El conseller de Salud del nuevo gobierno catalán, Boi Ruiz, el ex jefe de la patronal privada sanitaria, ha afirmado recientemente en unas declaraciones que rozan la imprudencia cultural y cultivan el gastado y prepotente eurocentrismo que «no se pueden mantener servicios nórdicos, servicios sociales nórdicos, con impuestos africanos». El conseller recordaría seguramente la antigua […]
El conseller de Salud del nuevo gobierno catalán, Boi Ruiz, el ex jefe de la patronal privada sanitaria, ha afirmado recientemente en unas declaraciones que rozan la imprudencia cultural y cultivan el gastado y prepotente eurocentrismo que «no se pueden mantener servicios nórdicos, servicios sociales nórdicos, con impuestos africanos». El conseller recordaría seguramente la antigua y olvidada admiración de su gran gurú, el ex president Jordi Pujol, por la «socialdemocracia sueca», al mismo tiempo que no le importó considerar un continente diverso y con políticas diferenciadas como si fuera una calle homogénea de los barrios altos barceloneses. Ni reparó en ello probablemente.
De impuestos, precisamente, y de financiación se habló en el pleno del hemiciclo catalán del pasado miércoles. Me centro en el primer asunto.
Se ha acordado suprimir el impuesto sobre sucesiones. Andreu Mas-Colell, el poderoso conseller de Economía del gobierno catalán, tuvo que defender la propuesta que figuraba en el programa electoral de Convergència i Unió, asunto sobre el que los partidos conservadores catalanes hicieron fuerte campaña en sectores afectados, quienes a su vez presionaron con éxito en sectores próximos, y en los alrededores familiares de estos últimos, para que su entusiasta acuerdo con la medida anunciada se tradujera en voto de apoyo al nacionalismo conservador catalán. Lo hicieron tan bien que jubilados obreros, ex votantes de izquierda, apoyaron su opción político ante la tenaz insistencia de familiares muy próximos que en su momento habían subido cinco o siete eslabones de la jerarquía social.
Sin poder asegurarlo, no es imposible, por lo que apuntó en algún momento, que el propio conseller no estuviera muy convencido: «Suprimimos el impuesto porque la pérdida de credibilidad sería mayor que la que ganaríamos» [1]. La medida, según parece, afecta a unos 530 ciudadanos catalanes (y a sus respectivas familias). La supresión, los que esas poderosas y enriquecidas familias, van a dejar de abonar al erario público, permitiría la construcción, según cálculos aproximados que tomo prestados [2], de unas ochenta escuelas públicas o cincuenta residencias para ancianos. Nada, calderilla, impuestos africanos, que diría el conseller Boi Ruiz
Vale la pena detenerse en una parte de la argumentación esgrimida por Andreu Mas-Colell, muestra nítida, por si hubiera alguna duda y aunque haga enrojecer insistir sobre ello, de la cosmovisión ideológica nada aséptica que rodea y abona muchas decisiones político-económicas presentadas como estrictas decisiones técnicas cuando no como conclusiones inferidas, con alardeada corrección formal, de alguna supuesta ley de naturaleza social.
Mas-Colell reconoció de entrada que él no estaba en desacuerdo con la existencia de la tasa que CiU, Artur Mas y sus consejeros para ser más precisos, se había comprometido a suprimir. No es poco. Apuntó: «Me parece bien que los ricos (sic, els rics) contribuyan a la sociedad, y que lo hagan a través de la caja general de los impuestos». La toma de posición, nada extraordinaria desde luego, es clara, sea o no o sea inconsistente con lo defendido finalmente. Prosiguió el conseller: «Aún mejor, lo confieso, que lo hagan [que los ricos paguen sus impuestos] pudiendo elegir a qué causas o iniciativas sociales dedican su riqueza». Como la fundación Gates-Melinda pero generalizada para todos los miembros de las grandes familias catalanas y grupos sociales afines. ¡Vivir para ver! ¡Que política fiscal tan singular!
Pero si está bien pagar impuestos, dejemos aparte la curiosa sugerencia defendida por Mas-Colell, ¿por qué entonces suprimir el impuesto sobre sucesiones de familias fuertemente enriquecidas como las del señor Millet, para poner un ejemplo conocido directamente relacionado con el ámbito político, cultural y social de Convergència (i Unió, por supuesto)?
Efectivamente, lo han adivinado: el mal, que es mal, pero que es el menor. Una variante de la hipótesis leibniziana sobre el mejor de los mundos posibles; en este caso, el menos malo de los mundos desastrosos. ¿Por qué el menos malo? Por el riesgo de que las «grandes fortunas» abandonen Catalunya y se ubiquen en otros parajes donde ya no existe el impuesto. El gobierno catalán, prosiguió Andreu Mas-Colell, se «ve obligado» a tomar esta decisión. Nos guste o no, concluyó, este segmento de la población, netamente minoritario, al que el mismo conseller reconoció que no era razonable ni justo tratar de forma excepcional, «son precisamente los que tienen las fortunas más grandes y, por tanto, los que están más sujetos a la movilidad».
Intereses minoritarios, promesas electorales conservadoras de derecha extrema, argumentos ideológicos envueltos en celofán y con lacito de colores, pragmatismo político en estado impuro y servil… y el color del dinero. Todo en uno… y con impuestos africanos por supuesto.
Notas:
[1] Albert Martín Vidal, «El plà d’ajust del Govern tensa el debat polític». Público, 10 de enero de 2011 (edició catalana), pp. 1-2
[2] Fueron datos esgrimidos por la representante del PSC-PSOE, Rocío Martínez Sampere.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.