Las etnias pijao y paez de Colombia, que sobrevivieron al exterminio español, siguen defendiendo sus tierras, vidas y culturas contra nuevos y diversos agresores. Desalojos, desplazamientos, amenazas y desapariciones forzadas contra estas comunidades fueron denunciadas por la Corporación Indígena Regional de Tolima (CRIT). Los pijaos son conocidos por su resistencia a la dominación española, siendo […]
Las etnias pijao y paez de Colombia, que sobrevivieron al exterminio español, siguen defendiendo sus tierras, vidas y culturas contra nuevos y diversos agresores. Desalojos, desplazamientos, amenazas y desapariciones forzadas contra estas comunidades fueron denunciadas por la Corporación Indígena Regional de Tolima (CRIT).
Los pijaos son conocidos por su resistencia a la dominación española, siendo notables en la historia de Colombia sus luchas por la tierra y la autonomía.
Actualmente las dos etnias, cuya población sumada asciende a unas 70.000 personas según el CRIT, continúan en sus territorios originales, hoy conocidos como Ortega, Coyaima, Natagaima, Chaparral y Saldaña, municipios ubicados al sur del occidental departamento de Tolima.
Las últimas noticias se refieren a la orden judicial de desalojo de 90 familias, que involucra a 600 personas, en la localidad de Chicuambe, municipio de Ortega, a cumplirse el 15 de agosto en atención a una demanda interpuesta por un particular, según confirmó la gobernadora de la comunidad indígena de Chicuambe, Deici Rodríguez.
Las comunidades pijao y paez conservan su organización política ancestral, siendo la posición de gobernador, que puede ser detentada por un hombre o una mujer, la de mayor jerarquía. Esta autonomía política es reconocida por el Estado para las 80 etnias del país, que representan menos de 0,5 por ciento de los 46,5 millones de colombianos.
Sin embargo, la no gubernamental Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos y con status consultivo ante la Organización de los Estados Americanos, objetó la orden judicial de la Fiscalía 44 de Ortega.
Afirman los abogados del Colectivo que la orden de desalojo, basado en el argumento de invasión de tierras, no tiene respaldo jurídico por cuanto los indígenas se encuentran en esas tierras desde hace 10 años y se trata de la recuperación de territorios ancestrales. «En este caso, los desposeídos son los que la Fiscalía está tratando como despojadores», indican.
El Colectivo apoya su afirmación en la escritura colonial del Gran Resguardo Ortega-Coyaima y Chaparral, identificada con el número 657 del 4 de julio de 1917, y que fue inscrita notarialmente por el legendario líder indígena Manuel Quintín Lame, que murió en 1967.
«La comunidad pijao de Chicuambe es propietaria de 200 hectáreas de tierra, que hoy el gobierno y quienes se dicen propietarios nos quieren arrebatar. Allí tenemos 100 hectáreas con plantíos de plátano, yuca, fríjol, maíz y terrenos para reforestación de árboles maderables, frutales, y otras 100 dedicadas a la ganadería», detalló Rodríguez.
El demandante, Mario Vargas, un ingeniero que habita en Bogotá, afirma ser el propietario de la tierra. «Llevo 10 años tratando de recuperar el predio porque es mío», aseguró a IPS. «Pero la justicia no funciona. Ha pasado mucho tiempo y he acudido a todas las instancias para recuperarlo», añadió.
El interés de Vargas estaría basado en la explotación de un mineral conocido como ferrita, que hasta la llegada de los indígenas era extraído por el minero José David de los Ríos.
«Antes de llegar al terreno (en disputa) vivíamos en distintos sitios y trabajábamos en labores menores por contrato», aseguró la gobernadora indígena.
«Con el fin de sacar del terreno al minero, Vargas nos invitó a trabajar la tierra. Pero un año después nos demandó por invasión. En este lapso, con apoyo del CRIT, reconocimos como propio nuestro territorio y de ahí ya no nos vamos», agregó Rodríguez a IPS.
«Ya bastante hemos sufrido, por lo que en esta ocasión no nos pararemos a ver pasar nuestro propio entierro. Resistiremos y haremos responsables a los gobiernos nacional y departamental por las consecuencias del desalojo si llega a cumplirse», sostuvo.
En la respuesta del Colectivo a la fiscal a cargo del proceso, la defensa de los indígenas expresan su preocupación por el hecho de que «la fiscalía permanezca impasible ante el despojo a los desplazados de millones de hectáreas de tierra por parte del paramilitarismo y las multinacionales, y sin embargo se muestre especialmente diligente y laxa a la hora de desconocer los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, favoreciendo intereses de orden privado antes que los de orden colectivo y social».
Los juristas hacen alusión a las acciones bélicas protagonizadas por los grupos armados ilegales de derecha contra las guerrillas izquierdistas, que han forzado el desplazamiento interno de población indígena, así como la presencia de inversiones de empresas de capital internacional.
Este caso estuvo precedido por el desalojo de pijaos en la localidad de Balsillas (Natagaima), de 200 pobladores, como informó a IPS Manuel Yossa Guzmán, gobernador indígena.
El 5 de mayo, cerca de 750 hombres del ejército y la policía quemaron viviendas y cultivos.
Cuando se retiraron los uniformados, los indígenas iniciaron la reconstrucción de sus casas. «No nos vamos a marchar porque estas tierras nos pertenecen desde 1881. En este momento hemos logrado recuperar 350 hectáreas de un total de 1.197, que nos fueron entregadas por la familia Yossa Capea el siglo XIX. Son nuestras pese a que han tenido 30 o 40 dueños durante todos estos años».
Según el gobernador pijao, los distintos poseedores han pagado por las mejoras en las tierras mediante la figura de compra-venta, la cual no incluye escritura de propiedad.
«No vamos a entregar nuestras tierras. Nosotros somos legales e incluso hemos pagado los impuestos de ley. De ello tenemos comprobantes», aseguró Yossa.
En otra población del mismo municipio conocida como Rincón Belú, se presentaron amenazas y desapariciones forzadas. Luz Mari Romero, integrante de la comunidad aseguró que varios de los hombres de la comunidad fueron obligados a desplazarse.
«Se fueron para Bogotá y allá estuvieron dos meses, pero como ellos lo que saben es trabajar la tierra se devolvieron para acá. Hasta el momento no han vuelto a tener problemas, pero uno siempre vive con angustia», afirmó Belú a IPS.
Elvira Oyola, de la misma comunidad agregó que durante los años 2002 y 2003, miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia se llevaron a varios compañeros de quienes no se volvió a saber nada.
«Pero nosotros continuamos en nuestras tierras. Trabajamos pacíficamente y pasamos por momentos muy difíciles de hambre y enfermedad», recordó.
«¡Y si eso pasa en nuestra propia tierra, cómo será en otro lugar! Por eso de ahí, no nos vamos. Ahora tenemos que comparecer en un juzgado por una denuncia que nos presentó la señora Ana María Ospina, y vamos a ir a declarar. Pero, aun cuando nos toque ir a la cárcel, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos», dijo Oyola con voz tenue y mirada firme.