Según anunciaron fuentes de la compañía eléctrica la iniciativa no saldrá adelante si se trata de un ataque al derecho internacional. En ese sentido expresaron su respeto por la opinión de los saharauis sobre este asunto, una población expulsada y refugiada de Tindouf desde hace más de treinta años. Marruecos se queda de ese modo, […]
Según anunciaron fuentes de la compañía eléctrica la iniciativa no saldrá adelante si se trata de un ataque al derecho internacional. En ese sentido expresaron su respeto por la opinión de los saharauis sobre este asunto, una población expulsada y refugiada de Tindouf desde hace más de treinta años.
Marruecos se queda de ese modo, y por el momento, sin poder completar su programa de energías renovables en el territorio ocupado del Sahara Occidental.
El aprovechamiento de un territorio sobre el que no tiene absolutamente ningún derecho, no haría más que legitimar y fortalecer a la dictadura alauita. Así lo entendió el presidente de la Asociación Western Sahara Resource Watch, Javier García Lachica, para quien un parque eólico en la capital del antiguo Sáhara español «contribuiría en la financiación de Marruecos de sus altos costes militares de la ocupación» y por supuesto sería una coyuntura perfecta para el gobierno de Marruecos en su obsesión por apropiarse de un territorio, que espera pacientemente la autodeterminación y sobre el que la Comunidad Internacional tiene toda responsabilidad política.
Por su parte, el representante del Polisario ante las Naciones Unidas, Ahmed Bujarí, consideró hace unos días que «Marruecos busca una forma de reconocer la presencia ilegal que no ha sido aprobada por ningún país del mundo», por eso «espero que esta compañía de tanta envergadura [en referencia a Iberdrola], no arriesgue su prestigio vulnerando la ley internacional».
De hecho, la cuestión del Sáhara se discute ahora en Nueva York en unas conversaciones entre Marruecos y el Polisario bajo los auspicios de la ONU. La segunda ronda de negociaciones, que se retomará el próximo 10 de agosto, no debe perder de vista el derecho del pueblo saharaui a la descolonización, y hasta que esto no ocurra, cualquier maniobra del Gobierno marroquí en nombre de los habitantes del territorio ocupado, será constitutivo de delito.
La decisión de Iberdrola no habrá caído nada bien al régimen de Marruecos. Un traspiés a su ocupación y a su política de explotación de los recursos naturales saharauis como es el caso de los fosfatos.
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