No nos confundamos. Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de un «ambiente favorable», se refiere a los negocios, a un ambiente favorable para la inversión extranjera directa, por medio de las operaciones de bolsa, o indirecta, a través de las operaciones de compañías transnacionales. Las esporádicas referencias al medio ambiente en sus préstamos, donaciones, […]
No nos confundamos. Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de un «ambiente favorable», se refiere a los negocios, a un ambiente favorable para la inversión extranjera directa, por medio de las operaciones de bolsa, o indirecta, a través de las operaciones de compañías transnacionales. Las esporádicas referencias al medio ambiente en sus préstamos, donaciones, documentos y estrategias, son funcionales a sus clásicas recetas basadas en programas de ajustes y estabilización, que bien aplicados, nos deben conducir al desarrollo sostenido, entendido claro está, en términos de crecimiento continuo del PBI. El FMI sigue creyendo, o insiste en hacernos creer que hay un círculo mágico o «virtuoso» en el cual el crecimiento económico «sostenido» reduce la pobreza e incrementa los recursos disponibles para mejorar el medio ambiente. Círculo que además, se retroalimenta por sí mismo (1). Algo así como la mano invisible de Adam Smith.
El mismo FMI confiesa que no tiene en cuenta problemas ambientales ya que está limitado por su mandato y por la poca preparación de su personal en tales temas[MA1]. Esta institución argumenta especializarse «solamente en temas referentes a políticas macroeconómicas, monetarias, comerciales y fiscales a nivel nacional e internacional[MA2]», y que son otras las organizaciones, tales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas o los bancos de desarrollo regional, las que «están mejor equipadas» para lidiar con los problemas del medio ambiente[MA3]» (2). De esta manera, el FMI elude toda responsabilidad por los impactos ambientales generados por sus programas de estabilización y ajuste estructural.
Ya se han cumplido 3 décadas desde los primeros experimentos de ajuste estructural implementados por las sangrientas dictaduras de Uruguay, Chile y Argentina allá por mediados de los setenta. Desde allí, y sin distinciones de carácter histórico, geográfico, cultural o social, el FMI ha venido imponiendo una receta única para todo país que intenta acceder a sus fondos, la que supuestamente apunta a lograr crecimiento económico. El FMI aprovecha la oportunidad para imponer programas de ajuste estructural y estabilización como condicionalidades para la obtención de sus préstamos. Los mismos incluyen la implementación de medidas destinadas a superar el déficit presupuestario mediante el recorte del gasto público, como también la implementación de procesos de privatización, desregulación de la economía incluyendo la liberación comercial y financiera, y un crecimiento económico basado en el aumento de las exportaciones. Estos ajustes conllevan una reforma estructural del Estado, la cual permite la eliminación de las barreras que impiden el acceso y la creación de un ambiente favorable para la inversión extranjera. Tales «barreras» incluyen todo tipo de regulación social (incluidas medidas de protección laboral y ambiental). En resumen, cuando un país con dificultades en su balanza de pagos y al borde de la bancarrota se ve forzado a aceptar la «asistencia» financiera del FMI, en realidad comienza a sumergirse en un proceso de pérdida de control de sus recursos (entendidos en sentido AMPLIO) y soberanía.
Protestas y movilizaciones de comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y estudios de caso de organizaciones ambientalistas han demostrado una y otra vez que en la mayor parte de los países clientes del FMI no sólo no se han alcanzado los objetivos de desarrollo, sino que el resultado general de esas políticas sobre el medio ambiente, ha sido devastador (3). Y los ecosistemas boscosos no escapan a la regla. En el año 2002, un estudio de American Lands Alliance concluyó que los créditos y las políticas del FMI provocaron un notable aumento de la deforestación en países de gran riqueza biológica de América Latina, Asia y África. El estudio señala que la estrategia del FMI de promover el crecimiento basado en exportaciones e inversión extranjera, y a la vez presionar a los países para que recorten su gasto en programas ambientales, ha acelerado la deforestación. El FMI parece haber promovido la tala de bosques amenazados en Brasil, Camerún, Chile, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Costa de Marfil, Madagascar, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, Rusia y Tanzania.
La respuesta a este informe por parte del FMI fue que el mismo parecía basarse en información «vieja o incorrecta». El Fondo argumenta haber incorporado condiciones que requieren la reforma de políticas forestales -destinadas a reducir la tala ilegal y fortalecer la protección de los bosques-, y que incluso ha suspendido sus préstamos a varios países, en un intento por detener la tala ilegal y la deforestación (4). Pero la verdad es que hasta ahora el Fondo se niega a reconocer el impacto ambiental de sus programas de ajuste estructural.
El estudio señala por ejemplo que en Brasil, cuyas selvas tropicales representan un tercio de todos los bosques húmedos que quedan en el planeta, el gobierno redujo en casi dos tercios el gasto en programas ambientales, como condición de un acuerdo por un paquete de emergencia de 41.500 millones de dólares firmado con el FMI en 1998. Esto implicó la reducción presupuestal y 10 de los 16 programas ambientales de Brasil dejaron de aplicarse, varios de ellos destinados a hacer cumplir las normas de explotación forestal y protección de los bosques.
El FMI logró que Camerún, uno de los países con mayor diversidad biológica de África, devaluara su moneda y rebajara los impuestos a las exportaciones de productos forestales. «Esto volvió más rentable la explotación forestal y aumentó el número de especies comercialmente viables, lo que incrementó el volumen talado por hectárea». En consecuencia, el número de empresas forestales con operaciones en Camerún aumentó de 177 a 479 entre 1990 y 1998, frente a apenas 106 en 1980, con el resultado de que más del 75 por ciento de los bosques del país han sido talados o lo serán en breve.
En Papúa Nueva Guinea, que alberga 1.500 especies de árboles, 200 especies de mamíferos y 750 de aves, la mitad de ellas endémicas, el recorte del gasto público resultó en el desmantelamiento del Departamento de Ambiente y Conservación. Para incentivar a la industria maderera, el FMI logró que se redujeran los impuestos a las exportaciones forestales de 33 por ciento a entre 0 y cinco por ciento en 1998. El resultado no se hizo esperar: varias de las gigantes compañías forestales de Malasia se establecieron de inmediato en Papúa Nueva Guinea, afectando gravemente a los bosques del país.
El FMI, que responde principalmente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no ha hecho ningún viraje sustantivo para mejorar la situación. Apenas si ha reconocido que sus políticas tienen algún impacto en la pobreza, lo que ha significado un cambio de maquillaje en los programas de ajuste estructural. Nada sobre políticas que favorezcan al medio ambiente. El pasado 11 de junio los Ministros de Finanzas del Grupo de los 8 (Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Rusia) hicieron pública una declaración sobre «Desarrollo y Deuda» que incluye una propuesta de cancelación de deuda multilateral que sería presentada a las Reuniones Anuales del FMI, Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo en septiembre de 2005. La cancelación de deuda multilateral propuesta está todavía ligada al acatamiento de los condicionamientos que exacerban la pobreza, la sobreexplotación y el saqueo de los recursos naturales y perpetúan la dominación sobre el Sur. En la cancelación de deuda no se conmuta ninguna restitución y/o reparación por la esclavitud y la colonización, el saqueo de la riqueza y recursos naturales, la explotación laboral, ni la destrucción humana, social y ecológica en el Sur causada por las actividades económicas, operaciones militares y guerras que protegen los intereses de la cleptocracia internacional (5).
El silencio de los tecnócratas del FMI, producidos por universidades como Harvard y sus pares, no es una mera casualidad. Ellos han sido entrenados en función de un solo objetivo: suprimir las barreras que dificultan el acceso y control de las grandes empresas a los recursos naturales del planeta. O tal vez para la perpetuación del déficit comercial de Estados Unidos destinado a financiar los negocios de la cleptocracia mundial. Una vez más el fin justifica los medios: se firman cartas de intención, se organizan talleres para construcción de capacidad técnica, se extorsiona con amenazas de cierre de acceso a los mercados del capital internacional, se reprime a quien tenga el coraje de oponerse a este modelo de desarrollo neoliberal. Los actores son poderosos y conocidos: los gobiernos de los países ricos del Norte, las multinacionales, el FMI, la OMC, los bancos multilaterales y las elites y oligarquías corruptas del Sur. El resultado no se puede llamar de ningún modo desarrollo, no si es a costa de la destrucción de ecosistemas saludables, el empobrecimiento y marginación de las comunidades que los habitan o que dependen de ellos para su supervivencia, y la perpetuación a todo costo del actual sistema de producción global.
El Banco Mundial, los bosques y los pueblos de los bosques: políticas, impactos e implicaciones (2)
Nuevas políticas, viejos problemas. Ya desde la década de 1970 el Banco Mundial viene esforzándose para definir una forma de encarar los bosques que reconcilie su declarado compromiso de aliviar la pobreza con su promoción del «desarrollo» a través de modelos verticales de crecimiento y comercialización. Los modelos de desarrollo de libre mercado, fundados en el derecho a la propiedad privada, no concuerdan con las formas convencionales de encarar la actividad forestal. Desde principios del siglo dieciocho, el modelo dominante de «silvicultura científica» europeo se ha opuesto a la libre actuación de las fuerzas del mercado, reservando los bosques para intereses estratégicos definidos por el Estado. Esto supone el control estatal de las reservas forestales, en tanto «bienes públicos», del que están excluidas tanto las comunidades locales como (por lo menos en teoría) las industrias destructivas. Hace tiempo que los ministerios de Silvicultura, a favor del control estatal y la propiedad pública, y los ministerios de Agricultura, a favor de la propiedad privada y el libre mercado, desconfían unos de otros.
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La primera vez que se impuso este modelo de «silvicultura científica» a un país en desarrollo fue en la década de 1840, con los británicos en Birmania. Desde entonces, en los bosques tropicales la política económica ha estado dominada por relaciones, demasiado cercanas para ser saludables, entre los organismos estatales, que controlan los bosques, y los madereros a gran escala dispuestos a sobornarlos para acceder a la madera. Por lo tanto, la «silvicultura científica» no solamente ha favorecido la corrupción y la connivencia; también ha llevado al soborno institucionalizado, de ahí que una parte sustancial de las ganancias producidas por la madera va a parar a las cuentas bancarias de políticos y sus redes patrimoniales y, en las llamadas democracias de hoy día, partidos políticos. La penetración de la corrupción y la exclusión social en el sector forestal han sido tan graves que los objetivos de la «silvicultura científica», de reservar bosques para producir madera con fines estratégicos y garantizar los servicios ambientales, han sufrido una derrota total. Los bosques han sido explotados en aras de las ganancias de las elites comerciales y esto ha tenido severas consecuencias sociales y ambientales.
Esta forma de silvicultura no solamente está plagada de «ineficiencias» económicas (que los economistas del Banco Mundial encuentran de tan mal gusto) sino que ha impuesto una onerosa carga a las comunidades locales y los Pueblos Indígenas, a quienes se privó de sus derechos al establecerse las reservas forestales del Estado, al punto de que la contradicción entre la actividad forestal y los pobres es tan cruda que hasta el Banco Mundial tuvo que darse por enterado. A partir de los años 1980 la solución preferida del Banco Mundial ha sido entonces promover por un lado enfoques del sistema de concesiones basados en el mercado (a través de medidas como la licitación competitiva, la transparencia del mercado o la revocación de prohibiciones del madereo) y por el otro la «silvicultura social», en general fuera de las reservas forestales. La «silvicultura social», basada en el modelo chino de plantaciones masivas a cargo del campesinado dirigido por el Estado, pretendía brindar a la población rural por lo menos algunos productos forestales. Sin embargo, en países más capitalistas pronto se descubrió que estas plantaciones podían diseñarse para beneficiar a las fábricas de celulosa y las industrias papeleras más que a los forestadores locales, cuya mano de obra fue cooptada y así se ocuparon de mudas y plantines pero prácticamente no tuvieron acceso a los árboles una vez que éstos maduraron.
Fue recién a mediados de la década de 1980 que los movimientos ambientalistas y por la justicia social impugnaron el enfoque del Banco Mundial respecto de los bosques. En cuanto quedó claro que el Banco Mundial estaba financiando la destrucción masiva de los bosques tropicales y los Pueblos Indígenas (mediante planes colonizadores, plantaciones, represas, minas, construcción de carreteras y agronegocios), éste prometió reformas. Estableció un nuevo departamento ambiental, adoptó lo que llegó a llamarse «políticas de salvaguardia» (procedimientos obligatorios cuyo fin es proteger de los peores impactos a los ambientes y grupos sociales más vulnerables) y anunció que su objetivo era promover el «desarrollo sustentable», un concepto contradictorio que se hizo famoso gracias a la Comisión Brundtland.
Sin embargo, en realidad las ONG no empezaron a centrarse en la política forestal del Banco Mundial hasta que en 1986 se reveló el Plan de Acción de Bosques Tropicales (TFAP), una propuesta del Banco Mundial, la FAO, el PNUD y el World Resources Institute para lanzar US$ 7 mil millones de ayuda monetaria a la actividad forestal tropical. Esto iba a ser más de lo mismo: más madereo comercial, más plantaciones según el modelo de Aracruz en Brasil y más silvicultura social vertical del tipo que estaba desposeyendo a los campesinos y cubriendo los mal llamados ‘eriales’ de India con un mar de Eucalyptus. Una respuesta de las ONG fue fundar el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, que surge en respuesta al TFAP durante una conferencia internacional realizada en 1986 en Malasia.
La indignación fue tanta y las pruebas reveladas por las ONG tan concluyentes que, en 1990, la cumbre del G-7 llamó a la reforma del TFAP, que pronto se desintegró. Durante un corto período la voz crítica de las ONG fue tan fuerte que, cuando quedó claro que prácticamente no había en el mundo un solo ejemplo de manejo sustentable de los bosques tropicales, el Banco se vio obligado a adoptar una política forestal basada en un enfoque de precaución respecto de la explotación de los recursos naturales; esto ocurrió en 1991. En ausencia de cualquier prueba de la sustentabilidad del madereo en los bosques tropicales, la nueva «política forestal» prohibió al Banco Mundial financiar proyectos que dañaran los bosques tropicales húmedos primarios.
La Ley del Mercado: divide y reinarás. Desgraciadamente, las ONG no se mantuvieron firmes en su rechazo a los modelos de mercado para la reforma forestal. Es cierto que algunas, como el WRM, dieron prioridad a enfoques alternativos de los bosques basados en la restitución de los derechos de los Pueblos Indígenas, la reforma agraria para hacer justicia a los campesinos y los pobres y sin tierra del campo, la promoción del sustento local, la justicia entre los sexos y el autogobierno. Sin embargo muchas otras, con inclusión de grandes organizaciones conservacionistas como el WWF, se sintieron atraídas por la posibilidad de aprovechar las fuerzas del mercado para incentivar al sector privado a manejar los bosques en forma «sustentable», lo que a su vez, esperaban, traería las reformas para el sector forestal. El resultado inmediato fue el Consejo de Manejo Forestal, establecido 1993; si bien entre sus principios y criterios figura la fuerte protección de los derechos de las comunidades locales, los Pueblos Indígenas y los trabajadores, llevó a la rehabilitación del sospechoso concepto de Manejo Forestal Sustentable. En 1998, el WWF y el Banco Mundial anunciaron una nueva «Alianza Forestal» conjunta dedicada a promover para 2005 la certificación de 200 millones de hectáreas de bosques en países que el Banco Mundial se había fijado como objetivo. El Banco Mundial había vuelto al juego forestal.
El Banco Mundial seguía teniendo el problema de que su estrategia forestal de 1991 no era realmente compatible con un enfoque de los bosques basado en el mercado. Sin embargo, ahora que las ONG estaban divididas, el Banco se embarcó en una compleja maniobra pensada para legitimar su regreso a la promoción del madereo de los bosques tropicales y las reformas basadas en el mercado. Llevó a cabo un prolongado proceso de revisión de la instrumentación y desarrollo estratégico de su Política sobre Bosques, inició consultas regionales extensivas, encargó una serie de documentos para examinar asuntos importantes como la reducción de la pobreza, los Pueblos Indígenas y el manejo comunitario de los bosques para llegar a la conclusión, impugnada pero nada sorprendente, de que era hora de volver a la explotación forestal igual que en las décadas de 1970 y 1980: promoviendo reformas de la industria forestal basadas en el mercado y haciendo al mismo tiempo «forestería comunitaria» para demostrar que todavía le preocupaba la pobreza. Se levantó la prohibición de financiar el madereo en los bosques tropicales húmedos primarios y el enfoque precautorio se dejó de lado.
La nueva Estrategia y su política asociada, adoptadas en 2002, ponen todavía más énfasis que antes en el mercado. Se promoverán nuevos mercados para servicios ambientales, junto con mercados para la madera «verde», que esta política pretende alcanzar mediante la certificación voluntaria. También se está promoviendo el comercio de carbono a través del nuevo Fondo de Biocarbono del Banco.
Tal como se detallara en la edición de abril del boletín del WRM (Nº 93), las inversiones recientes del Banco Mundial desatadas por la nueva política están causando graves problemas: la expansión de inversiones dañinas tanto social como ambientalmente en plantaciones, agronegocios y falsos sumideros de carbono y los esquemas verticales de forestería comunitaria que pisotean los derechos de los Pueblos Indígenas. Mientras tanto, en las operaciones forestales sustentables certificadas por el Banco los ejemplos de mejores prácticas no se ven por ninguna parte.
Mercados sin derechos. Nadie debería sorprenderse de que el Banco Mundial prefiera un enfoque de mercado al tratar el tema de los bosques, pero lo que el enfoque del Banco Mundial tiene de realmente incoherente es el tratamiento de los derechos a la propiedad de los pobres. Por supuesto que las ONG tienden a argumentar a favor del reconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales sobre la base de los derechos humanos y la justicia natural, pero economistas capitalistas como De Soto han subrayado también que el desarrollo no puede funcionar a favor a los pobres si no hay un marco fuerte para la protección de los derechos de propiedad.
Como señaló Adam Smith, filósofo del libre mercado del siglo dieciocho, para que los «mercados libres» funcionen el Estado debe, en la mayor medida posible, «poner a cubierto de la injusticia y de la opresión a todo ciudadano por parte de otro miembro de la misma…» y para eso ha de «establecer una exacta justicia entre sus pueblos». Smith concluye que el imperio de la ley es necesario para proteger la propiedad privada y que esto debe hacerse en forma justa para no «exacerbar la indignación de los pobres», resultante en el peligro de que «el gobierno civil, en la medida en que se instituye en aras de la seguridad de la propiedad, en realidad se instituya para que los ricos se defiendan de los pobres» (Adam Smith, La riqueza de las naciones).
Aun así, la nueva «Política sobre Bosques» del Banco Mundial, basada en el mercado, cae en esta misma trampa. El Banco Mundial señala que alrededor de 1.200 millones de personas pobres en el mundo entero dependen de los bosques para obtener agua, leña que se utiliza como combustible y otros elementos fundamentales para su sustento. De estas personas, cerca de 350 millones dependen enteramente de los bosques; de éstas, apenas 60 millones han sido clasificadas como «Pueblos Indígenas» por el Banco. Aunque la nueva política sobre bosques exige que los proyectos de madereo financiados por el Banco garanticen «el reconocimiento y el respeto de los derechos de propiedad y uso de la tierra documentados jurídicamente o consuetudinarios», tales protecciones no se extienden a los pueblos que sufren los impactos de otros proyectos financiados por el Banco que afectan a los bosques, como represas, minas, carreteras, planes de colonización, agronegocios y plantaciones. En lugar de tratar directamente estos problemas, el Banco Mundial dijo que resolvería estas cuestiones más amplias sobre la tenencia de la tierra en su Política Revisada sobre Pueblos Indígenas, a pesar de que dicha política está dirigida a aproximadamente el 5% de los 1.200 millones de personas que, según estima el Banco Mundial, dependen de los bosques. En efecto, el Banco Mundial está dispuesto a imponer su política de mercado para el «desarrollo» de bosques y plantaciones sin tratar el asunto de los derechos de tenencia de unos 1.100 millones de personas que dependen de estos bosques para su bienestar.
Además, incluso la política sobre Pueblos Indígenas, aprobada finalmente por el Banco Mundial en mayo de 2005, ofrece protecciones muy inciertas. Aunque la política constituye una leve mejoría con respecto a los borradores para la discusión publicados a lo largo de los últimos cuatro años, la nueva política no pide el reconocimiento pleno de los derechos territoriales. Lo único que exige a los gobiernos beneficiarios del préstamo es que establezcan un «plan de acción» para iniciar sea el total reconocimiento legal de los sistemas existentes de tenencia consuetudinaria de tierras, o bien un proceso de conversión de los derechos consuetudinarios en derechos de propiedad, o bien medidas para el reconocimiento legal de los derechos de uso de larga data.
Los Pueblos Indígenas no quedaron contentos con la nueva política. Una declaración firmada por muchas de las principales organizaciones de Pueblos Indígenas que participaron en el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas en mayo de 2005 señala al respecto de la nueva política del Banco Mundial que:
«Esta política revisada recientemente ha hecho progresos importantes en muchas esferas, como la exigencia de que el desarrollo comercial de los recursos culturales y conocimientos de los Pueblos Indígenas afectados esté sujeto a su consentimiento previo. Sin embargo, seguimos estando extremadamente preocupados porque estos Bancos Multilaterales de Desarrollo no reconocen los derechos consuetudinarios de los Pueblos Indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales, ni tampoco su derecho al libre consentimiento previo informado; también nos preocupa la degradación de normas internacionales a leyes nacionales que han llevado a cabo».
En particular, los Pueblos Indígenas se han inquietado con lo ocurrido con su exigencia de reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas en relación con los proyectos propuestos para sus tierras consuetudinarias; la misma fue convertida en una exigencia de «consulta libre, previa e informada» resultante en un «amplio apoyo de parte de la comunidad». Según la nueva política del Banco, dicha consulta y la evaluación del «amplio apoyo de parte de la comunidad» serán realizadas por el gobierno beneficiario del préstamo, no implican el derecho de la comunidad a vetar el proyecto y solamente serán verificadas por el Banco a través del análisis de los documentos proporcionados por el gobierno.
Todo esto deja demasiado lugar para que se impongan proyectos sin que se respeten adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas a sus tierras y a la autodeterminación. Como señaló el activista canadiense por los derechos indígenas Arthur Manuel:
«La consulta suena bien, pero no sirve para nada. Es un mecanismo para permitir el robo definitivo de nuestras propiedades indígenas sin costo alguno. El consentimiento previo e informado significa reconocer nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra forma de vida».
«Abiertos a los negocios»: como la Corporación Financiera Internacional subsidia a la industria de la celulosa y el papel (3)
Desde su fundación en 1956, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha otorgado más de US$ 44 mil millones de sus propios fondos y movilizado otros US$ 23 mil millones en forma de préstamos a 3.143 empresas en 140 países. Según su declaración de principios, la CFI existe para promover «inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo como una manera de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente».
Pero al dirigirse a la industria, los funcionarios de la CFI dejan entrever a veces el verdadero propósito de la institución. «Estamos abiertos a los negocios», anunció Tatiana Bogatyreva, jerarca en el sector de inversiones de la CFI, durante una conferencia sobre la industria del embalaje realizada en Moscú este mismo mes. La conferencia fue organizada por el Instituto Adam Smith, un grupo de presión de extrema derecha a favor de la privatización, e incluyó sesiones con nombres como «El embalaje como herramienta de marketing» y una «Mesa redonda del champán» con ejecutivos de la industria del embalaje. Bogatyreva declaró en la conferencia que la CFI está dispuesta a financiar más proyectos en el sector del embalaje.
A diferencia del resto del Grupo del Banco Mundial, la CFI otorga préstamos directamente a las empresas, no a los gobiernos. Los beneficios para las empresas son claros. Además de financiación barata a largo plazo, la CFI brinda asesoramiento sobre mercados emergentes, sectores industriales y estructuración financiera. Y la CFI puede ayudar a movilizar fondos de bancos comerciales para financiar los proyectos, así como brindar apoyo financiero a las empresas a través de la compra de acciones..
Durante varias décadas la CFI ha sido un importante patrocinador de proyectos de celulosa y papel en todo el mundo. Hace pocos meses la CFI aprobó préstamos para proyectos de celulosa y papel en Pakistán, China, Brasil, Jordania y Kirguistán. La CFI tiene un papel importante en la financiación de la expansión del sector forestal industrial en China.
En setiembre de 2001 la CFI otorgó préstamos por un total de US$ 25 millones a dos subsidiarias de la corporación Sino-Forest para la construcción de fábricas relacionadas con la madera y la compra de plantaciones en China. Las plantaciones de la empresa canadiense Sino-Forest abarcan unas 240.000 hectáreas en el sur del país. Actualmente la empresa está expandiendo la superficie de sus plantaciones en unas 200.000 hectáreas en la provincia de Guangdong.
En diciembre de 2004 la CFI anunció un paquete financiero para la papelera Jiangxi Chenming Paper Company, destinado a construir una fábrica de papel que produciría 350.000 toneladas anuales y una planta de celulosa asociada. Jiangxi Chenming es un emprendimiento conjunto de Sappi (Sudáfrica), Shinmoorim (Corea del Sur), Chenming Group (China) y Jiangxi Paper Industry Company Limited (China). La CFI suministrará US$ 72,9 millones en participaciones de capital y préstamos y movilizará otros US$ 205 millones para financiar el proyecto.
En junio de 2005, Stora Enso firmó con la CFI un acuerdo para un préstamo de US$ 75 millones para financiar las actividades de esta empresa en China. El dinero irá a parar a las plantaciones de eucaliptos de Stora Enso en la provincia de Guangxi, en el sur de China, y a expandir su fábrica de Suzhou.
Las empresas que reciben préstamos de la CFI a menudo declaran que el préstamo es una suerte de aprobación independiente de las actividades de la firma. Luego de que su empresa recibiera un préstamo de la CFI, Allen Chan, presidente y director ejecutivo de Sino-Forest, dijo que «la contribución de la CFI respalda a Sino-Forest en tanto uno de los líderes del manejo forestal sustentable en China».
Cuando la CFI acordó otorgar un préstamo a Stora Enso, el director de Stora Enso Asia Pacífico, Markku Pentikäinen, dijo: «Nos complace ver que inversores como la CFI aprecian nuestro enfoque de sustentabilidad tanto en las operaciones forestales como en la producción de papel. Gracias a que hace énfasis en la inversión socialmente responsable, la CFI es un buen ejemplo para otros inversores en la región».
Aunque la CFI tiene una serie de políticas que deberían significar que los proyectos se miden según normas ambientales y sociales, la realidad es que la CFI prefiere hacer negocios antes que respetar las normas.
En noviembre de 2004, la CFI aprobó un préstamo de US$ 50 millones a la gigante brasileña de la celulosa Aracruz, para financiar la expansión de las operaciones de esta empresa en celulosa y plantaciones. La CFI otorgó el préstamo a pesar de los continuados litigios territoriales iniciados contra la empresa.
En abril de 2005, representantes de 64 ONG escribieron al entonces presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, para exigir que la CFI cancelara su préstamo a Aracruz. En su respuesta, Atul Mehta, director del Departamento para América Latina y el Caribe de la CFI, desestimó las continuadas reclamaciones territoriales a la empresa y declaró que «durante la evaluación de la CFI se hizo una revisión completa de las cuestiones de litigios territoriales».
Una semana después de que Mehta enviara su carta, unos 500 indígenas Tupinikim y Guaraní cortaron miles de eucaliptos para demarcar 11.008 hectáreas de su tierra, tierra que Aracruz había cubierto de plantaciones de eucaliptos. «Con este acto», escribieron los Tupinikim y Guaraní al ministro de Justicia de Brasil, «queremos expresar a Ud. y a la entera nación brasileña que la tierra pertenece a las naciones Tupinikim y Guaraní y debe ser restituida para que podamos construir nuestro propio futuro y garantizar nuestra libertad y autonomía y el futuro de nuestros hijos y nietos».
Con su apoyo a Aracruz y al sector de la pulpa y el papel en general, la CFI deja en claro de qué se trata su negocio: otorgar dinero público para el lucro privado.
El papel destructivo de las agencias de crédito a la exportación (4)
La globalización, un proceso liderado por corporaciones a lo largo del mundo, ha tenido inmensos impactos sociales y ambientales negativos, particularmente en el Tercer Mundo. Aunque las enormes fuerzas comerciales detrás de la globalización han intentado hacer que la gente piense que se trata de algún tipo de fuerza incontrolable de la naturaleza, y que el famoso libre mercado gobierna el mundo por derecho propio, cada vez hay una mayor conciencia de que gran parte de esa devastación es financiada y apoyada por el dinero de los contribuyentes, a través de las agencias nacionales de crédito a la exportación, comúnmente conocidas por sus siglas en inglés como ECAs (Export Credit Agencies).
Las ECAs son agencias públicas del norte y constituyen la mayor fuente de financiamiento gubernamental – es decir, de los contribuyentes- para proyectos en el sur y en Oriente. A través del otorgamiento de préstamos, garantías, créditos y seguros, las ECAs permiten que compañías privadas de sus países de origen hagan negocios en el exterior.
Durante la década de 1990, el financiamiento de las ECAs promediaba entre US$ 80 y US$ 100 mil millones o más por año, aproximadamente el doble del total oficial de la asistencia al desarrollo. En todo el mundo, las ECAs sostienen actualmente actividades de comercio e inversiones por un monto estimado en US$ 432 mil millones, casi el 10 por ciento de las exportaciones mundiales. El sistema se basa en un acuerdo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tienen todos al menos una ECA, que es en general, una división oficial o cuasi-oficial del gobierno.
Actualmente, las ECAs están colectivamente entre las mayores fuentes de financiamiento público para la participación corporativa extranjera en proyectos industriales en los países del sur. Se estima que en los últimos años han brindado apoyo financiero de entre US$50 y US$70 mil millones por año en lo que se da en llamar «transacciones a mediano y largo plazo», una gran parte de las cuales son grandes proyectos industriales y de infraestructura en esos países.
Cuando un negocio se frustra, la garantía de la ECA cubre las pérdidas de la compañía privada, pero luego añade esa suma a la deuda bilateral entre el país de origen y el país receptor. Como resultado, las ECAs son actualmente responsables de hasta un 25 por ciento del total de la deuda pendiente del sur.
El tipo de proyectos que a menudo apoyan las ECAs son proyectos que incluso el Grupo del Banco Mundial y otros bancos multilaterales encuentran potencialmente perjudiciales de apoyar. Por este motivo, las ECAs tienen un papel muy importante en la expansión de proyectos rentables de (anti)desarrollo de globalización corporativa. Compiten en una carrera en la oferta de créditos con las restricciones ambientales menos estrictas posibles y a raíz de esa carrera hacia abajo, los proyectos que respaldan a menudo saquean el medio ambiente y distorsionan las vidas de las comunidades locales debido a sus impactos ambientales, políticos, sociales y culturales. Por ejemplo, las ECAs financian plantas de energía que emiten gases de efecto invernadero, grandes represas, proyectos de minería, construcción de carreteras en bosques tropicales prístinos, oleoductos, planes de plantación y explotación forestal, por nombrar algunos.
Sólo recientemente la mayoría de las ECAs adoptaron políticas ambientales comparables a las del Grupo Banco Mundial y las de los bancos regionales de desarrollo (como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo). Estas políticas fueron el resultado de un acuerdo sobre una serie de recomendaciones, denominadas los «Enfoques Comunes», adoptadas en diciembre de 2003 en el Grupo de Créditos a las Exportaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, Francia.
Las políticas ambientales del los bancos regionales de desarrollo han sido criticadas por sus debilidades, al tiempo que el Grupo del Banco Mundial parece determinado a debilitar sus propias políticas también. Por lo tanto, las débiles normas de las ECAs se basan en los débiles parámetros de los bancos regionales o del Banco Mundial, con muy poco que poder mostrar en materia de liderazgo mundial. Mientras tanto, el acuerdo de los Enfoques Comunes está lleno de vías de escape. Por ejemplo, establece que los proyectos apoyados por las ECAs deben cumplir «en todos los casos» con las normas del Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y del país receptor, a menos que una ECA «encuentre necesario» aplicar …¡normas inferiores!.
Otra característica de las ECAs es la total falta de transparencia ya que los impactos de sus proyectos no se dan a conocer a la opinión pública. Los Enfoques Comunes no exigen que las ECAs consulten a las comunidades y la sociedad civil afectada por los proyectos que financian. Según Transparencia Internacional, «sobornar a funcionarios extranjeros a fin de asegurar contratos en el exterior para sus exportaciones se ha convertido en una práctica habitual en los países industriales, particularmente en ciertos sectores como el de la exportación de equipos militares y el de obras públicas. Normalmente estos contratos son garantizados por planes de Seguros de Créditos a la Exportación (ECI por sus siglas en inglés) de carácter público o apoyados por los gobiernos (HERMES en Alemania, COFACE en Francia, DUCROIRE en Bélgica, ECGD en el Reino Unido).»
Gracias al apoyo de las ECAs, los bancos comerciales privados pueden eludir gran parte de sus responsabilidades. Como lo describiera un ejecutivo del Midland Bank a cargo de los negocios de armamento, «…antes de que adelantemos dinero a una compañía, siempre insistimos en que los fondos estén cubiertos por el Departamento de Garantía al Crédito a la Exportación (Export Credit Guarantee Department)[del Reino Unido] … No podemos perder. A los 90 días, si los iraquíes no pagaron a la compañía, paga el gobierno británico en su lugar. De cualquiera de las dos formas, recuperamos nuestro préstamo, más el interés por supuesto. Es hermoso.» (Killing Secrets: ECGD, The Export Credit Guarantee Department, Killing Secrets, 1998.)
Un ejemplo de los proyectos perjudiciales apoyados por las ECAs es la inversión en la industria de la pulpa y el papel de Indonesia, que está entre las diez más grandes del mundo. Esto ha sido posible gracias a la inversión internacional de más de US$15 mil millones durante la década de 1990.
Los dos mayores productores de pulpa de Indonesia –Asia Pulp and Paper (APP) y Asia Pacific Resources International, Ltd (APRIL)– multiplicaron por nueve su producción entre 1988 y 1999, lo que implicó un gran aumento en el consumo anual de madera para pulpa de papel que pasó de 1,8 millones de m3 a 16,7 millones de m3.
Para satisfacer la demanda de fibra para la industria de la pulpa, el gobierno indonés promueve el establecimiento de plantaciones de árboles, a pesar de los problemas sociales y ambientales que generan. Aún así, el desarrollo de las plantaciones ha ido a la zaga del aumento en la capacidad de procesamiento de la industria y los productores de pulpa pasaron a depender de una mezcla de maderas duras tropicales. Un estudio del Banco Mundial calcula que la deforestación en Indonesia avanza a un ritmo de 2 millones há/año, lo que equivale aproximadamente a la superficie del territorio de Bélgica.
Otro ejemplo de la participación de las ECAs en proyectos ambientalmente destructivos es el gasoducto de gas natural Bolivia – Brasil, con un costo total de US$2 mil millones. La construcción del gasoducto requirió la tala del bosque, y se extiende sobre unos 3.150 kilómetros, desde Santa Cruz, Bolivia hasta Mato Grosso do Sul en Brasil. Atraviesa varios ecosistemas importantes: el Gran Chaco, un área protegida de bosque tropical seco primario en Bolivia; el Pantanal, el humedal más grande del mundo; y lo que queda del bosque tropical denominado Mata Atlántica en el sudeste de Brasil.
El proyecto, con sus problemas sociales concomitantes, también tiene impactos importantes sobre las comunidades locales en Brasil y Bolivia. En Bolivia el gasoducto atravesó un número de comunidades indígenas y un área protegida gestionada por una organización indígena. En Brasil, Transportadora Brasilera Gasoducto Bolivia – Brasil (TBG) cuyos inversores incluyen a Petrobras, Transredes, Enron y Shell, es la empresa propietaria del gasoducto; Gas Transboliviano S.A., un consorcio que comprende a Transredes, Nerón, Shell y Petrobras es la compañía dueña de la porción boliviana del gasoducto.
En 1997, el Banco Mundial se convirtió en la primera agencia multilateral en financiar el gasoducto. Otros bancos multilaterales involucrados son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones (EIB). Las agencias de créditos a la exportación involucradas incluyen la agencia japonesa Japan Bank for International Cooperation (JBIC), y la agencia italiana de créditos de exportación SACE, que conjuntamente aportaron la suma de US$346 millones.
Un segundo gasoducto de 630 kilómetros comienza en Ipiás, Bolivia, donde se bifurca del gasoducto principal Bolivia – Brasil y corre en sentido noreste hacia San Matías y de allí hacia Cuiaba, Brasil. Este gasoducto atraviesa unos 200 kilómetros del bosque tropical primario Chiquitano, 100 kilómetros de humedales prístinos del Pantanal y divide en dos el Área Natural de Manejo Integrado San Matías en Bolivia, la única área protegida para el mayor bosque seco tropical del mundo y las cabeceras del Pantanal. Este proyecto es financiado por Gas Oriente Boliviano (GOB), un consorcio formado por Enron, Shell, y Transredes. En 1999, Enron obtuvo financiamiento por US$ 200 millones del gobierno estadounidense a través de una de sus agencias de créditos de exportación: la agencia Overseas Private Investment Corporation (OPIC).
El financiamiento fue aprobado a pesar de la Ley de Asistencia Exterior que prohíbe financiar proyectos en «bosques tropicales primarios». La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto al igual que científicos independientes califican a esta región como «bosques tropicales primarios». Utilizando la degradación previa para justificar una mayor degradación, Enron, el principal patrocinador del proyecto, sostuvo que se trataba de un bosque «secundario» debido a las actividades esporádicas de tala en algunas partes.
Como forma de cortar sus pérdidas en la quiebra de Enron, OPIC se retiró en febrero 2002. De todas formas, los impactos locales sobre la región de bosques de Chiquitano y la población local han sido importantes: contaminación de los recursos hídricos locales, degradación de los caminos locales, contaminación de la tierra y el aire, aumento de la criminalidad, la prostitución y la perturbación de los poblados y ciudades locales debido a los campamentos de trabajadores.
Mientras las ECAs cumplen su papel, hay cada vez más conciencia de que están muy lejos de ser vehículos potenciales del desarrollo y, que por el contrario, encarnan una forma de globalización corrupta, turbia y ambiental y socialmente destructiva. Los procesos sociales en varios países del sur se oponen a estas agencias en búsqueda de otros mundos posibles, libres de la dependencia y la alienación de comercial.
* Extractado del Boletin 95 del WRM
Referencias:
(1) Por Marta Zogbi, Amigos de la Tierra Internacional, correo electrónico: [email protected] Fuentes consultadas: 1. Ficha técnica – Abril de 2004 «El FMI y el medio ambiente», http://www.imf.org/external/; 2. «The IMF and the Environment», Ved P. Gandhi, July 28, 1998, http://www.imf.org/external/; 3. «The IMF: Funding Deforestation», Jason Tockman, American Lands Alliance, http://www.wrm.org.uy/actores/FMI/ (en inglés); 4. «FMI bajo fuego por promover deforestación», Danielle Knight, www.tierramerica.net/2002/; 5. ADITAL 22.06.05 – ARGENTINA «Respuesta de Jubileo Sur a la propuesta sobre Deuda del G8», http://www.adital.org.br/
(2) Por Marcus Colchester, Programa para los Pueblos de los Bosques, correo electrónico: [email protected]. Puede encontrarse información más detallada (en inglés) sobre las implicaciones de la Política sobre Bosques del Banco Mundial en: http://www.wrm.org.uy/actors/. Por más información relacionada véase: www.forestpeoples.org
(3) Por Chris Lang, correo-e: [email protected]
(4) Artículo basado en información obtenida de: The Shadowy World of Export Credits», Tove Selin, Aaron Goldzimer, y Roy Jones, Asian Labour Update, http://www.amrc.org.hk/; «Financial power + ECA: themes and alternatives», James Goodman, AID/WATCH and the Minerals Policy Institute, http://www.amrc.org.hk/; «What are ECA?», ECAWatch, http://www.eca-watch.org/; «Export credits: Fuelling illegal logging», Chantal Marijnissen, FERN, http://www.illegal-logging.info/papers/