los «mercados» para dudar del pago de la deuda soberana del país.

Hay quien dice que sin acuerdo de los sindicaos no se hubiese podido parar la reforma. Pero no es esto lo sustancial porque lo único que hace es debilitar aún más la izquierda política, sindical y social de nuestro país. Si el Gobierno quiere aprobar la reforma que así lo haga, y que se responsabilice de ella. Sin embargo el que los sindicatos participen de ella lo único que ha conseguido es que en sus fundamentos la reforma se vaya a aprobar y a la vez los ha debilitado de cara a la sociedad, de cara a la izquierda política, a los movimientos sociales más dinámicos, y especialmente frente a los jóvenes. ¿Estaría peor la izquierda sindical y política del país si no hubiesen firmado y por el contrario hubiesen defendido los derechos sociales de los ciudadanos enganchando el movimiento con el creado el 29-S? Desde luego que no. Por el contrario el regreso a la concertación social es desactivar el granito de arena del 29-S en lo que se refiere a militancia, experiencia unitaria, crédito ante la sociedad y especialmente ante los trajabadores, etc. Que nadie dude de que la crisis está instalada en nuestras sociedades para mucho tiempo, que las contradicciones de clase se van a acentuar, que los ataques van a aumentar, pero la actual situación determina que futuras movilizaciones serán mucho más difíciles de articular y acumular fuerza social en torno a ellas, ya que todo esto ha potenciado los efectos negativos de la cultura de la desmovilización, ya que el pacto traslada a los asalariados resignación y desorientación y esto favorece la ofensiva del gobierno y patronal que siempre se produce a continuación.

El seguir el ciclo movilizador debía, y debe, tener como objetivo seguir acumulando fuerzas. Es imposible la regeneración de la izquierda si ésta se instala en la política de acuerdos inasumibles por la falta de movilización potente, porque esta lógica lleva a aumentar la desmovilización por falta de confianza de los trabajadores en sus organizaciones de clase de referencia, las voten o no. Y a su vez es huir de explicar por qué del potente movimiento sindical existente en nuestro país en la primera década de los noventa desapareció. Y huyen de explicar esto porque precisamente desaparecio en el momento en el que primero CC.OO asumió dejar a un lado la concepción del sindicato como organización sociopolítica que no asumía las doctrinas que emanaban de los poderes hegemónico y posteriormente Izquierda Unida desde el inicio de la década del 2000 se integraba en la lógica institucional para ser un elemento más de la concertación social fundamentada por la negociación en las instituciones de migajas frente a lo que suponía de avance las políticas del sistema para éste, dos procesos que determinaron la destrucción por la base de sus estructuras militantes.

Es el momento de no resignarse, de generar resistencias con la mirada puesta en el medio plazo, de trabajar por la recuperación del sindicato como defensores de los derechos de los trabajadores en el sentido amplio, de recuperar sinergias entre la izquierda política, sindical y social, de trabajar desde la base en torno a programas planteando una salida social a la crisis que genere confluencias entre las distintas sensibilidades de la izquierda pero sobre todo permita abrir espacios para la acción militante de la mayoría de los trabajadores que hoy no están organizados. Este trabajo le corresponde a la izquierda política, dotar al conflicto social de contenido político.

Por último, apuntar algo que me parece importante. La izquierda política que tiene su raiz en la movimiento obrero que surge con el desarrollo del capitalismo nunca ha estado exenta de contradicciones con sus organizaciones sindicales. Esta izquierda política , por lo general de raíz marxista, no se organiza en organizaciones sindicales que pueden tener planteamientos tremendamente correctos en el sentido político, económico, social, etcétera pero a su vez son organizaciones ultraminoritarias sin ninguna influencia en la sociedad. Esta izquierda trabaja allí donde se organizan los trabajadores y dónde está su segmento dentro de la clase más avanzado, en el caso de España CC.OO. Siempre desde el respeto a los compañeros que se organizan en estructruras sindicales como la CGT, CNT, USO, SAT, etc., y por supuesto con el convencimiento de que compartimos las luchas aquí y ahora y en el futuro, que podemos confluir políticamente y cuanto más mejor. Pero no nos engañemos y confundamos la crítica a CC.OO con la percepción de que el salirse de ésta permite desde estos sindicatos o desde la creación de uno nuevo asaltar el cielo o simplemente tener una influencia media sobre los asalariados o la sociedad en en general. Los sindicatos minoritarios existen desde la Transición, las fugas de la izquierda sindical de CC.OO -incluyendo la creación de una nueva estructura sindical- ya han ocurrido en el pasado y estamos peor que antes, es decir, con una izquierda sindical mucho más debilitada. La labor militante se debe centrar en el trabajo cotidiano en el fortalecimiento de nuestras estructuras de la izquierda política, en el reforzamiento de la izquierda sindical en base a posiciones sociopolíticas concretas intentando crear hegemonía cultural en el sindicato con bases en diferentes formar de articular su participación política, creando hegemonía en torno a posiciones políticas que escapan a la concertación social en un periodo histórico en el que ni siquiera ésta es posible porque no quiere la clase dominante al margen de lo que quieran las direcciones sindicales salvo que éstas acuerden cosas en términos de práctica rendición, etc.

Por todo esto hay que huir de dos posicionamiento s que he visto en la izquierda política durante estos días. Por un lado la de los «izquierdistas» que prácticamente centran sus ataques a CC.OO y UGT ampliando el blanco de tiro junto con la patronal y el Gobierno, porque esto no hace otra cosa que debilitar a la izquierda en su conjunto, generando resignación y desmovilización en la sociedad. Y la otra posición a rechazar es la de los compañeros de IU Abierta que «valora positivamente el trabajo negociador de los sindicatos en materia de pensiones», ya que es legitimar desde el ámbito político lo que no es otra cosa que la postración del mundo sindical frente a los poderes económicos contribuyendo a desarticular o dificultar la creación de nuevos polos de resistencias frente precisamente a las políticas que acuerdan.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.