Este número de Laberinto lo presentamos con un editorial dedicado a las reacciones ocurridas en nuestro país a consecuencia de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Y no queremos tratar el problema desde América Latina, sino desde nuestro propio país. Queremos abordarlo desde España, ya que, aunque nos encontremos en un mundo cada vez […]
Este número de Laberinto lo presentamos con un editorial dedicado a las reacciones ocurridas en nuestro país a consecuencia de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Y no queremos tratar el problema desde América Latina, sino desde nuestro propio país. Queremos abordarlo desde España, ya que, aunque nos encontremos en un mundo cada vez más globalizado y las luchas sociales y de ideas por un mundo mejor se deban internacionalizar cada vez más, sigue estando plenamente vigente y siendo totalmente necesario dar la batalla en cada país. Por supuesto, sin perder la proyección internacional de todo pensamiento de clase. Y desde la batalla de ideas que desarrolla Laberinto, nos centramos en la realidad española y en los acontecimientos internacionales vistos desde España.
¿Y qué tiene que ver América Latina y Bolivia con España? Aparte de los rasgos comunes lingüísticos y de otros aspectos culturales que aún permanecen en la mayoría de países latinoamericanos hay otro aspecto fundamental que determina la relación entre ambos mundos. Para que los lectores de Laberinto se hagan una idea de cuál es la fusión entre la economía de nuestro país y la de los países iberoamericanos (para incluir a Brasil) bastará señalar algunas de las empresas españolas afincadas en el continente americano: Telefónica, Iberia, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander Central Hispano, Endesa, Iberdrola, Indra, Isofotón, Red Eléctrica de España, Repsol-YPF, Sercove, Tecniberia, Unión Española de Explosivos, Aguas de Bilbao, Aguas de Barcelona, Grupo Godó o el grupo PRISA. No son todas, sólo algunas de las más importantes.
Si en las últimas décadas, la apertura del capitalismo español a la inversión extranjera tuvo su punto de inflexión en el Plan de Estabilización de 1959, el desarrollo de la inversión directa española en el extranjero tuvo el suyo en la entrada a la Comunidad Económica Europea (CEE) el 1 de mayo de 1986. A partir de esa fecha se empiezan a acelerar los cambios para transformar la gran empresa española y el tejido industrial español, adaptándolo al capitalismo postfordista que ya se había asentado en otros países europeos. Reconversión industrial, reformas laborales contra los trabajadores, medidas liberalizadoras del comercio exterior, cambios tecnológicos en la producción, etc… Esto permitió a las grandes empresas españolas transnacionalizarse mucho más, convertirse en grandes multinacionales, multiplicar y alargar sus tentáculos, cruzar fronteras, ríos y mares y obtener riquezas de los lugares más remotos. No sólo pudieron adentrarse en los países de la CEE, sino que las empresas españolas ganaron capacidad y tuvieron el marco legal en España para llegar mucho más allá y así tratar de satisfacer su ambición expansionista y acumuladora de capital. Mientras que en la década de los sesenta el peso de la inversión española directa en el extranjero rondaba el 0,1% del PIB y el peso de la inversión extranjera recibida llegaba casi al 100% del PIB, en el año 1999 el porcentaje de inversión española en el exterior y de la inversión extranjera recibida llegan a igualarse (18,7% y 19,3%), y años después incluso la inversión española en el exterior supera a la recibida.
Actualmente España es el segundo inversor del mundo en Iberoamérica, detrás de EE.UU. y es el primero de la Unión Europea (UE). De hecho, España es el puente de inversión entre los países de la UE e Iberoamérica. El proceso privatizador que se extendió por todo el mundo en los ochenta y noventa permitió a muchas empresas privadas españolas comprar empresas públicas de países latinoamericanos, sobre todo del sector energético, servicios y financiero. La inversión neta española en Iberoamérica acumulada entre 1993 y 2005 alcanza los 100.000 millones de euros, lo que representa más del 10% del PIB español. Para decirlo de una sola vez: España se ha convertido en un importante país imperialista. Y no nos referimos al sistema del tardío feudalismo o capitalismo en pañales de la época colonial. Nos referimos al imperialismo como sistema que surge de un capitalismo altamente desarrollado y de una política de Estado enfocada a la reproducción del capital nacional mediante su expansión mundial.
La economía capitalista española actual depende en alto grado de su estructura internacional, y una razón de ser de esta internacionalización está en el bajo precio de las materias primas o de la mano de obra (ya sean bajos salarios o pocos derechos laborales) de los lugares de inversión. Los niveles de vida que se pueden disfrutar en Europa, sin menospreciar las luchas obreras que se han dado y se dan en nuestro continente, no serían posibles sin las décadas y siglos de expolio que las burguesías de nuestros países han dirigido en las antiguas colonias o en las actuales neocolonias. Lo que antes hemos denominado «la fusión entre la economía de nuestro país y la de los países iberoamericanos», deberíamos denominar la dominación de las multinacionales de nuestro país sobre los países iberoamericanos, puesto que la relación no es, ni mucho menos, de tú a tú. Esta asimetría internacional es fruto, por un lado, de como han sido moldeadas las estructuras económicas de las colonias en función de los intereses de sus metrópolis, estructuras económicas que han determinado la existencia y la propia reproducción de las clases sociales de esos países. Por otro lado y relacionado con esto, sólo mediante una alianza entre las clases oligárquicas latinoamericanas y las burguesías imperialistas, con el debido surgimiento de gobiernos cómplices, tutelados y al servicio de ambos, ha sido posible mantener esta situación, alianza que ha implicado la identificación de intereses al margen de las necesidades de los pueblos. Y es que la extensión y dominación del capitalismo español (o de cualquier país) en otros países necesita de su brazo político. La época de coloniaje sobre la que se pudo impulsar la revolución industrial en Europa está asentada en decenas de millones de asesinados en África, América y Asia. La historia de estos países empobrecidos (riquísimos en materias primas) es la historia de guerras, pillaje, bloqueos, genocidios, invasiones, magnicidios,…todo organizado por las potencias colonialistas. Actualmente los mecanismos de dominación perduran, aunque no sean aparentemente visibles y las formas (a veces) sean distintas. Y estas relaciones de dominación reflotan y se nos muestran más claras y evidentes cuando vivimos cambios históricos.
Uno de estos cambios históricos está ocurriendo en Bolivia, y lo está encabezando el gobierno del Presidente Evo Morales. Bolivia es el segundo país en reservas de gas natural de Sudamérica, y sin embargo es el segundo país con mayores índices de pobreza y miseria de todo el continente, después de Haití. Se estima que en este país de casi 9 millones de habitantes, seis de cada diez bolivianos viven en pobreza (63%), que más de la mitad de los mismos viven en pobreza extrema (37% de la población) y que la mayor parte de los pobres vive en el área rural (82% pobres y 59% pobreza extrema). Según un informe de este año de El Programa Mundial de Alimentos una de cada tres familias bolivianas pasa hambre. Y según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la tasa de mortalidad infantil en Bolivia era de 53 niños muertos por cada 1.000 nacimientos en el año 2003, frente a los 4 de España, los 6 de Cuba y los 7 de Estados Unidos. La mayor riqueza de su país no ha estado nunca al servicio de la mejora de las condiciones de vida de su pueblo y además en la última década fue privatizada y entregada a manos de multinacionales haciéndole perder al estado boliviano una gran porción de su principal fuente de ingresos. Después de años de movilizaciones, levantamientos y luchas campesinas y obreras, después de decenas de muertos y heridos por la represión, de varios presidentes depuestos, de la conquista de un referéndum y elecciones anticipadas, Bolivia ha cambiado de color. Un nuevo gobierno surgido de las urnas y apoyado masivamente por los bolivianos ha cumplido con el resultado del referéndum en 2004 (90% a favor de la nacionalización de los hidrocarburos), ha cumplido con uno de los artículos de la constitución entonces vigente (con el artículo 139) y ha cumplido con una de sus promesas electorales que era en sí la promesa fundamental que lo llevó a la victoria: El 1 de mayo de 2006 decretó la nacionalización de los hidrocarburos. Una acción soberana de un pueblo que está pasando hambre y un acto de un gobierno consecuente con la voluntad de su pueblo y las promesas electorales. Se trata de un gobierno que se identifica con los intereses de campesinos y trabajadores, que trata de sacar de la pobreza a uno de los pueblos más necesitados del mundo recuperando los recursos naturales de su país para el Estado y poniéndolos al servicio de la justicia social. Aunque un proceso de este tipo actualmente suponga una valiente ruptura con la tendencia mundial de privatizaciones, tenemos que apuntar que no se trata únicamente de nacionalizar. Se trata también de que esa nacionalización (ya sea de recursos naturales, de industrias o comercio) pueda ayudar a acabar con la desigualdad en la población, es decir, se trata de que esté dirigida por un gobierno y un Estado que representen a las clases desfavorecidas. Desde Laberinto saludamos con solidaridad el digno paso que ha dado el nuevo gobierno de Bolivia.
¿Cuál ha sido la reacción en España? La respuesta coherente de un país imperialista que además es el segundo inversor en la zona. Todo el coro cantó al unísono como si alguien llevara una batuta y la obra estuviera mil veces ensayada. Todos los grandes medios de comunicación (públicos o privados) de televisiones, radios, revistas y periódicos, los tertulianos, articulistas e intelectuales, los dos grandes partidos de nuestro país y algunos nacionalistas, sectores de la cúpula eclesiástica, la dirección de la empresa Repsol y el gobierno lanzaron el grito al cielo en defensa de los «intereses españoles».
Durante días fue la noticia principal, portada de periódicos y telediarios, tertulias y tema fundamental del debate político. A lo mejor sorprendió que un político boliviano cumpliera con lo aprobado en referéndum, con la constitución vigente y con lo prometido en campaña.(Si hubiera hecho lo contrario entonces sí sería correcto llamarlo populista).Y el mensaje dirigido a la opinión pública era claro: la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia afecta a los intereses de Repsol y por lo tanto es contraria a los «intereses españoles», de todos los españoles. Un mensaje bien pensado y, por supuesto, falso.
Desde que la burguesía arrebata el poder político a la nobleza y se construye y madura como clase dominante, entiende que la manera de mantener su poder se basa en ocultar la verdad de la división de clases y de la explotación a esa otra clase sobre la que basa su poder y que está en ascenso: la clase obrera. La burguesía como clase dominante, a través de sus aparatos de poder (su gobierno, sus partidos, sus intelectuales, sus televisiones, radios, periódicos, revistas, sus escuelas, sus institutos, sus universidades, sus fundaciones, sus organizaciones sociales) siempre tratará de ocultar la lucha de clases y la división de clases. Siempre tratará de describir la sociedad capitalista como una sociedad de iguales, de «ciudadanos», de personas con los mismos intereses.
Es decir, que si los dueños de Repsol no pueden obtener en Bolivia tantas ganancias como antes, entonces todos los españoles debemos sentirnos robados. Los trabajadores deben defender a las empresas privadas como si fueran suyas por el hecho de tener la sede social en su mismo país. Todos somos Repsol.
Repsol es una empresa privada con sede en España, que tiene presencia en más de 30 países y actualmente es una de las diez mayores empresas petroleras del mundo, que no ha parado de engordar sus arcas a costa de los altos precios del petróleo y del precio que nos imponen en los carburantes. Que tiene múltiples causas judiciales en varios países (como Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia y Perú) por delitos contra el medio ambiente o poblaciones indígenas, que ha declarado como suyas reservas de gas de Bolivia en la bolsa de New York cuando no lo eran, que está siendo procesada en Bolivia por contrabando de crudo, que es acusada de patrocinar paramilitares que asesinan sindicalistas y líderes campesinos en Colombia, que no cumple medidas de seguridad lo que provoca tragedias como la de Puerto Llano (Ciudad Real) con 9 muertos, etc, etc, etc. Todos estos son «daños colaterales» (a los que callan los mismos que ahora chillan por la nacionalización) propios de una multinacional en manos privadas cuyo único fin es la acumulación de capital. Esta empresa tiene sus principales propietarios en La Caixa, PMI Holdings (filial de la mexicana PEMEX) y Repivens (formada por varias instituciones bancarias catalanas), además existe una fuerte presencia de accionariado de los EE.UU. donde destaca el imperio financiero JP Morgan Chase. De hecho la presencia de inversionistas extranjeros en Repsol es mayoritaria y EE.UU. tiene un gran poder en la sombra.
Entonces, ¿a quién están defendiendo realmente el gobierno español? ¿a quién defienden el PSOE, el PP o CIU? ¿a quién defienden los grandes medios de comunicación? ¿a todos los españoles, o a sólo una parte? ¿a los trabajadores españoles o a La Caixa, JP Morgan Chase y compañía?
El mensaje en defensa de los «intereses españoles» es el necesario discurso capitalista que en defensa de su minoría necesita de la mayoría. Convencer a los trabajadores en España de que defiendan a sus patronos contra el enemigo. Preparar el terreno para cualquier reacción del gobierno español contra el gobierno boliviano.
Y nos preguntamos: ¿No era una aberración la intervención del Estado en la economía? ¿No nos regaron durante veinte años con la verdad absoluta del modelo neoliberal? ¿No debían ser sólo las leyes del mercado las que regularan la vida económica nacional e internacional? ¿Qué hace el gobierno español pidiendo aireado explicaciones o enviando una comisión del Estado a Bolivia para defender los intereses de una empresa privada?
Esta claro que el discurso neoliberal sólo es una gran farsa. Antes, ahora y mientras dure, el capitalismo y las clases capitalistas necesitarán siempre del Estado (un Estado a su manera) para crecer y desarrollarse. Por ello, lo que hemos oído y aún oímos son los gritos de las distintas cabezas del mismo monstruo. Los de la oligarquía española que, asustada por los cambios en Bolivia (y de su posible efecto dominó regional), ha saltado todas las alarmas y rápidamente ha salido con sus aparatos de poder en defensa de los intereses privados de Repsol, intereses que no representan en absoluto los de la inmensa mayoría de la población que vive en España.
A esto habría que añadir el otro estúpido discurso del «desarrollo y ayuda que suponen para los países subdesarrollados las inversiones de las empresas de países desarrollados». Repsol en sus casi diez años de vida en Bolivia ha obtenido grandes riquezas, la tasa de ganancias en Bolivia era la mayor del continente (10 dólares por cada dólar invertido), ha ganado el 82% de los beneficios de explotación de hidrocarburos mientras el estado boliviano recibía un raquítico 18% y ha creado entre directos e indirectos 3000 puestos de trabajo en un país de 9 millones de habitantes. ¿Cuáles han sido los grandes beneficios para el desarrollo de Bolivia? Basta con ver los datos sobre los niveles de vida que hemos dado. No se trata de negar la necesidad de inversión extranjera, se trata de valorar que sólo bajo un gobierno para el pueblo ésta puede tener efecto positivo en la vida de la población, en otro caso sólo se puede hablar de rapiña.
Sin embargo es obligatorio matizar dos cuestiones. Primera: en España existen alrededor de nueve millones de habitantes que tienen parte de sus ahorros invertidos en bolsa, por ejemplo en acciones Repsol. [2] Y la cifra no es de sociedades de inversión ni de empresas, sino de españoles de a pie. Procesos como nacionalizaciones o como una justa fiscalización de las empresas españolas en el extranjero van a provocar pérdidas en cientos de miles de trabajadores españoles que guardan sus ahorros en fondos de inversión bursátil. Segunda: medidas como las que se han tomado en Bolivia que pueden ocurrir en otras partes y a otras multinacionales españolas, provocarían en nuestro país un importante aumento de la inflación. Es decir, estas corporaciones tratarán de mantener su tasa de ganancia arrancando de los trabajadores de España lo que han dejado de ganar en otros lares. Estas dos matizaciones son necesarias, ya que aunque los intereses afectados con una medida como la del gobierno boliviano son directamente los de sus principales dueños, nuestra clase trabajadora también va a ser afectada indirectamente. La clase trabajadora de España no es la misma de hace veinte años y ahora vive inmersa en un sistema imperialista que tiene clavadas sus garras con otros países del planeta. Si los vientos de cambio revolucionario se extienden por la región latinoamericana y se radicalizan las medidas económicas de aquellos países, la economía capitalista española sufrirá graves crisis. Y en un modelo económico capitalista las crisis las pagan sus trabajadores.
Pero es en esta situación donde debemos tener las posiciones muy claras y no caer a engaños. Si vivimos bajo un modelo en el que nuestras condiciones de vida dependen de multinacionales que parasitan a otros países, si vivimos en un modelo que se basa en empobrecer pueblos aunque así otros vivamos mejor, si vivimos bajo un modelo donde incluso en estas condiciones también se empobrece y precariza paulatinamente a los que trabajamos aquí, si nuestro país entra en crisis cuando pueblos hambrientos tratan de liberarse de la miseria y si cuando entramos en una crisis somos los trabajadores los que la vamos a pagar, entonces, el problema no son los procesos de liberación de los países neocoloniales o del tercer mundo. El problema es el sistema económico y social bajo el que vivimos en nuestro país. Las crisis que podamos sufrir en nuestro país no son debidas, en absoluto, a medidas dignas y soberanas de pueblos arrasados que tratan de emanciparse. Las crisis que vendrán son producto del tipo de sociedad en el que vivimos. Es un sistema que tanto en unos países como en el nuestro propio explota a la clase trabajadora y provoca el empobrecimiento de sus pueblos. Y es exactamente durante estas crisis cuando las fuerzas conscientes que representan a los trabajadores deben saber moverse, organizarse y desenmascarar inteligentemente a esta cínica sociedad y a quienes la sostienen. Puesto que será durante estas crisis cuando la oligarquía española tratará de enfrentar a los trabajadores españoles contra las políticas revolucionarias que se estén dando en otros países: exaltando el nacionalismo o la xenofobia, desviando las responsabilidades, ensuciando el ejemplo que podamos aprender.
Hoy estamos hablando de Bolivia pero en un futuro podemos estar hablando de cualquier otro país de América Latina o del mundo, y ahora hablamos de Repsol pero en un futuro podemos estar hablando de cualquiera de las empresas españolas que hemos citado al comienzo del editorial. O quizás de todas. Por ello, más vale que en vez de dejarnos engañar por los cantos de sirena que nos llaman a ponernos de lado del capital y en contra de gobiernos de los trabajadores, tomemos ejemplo de los cambios que en Bolivia o Venezuela se están llevando a cabo, y transformemos profundamente el modelo de sociedad que aquí también sufrimos. Porque con sus diferencias y matices, en un país o en otro, los trabajadores bolivianos, venezolanos o españoles seguimos siendo eso: trabajadores.
Notas
[1] El Consejo de Redacción, a través de su correo electrónico [email protected], está a la disposición de sus lectores para suministrarles las referencias y fuentes de donde se extraen las informaciones y los datos que en este editorial se utilizan.
[2] Según el estudio realizado por la Fundación de Estudios Sociológicos (Fundes), en diciembre de 2005, el número de españoles que tienen ahorros invertidos en la bolsa es de 8,84 millones. En este número están sumados los que invierten directamente en bolsa (3,5 millones) y el resto que invierte a través de fondos de inversión.