Justamente en un mes, entre el 8 de mayo (fecha en la que el gobierno asturiano anuncia el establecimiento del servicio de comedores escolares en los meses de junio y septiembre) y el 9 de junio (momento en el que las negociaciones entre el gobierno asturiano y las organizaciones sindicales representadas en la Junta de Personal llegan a un acuerdo) se ha desarrollado un potente movimiento reivindicativo del sector de la Enseñanza Pública asturiana que ha funcionado como un verdadero vendaval.
Efectivamente, el 9 de mayo la prensa recoge el anuncio de la Consejería y comienzan a surgir las primeras voces que se preguntan cómo van a funcionar los comedores escolares en unas fechas en las que no está prevista la existencia de personal al cuidado de los menores. Días después, Lydia Espina, consejera de Educación, señala que será una responsabilidad del personal docente presente en los centros escolares, algo que causa una gran indignación puesto que ese mismo personal está en esas fechas en los centros cumpliendo otras tareas concretas.
Para el 19 de mayo, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y SUATEA se han puesto ya de acuerdo en la petición de la dimisión inmediata de la consejera por atreverse a modificar las condiciones laborales sin negociar antes con las organizaciones representativas del sector ni manifestar voluntad alguna para rectificar esa postura. Su posición intransigente y autoritaria le jugará una mala pasada porque una vez iniciado el conflicto, a pesar de retirar la propuesta de los comedores, su figura se habrá convertido ya en un obstáculo para poder llegar a acuerdos. El movimiento se extiende por Primaria e Infantil. Algún sindicato, caso de CSIF, hace llamamiento a la huelga indefinida en Primaria y Secundaria.
Entre el 27 de mayo y 5 de junio se produce el volumen mayor de movilización. Las concentraciones diarias tienen sus picos culminantes con la manifestación en Uviéu el día 25. Delegación de Gobierno hablará de diecinueve mil asistentes en medio de la lluvia. Treinta mil dirán los organizadores. Con una plantilla docente de doce mil personas, la diferencia hasta los treinta mil permite intuir el impacto social de la movilización. Comunicados de diferentes AMPAS, carteles en comercios por los barrios de las principales ciudades asturianas, muestran la existencia de una complicidad social con el movimiento huelguístico.
Del 2 al 9 de junio se desarrolla el momento álgido de la movilización que se convierte en una muestra de apoyo a la representación sindical que negocia con la Consejería de Educación. El compromiso de mantener la unidad de acción sindical permitirá desarrollar una presión conjunta sobre el gobierno asturiano. Solo un sindicato permanecerá callado en estos momentos clave, CSIF, que hasta este momento venía animando una movilización que no ocultaba una agenda más amplia que incluía planes que afectaban al ámbito político.
Desde el inicio del conflicto, CSIF animó a ir hacia una huelga general e indefinida. Cualquiera que rebusque por las hemerotecas verá que no abundan conflictos con este nivel de radicalización. Su objetivo, sin duda, era llevar al movimiento a un callejón sin salida que evolucionaría hacia formas más duras de protesta que ayudarían a hacer avanzar esa agenda oculta para desgastar al gobierno autónomo asturiano, uno de los pocos en manos del PSOE.
Sorprendentemente, la reacción de la base docente, en Primaria, fue apostar por una movilización indefinida, con unas propuestas de máximos imposibles de satisfacer. Pero el juego estaba ahí, en apostar fuerte y crear una espiral que contribuyera a poner contra las cuerdas al gobiernín autonómico. Esta reacción cogió con el paso cambiado al resto de las fuerzas sindicales. UGT, Comisiones y SUATEA que, en un principio habían apostado por una movilización secuenciada en forma de paro para Primaria e Infantil el 27 de mayo y 5 de junio. También a ANPE, sindicato corporativo, que había insistido en su metodología tradicional, contraria a las movilizaciones callejeras pero esta vez, ante la presión tuvo que desistir y unirse a la propuesta de movilizaciones conjuntas fomentadas por la unidad de acción sindical.
La incorporación de las organizaciones de clase se hizo de forma tardía. Para esa fecha ya se habían producido movilizaciones muy importantes del profesorado, se había estabilizado un grupo de Telegram que se convirtió en una ventana desde la que vociferar y difundir mensajería ambigua: simbología de camisetas negras con la cruz de la Victoria y la palabra Educación alejada de las famosas camisetas de la marea verde. Difusión de propuestas antisindicales, con el pretexto de que no nos representan, cerco sobre la prensa a la que se acusaba de no querer informar objetivamente (o sea, sobre ellos), carteles de agradecimiento a la policía por el buen trato dispensado a los manifestantes, incluso propuestas de unir al conjunto de docentes asturianos (o sea, del sector público con escuelas concertadas), algo que coincide con la agenda jaleada de forma permanente por Vox.
Ante esta situación lo que quedaba era buscar fórmulas para intentar redirigir el movimiento: difusión de camisetas con mensaje más ajustado (Educación pública), fomentar las asambleas de centro como lugares de debate y de autoorganización, difusión por redes sociales de los acuerdos adoptados en algunas asambleas en forma de acta, para ampliar el número de centros incorporados a la lucha, la propuesta de encierros, etc. Con ello se buscaba fomentar un deslizamiento hacia formas tradicionales de encuentro y lucha, con la idea de vaciar en lo posible unas redes sociales hegemonizadas por una maestra, autoproclamada representante máxima del profesorado, de la que existen abundantes datos en la red por su vinculación con Vox, con su grupo parlamentario y otros personajes de extrema derecha.
Buscar la hegemonía desde el núcleo de unidad sindical llevó a potenciar el discurso sobre la defensa de la Escuela Pública interceptando las referencias a la concertada, lo que ayudó a una mejor comprensión social de los objetivos de la movilización y también sobre los elementos culturales propios asturianos frente al nacionalismo españolista y estrecho de Vox. Estas referencias causan frustración en una extrema derecha que no puede adjudicarse ningún triunfo y ve cómo su margen se estrecha debido a la clarificación de los objetivos en torno a la defensa del sistema escolar público, sustentada en unos rasgos tradicionales que detestan en su mayor parte.
Durante los periodos de acompañamiento, mientras se desarrollaron las negociaciones, el sector ultra fue evolucionando hacia posiciones antisindicales más agresivas que quedaron reflejadas en la prensa y actitudes hooliganescas que fueron respondidas por el resto de manifestantes al grito de Esto ye una fuelga, non ye una fiesta.
El carácter de la movilización
Uno de los aspectos más llamativos de todo esto estriba en intentar caracterizar el tipo de movilización que se ha producido y quienes han sido sus protagonistas. No es un asunto baladí si tenemos en cuenta que una sacudida similar no se había producido en los treinta años anteriores. Aunque el resultado final ha sido la aparición de un movimiento transversal que afectó a los cuerpos de Primaria e Infantil y Secundaria, llegando también al profesorado de FP, se puede afirmar que el empuje inicial provino del ámbito de Primaria y tuvo como protagonista al sector más joven de la plantilla docente. Hay que tener en cuenta que, de una plantilla que oscila en torno a los doce mil trabajadores y trabajadoras, unas cuatro mil se han incorporado en los últimos años como consecuencia de los procesos de estabilización y sustitución de jubilaciones.
Estaríamos hablando de un tercio aproximadamente de esa plantilla que se han incorporado en un momento de agudo deterioro de las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo docente con un prestigio social mínimo, de un empeoramiento de las condiciones laborales y, para el caso asturiano, unas retribuciones económicas que se sitúan en los niveles más bajos del Estado debido a la existencia de un plan de carácter neoliberal introducido en su día por los sindicatos UGT y ANPE. Este plan margina al personal docente que cuenta con menos de seis años de actividad para poder cobrar la llamada Evaluación Docente, una verdadera afrenta que no existe en ningún otro territorio del Estado que condiciona el cobro del complemento salarial a una evaluación positiva de un mecanismo que tiene muchos elementos subjetivos (la evaluación la realiza el equipo directivo del centro donde se trabaja). El resultado de este sistema es la existencia de una fuerte estratificación salarial entre firmantes de la Evaluación Docente, del primer o del segundo tramo, de Primaria o de Secundaria (se cobran cantidades diferentes) y quienes voluntaria o involuntariamente no están incorporados al Plan. En resumen, seis niveles salariales diferentes por realizar el mismo trabajo que en los casos extremos suponen hasta 500 euros de diferencia. Desde su implantación SUATEA y Comisiones Obreras hemos defendido la necesidad de revocar ese Plan. En SUATEA hemos planteado como alternativa una homologación con otros territorios del Estado y un reparto igualitario, lineal, para todo el profesorado, independientemente de antigüedad y nivel.
Quienes impusieron este plan nunca pensaron que podría llegar un momento en el que por rejuvenecimiento de la plantilla íbamos a encontrarnos con un tercio de la misma excluido y una retribución salarial claramente discriminatoria. Ni que decir tiene que la homologación se convirtió desde el inicio en una de las aspiraciones del movimiento huelguístico. En el acuerdo alcanzado se observa la incomodidad que genera este Plan que no defienden ya sus impulsores. Se ha tomado una solución parcial: habrá un complemento especial para quienes llevan menos años en plantilla. Sin duda, una concesión temporal que no impedirá que la reivindicación se centre en el desmantelamiento definitivo del mismo.
Junto a esta reivindicación aparecieron otras muchas que dan cuenta del estado lamentable en el que se encuentra la Escuela Pública asturiana. Básicamente, se trata de reivindicaciones que afectan a la dotación de presupuestos que permitan incrementar las plazas de personal docente dedicado a la atención a la diversidad para el alumnado con mayor riesgo de exclusión, creación de aulas de inmersión lingüística en las que acoger a aquel sector del alumnado de incorporación tardía y que carece de herramientas para poder integrarse en condiciones al trabajo en las aulas. De la transversalidad del movimiento dan idea las múltiples peticiones puestas encima de la mesa: desdobles para trabajar en talleres (Formación Profesional) y en laboratorios (Secundaria), necesidad de personal de PTSC, que son quienes se encargan de trabajar con todas las partes de la comunidad educativa. Aunque no se tocan las ratios, se valorará la presencia en aulas de alumnado con necesidades educativas de forma que se tengan en cuenta a la hora de confeccionar los grupos. Habrá personal administrativo para escuelas rurales y dirección unipersonal por citar algunos de los aspectos más relevantes.
En total, estas medidas suponen algo más de cuarenta millones de euros, una cantidad no despreciable. Lamentablemente, su aplicación no podrá ser inmediata. Irán entrando en vigor de forma escalonada durante lo que queda de legislatura. Es evidente que se mantienen muchos aspectos sin cubrir pero las medidas adoptadas tendrán cierta trascendencia, aunque para que sea así habrá que controlar su aplicación y los tiempos de implantación. Ahora bien, todo esto no ha impedido la aparición de un grupo ruidoso, presente en redes sociales, cuya trascendencia tendremos que ir viendo con el tiempo, que se plantea un rechazo frontal contra el acuerdo y califica de vendidos a los sindicatos firmantes autoerigiéndose como los verdaderos depositarios del espíritu de la movilización.
Durante todo el tiempo que ha durado el movimiento, los mensajes antisindicales han sido continuos. A través de CSIF se han abierto las puertas a un discurso de carácter trumpista hasta ahora inexistente en el ámbito docente. Tenemos por delante una batalla cultural para ver quién se lleva el favor de esas nuevas generaciones docentes caracterizadas por su desideologización y despolitización.
Desde luego, una primera tarea que deberían emprender los sindicatos de clase es explicar dónde está el origen y quiénes son los responsables de medidas tan indignas como el Plan de Evaluación docente ya señalado. Igualmente habrá que hacerles ver que alguna responsabilidad en el deterioro de la Escuela Pública asturiana puede residir en la práctica del CSIF de secuestrar la Mesa sectorial de Enseñanza (donde no pintan nada) hacia una Mesa General en la que cuentan con un peso político mayor. Con esta actitud tan oportunista CSIF demuestra que su interés por la situación educativa es bastante escaso…. Y aquí hay que añadir la connivencia de una Consejería que se deja presionar y renuncia a mantener lo que debería ser el órgano sectorial de negociación por naturaleza. El deterioro alcanzado está en proporción directa con la dejación de una Mesa sectorial en la que participan quienes realmente conocen cuáles son los problemas en el mundo de la educación.
A un panal de rica miel…
El final abrupto del conflicto ha dejado una estela de sorpresa e insatisfacción a la vez. Sorpresa para quienes pensaban en una huelga indefinida sin una solución clara en el horizonte. ¿Cómo mantener una huelga indefinida en periodo vacacional? Y de insatisfacción porque en medio de una potente movilización la idea de que todo es posible hace que para algunas personas lo logrado sea poca cosa.
Para las organizaciones de clase se trata de un buen acuerdo, siempre mejorable, al que habrá que hacer un seguimiento para garantizar su cumplimiento. Claramente, se pueden poner reparos pero viniendo de un largo periodo de desmovilización, con un final de curso en puertas y con un sistema legal que no permite coger una parte, rechazar otra o hacer un cambio de cromos, la opción era clara. Aceptar la oferta, encastillarse en su defensa y cumplimiento y preparar las bases para el inicio del curso siguiente. Hay reivindicaciones pendientes, sobre todo las que afectan a Secundaria, se mantiene la lucha contra la Evaluación Docente y muchos otros aspectos.
Ante esta perspectiva, todas las corrientes políticas y sindicales tienen algo que decir. Nadie quiere quedar al margen de una movilización que ha sacudido al conjunto de la sociedad. Ha manifestado su rechazo al resultado final la CNT, que acompañó la movilización aunque no cuenta con presencia en el sector. Sus argumentaciones se reducen a poner en valor su modelo sindical asambleario y contrario a la participación en elecciones y comités. Desde la izquierda tradicional han surgido dos posiciones críticas diferenciadas. Una hace un análisis que parte de la existencia de un movimiento que está por desarrollarse y en el que habría que intervenir minusvalorando la presencia e importancia de elementos trumpistas y agitadores ultras. La otra sitúa sus críticas en el marco de la legitimación del resultado. Según su punto de vista, habría que impulsar un referéndum para toda la plantilla. Pulcritud democrática podríamos decir. Sin embargo, las condiciones existentes en estos momentos no permiten realizar esa propuesta con garantías.
En esta posición coinciden con CSIF que ha optado por desmarcarse del acuerdo y rechazarlo.
La posición de CSIF es un rompecabezas. Impulsa una huelga indefinida pero desconvoca la suya. Participa en la negociación pero rechaza el acuerdo. Para Vox, padrinos de CSIF, el acuerdo no es bueno pero… pide eso mismo para la concertada ergo tan malo no debe ser.
Queda por ver qué va a ocurrir con el grupo nucleado alrededor de las redes sociales. La posibilidad de trabajar en su seno parece complicada. De hecho, con las discusiones tras hacer público el acuerdo final, comenzaron a bloquearse las aplicaciones, a expulsar a participantes del grupo y demás.
Evidentemente, la mayoría de la gente que ha participado ahí no es de extrema derecha aunque su presencia se convierte en el caldo de cultivo para que esas ideas progresen, simplemente porque ese grupo trumpista está organizado y el resto de participantes son simples peones. Para trabajar con este sector (o frente a él) habrá que impulsar asambleas de centro, debates cercanos, en ámbitos de confianza, directos y presenciales donde cada argumento tendrá su réplica. La situación será diferente según niveles. En Secundaria, donde las organizaciones de clase han estado presentes desde el inicio de la huelga, el ambiente es mejor que en Primaria donde existe, por el momento, un resentimiento mayor: victimismo por pretendido abandono, traición por firmar acuerdo, rechazo simplista que refleja enfado con el mundo.
El futuro de este grupo está por ver. De momento, existe una voluntad de continuidad lo que les llevaría a un proceso de autoorganización, sin duda a partir de redes sociales. Llegar al conjunto de los centros es más complejo. En sus primeros debates discuten ya si organizar una nueva fuerza sindical frente a las propuestas de entrar en CSIF o afiliarse masivamente a una organización sindical ya existente, de base asamblearia, para imponer en ella su programa y ritmos. Al momento de cerrar este artículo, se debaten entre recoger firmas en Change.org (cualquiera puede ser docente por un día), impulsar un modelo de elección de delegados para negociar con la Consejería evitando a los sindicatos (renacimiento soviético) pero eso sí, desconociendo que hoy por hoy, la legislación impone un modelo de representación que pasa por elección para comités de empresa o juntas de personal. Su idea de un grupo Telegram con modelo aclamatorio y sin censo está llamada a tener un dudoso recorrido.
Tino Brugos es miembro de la redacción web de viento sur y del Secretariado del SUATEA.
Fuente: https://vientosur.info/huracan-en-la-educacion-publica-asturiana/