En la mañana del martes 13 de octubre Cándido y Morala se presentaron en el Juzgado de lo Penal nº 1 para cumplir el requerimiento por el que debían comparecer en el plazo de tres días y dar respuesta al indulto del Consejo de Ministros y a la interpretación que el Juez Lino Rubio le […]
En la mañana del martes 13 de octubre Cándido y Morala se presentaron en el Juzgado de lo Penal nº 1 para cumplir el requerimiento por el que debían comparecer en el plazo de tres días y dar respuesta al indulto del Consejo de Ministros y a la interpretación que el Juez Lino Rubio le dio al mismo. Horas después el abogado y la procuradora, que actuaron como defensores en todo el procedimiento, presentaron otro escrito similar.
Unas doscientas personas se concentraron ante la entrada de los juzgados de Poniente junto con una docena de periodistas de los distintos medios. La Policía antidisturbios bloqueó la entrada principal de los juzgados, como ya viene siendo habitual.
Las situación no está nada clara en cuanto a los pasos a seguir -salvo en la manifiesta represión que las autoridades están ejerciendo- porque todo queda a la interpretación y a la voluntad que el Juez disponga. Se entiende esto como una indefensión porque tanto para la defensa, como para el modo de cómo se aplicará la condena está en el aire. Parece que la legalidad se fuera diseñando a medida y según conveniencias.
El indulto del Consejo de Ministros no fue más que un apaño concebido por las autoridades de Asturias que son las beneficiadas por la condena a Cándido y a Morala. No excluye esto al Presidente Zapatero y a su Gobierno cuando mantiene dos años de cárcel y las responsabilidades civiles de 5.624 euros en favor del Ayuntamiento de Gijón, que figura como único demandante y beneficiario de todo este proceso ya que denunció y se personó tantas veces como fue necesario, reclamando los daños ocasionados en el cajetín de la cámara de tráfico.
El indulto reduce la pena de cárcel de tres a dos años pero condicionado al pago de la indemnización al Ayuntamiento y a que no cometan delitos dolosos en los próximos cuatro años.
El día 5 de julio de 2007 ambos salieron de la cárcel por disposición de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias quien les concedió el tercer grado. Al día siguiente el Juzgado concedió la libertad condicional mientras se resolvía el indulto solicitado por más de 13.000 firmas y numerosas organizaciones y ayuntamientos.
El indulto nada dice del pago de la multa de 2.160 euros a la que fueron condenados cada uno, pero el Juez sí lo exige como una condición más para el indulto. En los escritos presentados se argumenta que esta interpretación es una extralimitación que infringe el principio de legalidad y que excede del «sentido literal posible» de las palabras y, en este caso, al tratarse de un indulto parcial se debe estar exclusivamente a lo literalmente recogido porque es el Ejecutivo el que tiene las atribuciones para conceder o denegar indultos, no los tribunales si no se quiere alterar el principio constitucional del reparto de competencias. De acuerdo con esto, el Tribunal sentenciador debería ejecutar el Real Decreto del indulto en sus propios términos, sin añadir la multa.
Con ocasión de todo este revuelo judicial Cándido y Morala han vuelto a reiterar lo ya dicho desde el principio, que se declaran inocentes de los cargos y que todo es un montaje para reprimir y escarmentar a los trabajadores y a cualquier movimiento ciudadano. Ambos sí se responsabilizan de la lucha por la defensa del puesto de trabajo y que si por ello han de volver a la cárcel lo harán con dignidad, pero que en ningún caso pagarán indemnización al Ayuntamiento por algo que no han hecho y tampoco la multa que ahora el Juez pretende mantener en contra de lo dispuesto en el Real Decreto.
La crisis del sistema es algo más que un desequilibrio teórico de la economía, sino que es la consecuencia de una política económica impuesta por la fuerza y con la violencia necesaria para llevarla adelante, pese a los daños que pueda ocasionar y a cualquier oposición. Y lo mismo se puede decir del pelotazo urbanístico de los 300.000 metros cuadrados que desde hace años están en juego y que ahora sólo esperan al momento oportuno para su recalificación. Naval Gijón fue cerrada el 31 de mayo y en Juliana Constructora sólo hay un retén de mantenimiento; CCOO y UGT ya han firmado el cierre, aceptando el despido o la prejubilación forzosa de toda la plantilla.
El cajetín de la cámara de vigilancia -no la cámara- súper valorado por el Ayuntamiento en los citados 5.624 euros es el gran delito, pero en cambio no los miles de puestos de trabajo destruidos y los millones de euros de dinero público despilfarrado en el sector naval de los que no se tiene noticia ni explicación del agujero económico provocado y que es ahora la justificación para el cierre de ambos astilleros (y así liberar los 300.000 metros cuadrados).
Esta política económica que sólo entiende de especulación y de beneficios rápidos, tiene unos responsables concretos que cuando menos son su cabeza visible y, en este caso, del encarcelamiento de Cándido y Morala y por supuesto del cierre de los dos astilleros y de la pérdida de tantos puestos de trabajo.
Las autoridades políticas y judiciales de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón comenzaron por llevar los conflictos laborales por la vía de lo penal tratando a los trabajadores como a delincuentes. El juicio del cajetín contra Cándido y Morala fue un auténtico linchamiento protagonizado por el Juez Lino Rubio. En la vista oral negó la visión del vídeo grabado por la propia policía [1], pero después utilizó su contenido como argumento condenatorio en la sentencia. Pero, más aún, el vídeo prueba precisamente que no fueron ellos los que rompieron el cajetín y aún cabría añadir otra media docena de irregularidades, cometidas durante el juicio, que podrían invalidar la vista oral.
Por parte del Ayuntamiento de Gijón, gobernado por el PSOE e IU, afirmaron reiteradamente desde el principio que ellos ni eran acusación ni responsables del juicio, cuando la evidencia demuestra lo contrario. En este momento, tanto al alcaldesa Paz Fernández Felgueroso del PSOE, como Jesús Montes Estrada, «Churruca», de IU y tercer teniente alcalde, se niegan a comunicar al Juez que la indemnización ya ha sido liquidada, condición necesaria para el indulto. En cambio siguen utilizando toda clase de argucias diciendo que nadie tendría que ir a la cárcel ni pagar nada y que el Ayuntamiento no tiene nada que ver como así reza en todos los documentos en los que figura como único demandante y damnificado.
El Delegado del Gobierno, Antonio Trevín, del PSOE, también forma parte de la trama de este linchamiento y de otros numerosos procesos represivos.
Cándido y Morala son dos ex Secretarios Generales de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), un sindicato sin liberados y que se financia exclusivamente con las cuotas de sus afiliados. Los dos sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en ningún momento se han solidarizado y menos apoyado a los condenados.
La CSI está recibiendo apoyos de otros sindicatos y de organizaciones no comprometidas con el Gobierno. Por otra parte, la Plataforma Contra la Represión y por las Libertades ha realizado diversas movilizaciones y tiene previstas muchas otras más. La orden de arresto -o captura, como en junio de 2007- de Cándido y Morala, parece inminente.
Nota:
[1] Cándido y Morala INOCENTES, comentarios y análisis sobre el vídeo que realizó la policía
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.