Lo menos que se les puede exigir a los gobernantes es que no nos tomen por tontos. El señor Lamela nos quiere convencer de que sus hospitales de concesión privada son más económicos y mejores que los públicos, lo cual resulta bastante improbable, aunque sea simplemente porque algún beneficio tendrán las empresas concesionarias y porque […]
Lo menos que se les puede exigir a los gobernantes es que no nos tomen por tontos. El señor Lamela nos quiere convencer de que sus hospitales de concesión privada son más económicos y mejores que los públicos, lo cual resulta bastante improbable, aunque sea simplemente porque algún beneficio tendrán las empresas concesionarias y porque las condiciones con las que éstas obtienen la financiación son, lógicamente, bastante peores que las que pueda conseguir el Estado.
El señor Lamela, al igual que Gallardón un poco antes, ha descubierto el Mediterráneo. Gallardón creyó que podía hacer infraestructuras sin incrementar el déficit, e inventó -o copió, que para el caso es igual- el peaje en la sombra para las autopistas. Lamela y Esperanza Aguirre quieren construir hospitales y al mismo tiempo vocear que cumplen la ley de estabilidad presupuestaria, y para ello importan de Gran Bretaña para los nuevas instalaciones hospitalarias el llamado «sistema de financiación privada» (PFI en sus siglas en inglés), una mezcla de gestión privada y pública. Se otorgan concesiones a empresas privadas, en general constructoras, que se encargan de construir, financiar y mantener los hospitales, mientras que la Comunidad aporta el personal sanitario y paga una cuota durante treinta años a la empresa concesionaria.
Ambos procedimientos son fruto tan sólo de la picaresca generada tras el pacto de estabilidad, mediante los cuales las distintas administraciones públicas de los diferentes países intentan eludir la obligación de mantener el déficit en una determinada cifra. Con ello lo único que se consigue es demostrar que, si bien todos hablan de la estabilidad presupuestaria, ninguno cree verdaderamente en ella, porque les importan muy poco los efectos, perniciosos o no, del déficit público. Tienen de él únicamente una concepción taumatúrgica o formal; poseídos de un cierto nominalismo, se agarran a la definición -fruto de una mera convención- y se olvidan de la realidad a la que teóricamente representan.
Diga lo que diga Bruselas (a la hora de definir la necesidad o capacidad de financiación del sector público), el efecto sobre la economía de construir hospitales es exactamente el mismo, bien se haga por el sistema clásico mediante la emisión de deuda pública o bien a través del PFI. No me refiero ahora a si sale o no más económico, sino a ese efecto perverso que, según afirman los partidarios de la estabilidad presupuestaria, tiene todo déficit público.
Construya quien construya los nuevos hospitales, serán o no serán inflacionarios de la misma forma y van a detraer del sistema los mismos recursos que, como es natural, no podrán emplearse en otras finalidades. Será bueno o malo según la tabla de valores y el ideario político que se profese: mantequilla o cañones. En ambos casos, será el Estado el que asuma su coste. En el primer supuesto, mediante las amortizaciones anuales que cancelarán el endeudamiento; y en el segundo, mediante las cuotas, también anuales, que habrá de pagar a las concesionarias en las que se incluirán, amén de sus beneficios, las amortizaciones de los préstamos que hayan solicitado éstas al sistema financiero.
Pero la construcción de los hospitales por el sistema PFI puede tener otra finalidad, y es el lucro de las empresas privadas, cuya contrapartida será un mayor coste para el sector público. Al menos, tal como se ha apuntado con anterioridad, porque la financiación será más cara y algo, mucho, tendrán que ganar las concesionarias. La iniciativa privada ha descubierto el chollo que representa la mezcla de lo público y lo privado: el riesgo se haya ausente y la rentabilidad suele ser muy elevada.
La pretensión de que la iniciativa privada es más eficaz carece de toda lógica. Esa teórica eficacia se traduce exclusivamente en mayores beneficios que suelen repercutir en la calidad del servicio, lo que se hace tremendamente peligroso en un sector como el sanitario. La experiencia de Gran Bretaña es ilustrativa al efecto. La sanidad pública británica (NHS) fue la envidia de toda Europa; la reforma de Thatcher y las posteriores, adoptando la gestión privada de los hospitales o sistemas de administración como el PFI, la han sumido en un estado lamentable.
Resulta extremadamente curioso que los que -al parecer- suponen retrasos y despilfarro en la construcción de hospitales mediante el sistema clásico, estimando, por tanto, que la Administración no es capaz de controlar a las constructoras para exigirles el cumplimiento estricto del contrato, sí crean que se va a poder controlar a las concesionarias en el cumplimiento de un contrato mucho más complejo como el del PFI y durante un periodo de 30 años. El sector público va a quedar hipotecado no sólo económicamente (que también y en mayor medida que si acudiera a la deuda pública), sino en la administración a los ciudadanos de un servicio esencial como es el de la Sanidad.
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