Desde hace lustros, cada nueva convocatoria electoral supone un retroceso en votos de Izquierda Unida, sin apenas excepciones. Esta deriva ha conducido a que esta fuerza política hoy se encuentre cerca de desaparecer de la escena política institucional, lo que afecta y preocupa no sólo a su menguante organización y electorado, también a quienes seguimos […]
Desde hace lustros, cada nueva convocatoria electoral supone un retroceso en votos de Izquierda Unida, sin apenas excepciones. Esta deriva ha conducido a que esta fuerza política hoy se encuentre cerca de desaparecer de la escena política institucional, lo que afecta y preocupa no sólo a su menguante organización y electorado, también a quienes seguimos considerando imprescindible en España un referente político de la izquierda, un frente unitario de representación política y de lucha mediante el que amplios sectores de trabajadores y de jóvenes podamos defender nuestros derechos y avanzar hacia otra sociedad mejor. De aquí la necesidad de reflexionar sobre los principales factores implicados en este hundimiento del principal exponente estatal de la izquierda.
En primer lugar, cabe mencionar los cambios producidos en la cultura política de la ciudadanía después de 30 años de monarquía parlamentaria. En particular, el creciente desencuentro de la población con los partidos institucionalizados y que se consideran a si mismos progresistas o de izquierdas. Este desencuentro, evidente por ejemplo en las bajísimas tasas de afiliación o en las actitudes hacia los partidos y la política que retratan todas las encuestas, tiene muchísimo que ver con las políticas neoliberales aplicadas cuando gobiernan en las instituciones. Son estas experiencias a lo largo del tiempo, es la persistente frustración de las expectativas de cambio de una mayoría social (que se sigue considerando a sí misma de izquierdas) lo que seguramente más ha contribuido (junto con la presión mediática), no a una «derechización social», sino al pesimismo histórico («todos son iguales», «nada se puede cambiar») y a modificar las relaciones del electorado con estos partidos, pasando de una relación de «proximidad» y de simpatía ideológica a una relación instrumental y desconfiada. Un ejemplo particularmente claro lo tenemos en lo sucedido en las generales del 2004, cuando se produjo una masiva movilización electoral que utilizó al partido socialista para desplazar del poder a Aznar, pero sin que ello supusiera otorgar un «cheque en blanco» a la candidatura de Zapatero. Ni siquiera en la propia sede socialista pudieron contenerse los gritos lanzados por la militancia a Zapatero nada más conocerse su victoria electoral: «A ver si es verdad», «No nos falles»…
Muchos de los análisis partidarios, sin embargo, soslayan este aspecto crucial sobre las precarias relaciones con la respectiva base social y sobre el carácter de las movilizaciones electorales que se vienen produciendo, las cuales, en ocasiones, suponen una orientación masiva del voto hacia las opciones más mayoritarias (en las generales que dieron el poder al PSOE también IU perdió votos), mientras que otras veces se plasman en una amplia abstención, como acaba de ocurrir tres años después en las elecciones municipales y autonómicas. En este sentido, y por lo que respecta a IU, hay que resaltar el desfondamiento sufrido bajo ambos tipos de circunstancias, cuando se produce una importante movilización social y electoral y también cuando predomina la abstención de los sectores más combativos de trabajadores y jóvenes, lo que conduce a una constatación cada vez menos matizable: IU no funciona como referente político de la izquierda social.
Precisamente, un segundo factor relacionado con el progresivo retroceso de esta fuerza política (que ni siquiera las tácticas de sumas de siglas del estilo «Entesa» o «Izquierda Verde» han logrado parar) tiene que ver con el creciente bipartidismo del escenario político institucional. Un bipartidismo que resulta, al tiempo, causa y consecuencia del déficit democrático y de libertades que vivimos. Un bipartidismo que, como señalan diversas fuentes, durante la «transición» postfranquista fue buscado e impuesto mediante un régimen político y unas «reglas del juego» destinadas a garantizar la continuidad de los poderes fácticos.
Así, la vigente Constitución Española tan sólo reconoce el derecho a poder elegir mediante voto cada cuatro años las asambleas y corporaciones legislativas (parlamentos y ayuntamientos). El resto de instituciones públicas se conforman por sucesivas «indirecciones», como en el caso de las principales instancias del poder (Jefatura del Estado, Gobierno, Consejo Poder Judicial, Tribunales Supremo y Constitucional…). Pero incluso este derecho a votar solamente una parte de los aparatos del Estado también está limitado por la obligación de tener que hacerlo mediante listas cerradas y bloqueadas, de manera que sólo se pueden elegir las personas que decide cada partido y no hay posibilidad de revocarlas. Además, una vez los electos y electas han accedido al cargo, éste se considera perteneciente en exclusiva no al partido sino a la persona que lo ostenta, lo que obviamente fomenta el trasfuguismo y todo tipo de corruptelas.
Igualmente, otras «peculiaridades» de nuestro régimen político son que la asignación de escaños según los votos conseguidos resulta muy poco equitativa desde el punto de vista territorial (la relación de votos y escaños por circunscripción varia ampliamente), y que se privilegian las opciones más votadas en detrimento del resto, existiendo además la barrera del 5% de votos emitidos como condición para poder obtener un escaño.
A estas reglas del juego político también hay que sumar, por último, las disposiciones aprobadas más recientemente, en particular sobre extranjería y sobre partidos políticos y antiterrorismo, lo que ha conducido a ungrave retroceso en materia de derechos y libertades, al implicar la conculcación directa del derecho al sufragio activo y pasivo para importantes sectores sociales e incluso territorios, como es el caso del Pais Vasco.
Ciertamente, todo este complejo entramado para restringir los derechos y libertades democráticas tiene consecuencias insoslayables sobre el comportamiento político de la ciudadanía, sobre la legitimidad social de las instituciones del Estado, e incluso sobre el funcionamiento interno de los partidos conformados para gobernarlas, cada vez menos democráticos en su funcionamiento interno igual que las instituciones que los financian y sostienen. Un déficit democrático interno que, a su vez, contribuye a restringir aun más la capacidad de estos partidos para la mediación de las demandas y necesidades sociales, estimulando en cambio su papel defensor del «status quo» y su función de «filtraje» y selección de «profesionales de la política» para ocupar los puestos y responsabilidades públicas. Porque, no debemos olvidar, bajo la actual sociedad capitalista nunca el estado ni las administraciones públicas pueden ser «neutrales» o quedar al margen de la lucha de clases existente.
Esta función básica de los partidos institucionales de «agentes» del poder establecido puede constatarse, incluso, en las sucesivas crisis internas de IU derivadas de la «migración» de parte de sus dirigentes hacia posiciones políticas e institucionales más «moderadas» y cercanas al PSOE. Ese fue el caso de la escisión de Nueva Izquierda y será, quizás, lo que vuelva a producirse antes de las próximas generales, por el conflicto planteado entre quienes postulan que para acceder a las instituciones políticas hay que seguir moderando el «discurso» frente a quienes piensan, pese a todo lo llovido, que bastaría con mostrar (¿¿??) una mayor diferenciación de IU respecto del partido socialista. Pero, seguramente, ninguno de ambos enfoques supone una salida real, en la misma medida en que siguen y continúan apostando por una estrategia de reforma de las instituciones que los últimos 30 años transcurridos han mostrado como inviable.
Este es a nuestro juicio el problema central de IU y lo que ha conducido a la situación presente, un problema que cabe formular de varios modos en aras de la claridad. Podemos decir, por ejemplo, que IU, para sobrevivir como organización incardinada en las instituciones los poderes fácticos le imponen renunciar a su horizonte alternativo. Por eso esta organización sufre periódicas «derramas» de parte de su aparato hacia posiciones más moderadas y próximas al poder, y por eso también nunca se ha logrado cumplir con la aspiración inicial de ser un movimiento político y social alternativo.
O también podemos decir, por otra parte, que el proyecto político de Izquierda Unida se debate preso de una disyuntiva insoslayable y que conduice a su reconstrucción o bien a su auto-liquidación: ejercer de instrumento de las masas trabajadoras para cambiar la sociedad; o bien ser útil al vigente régimen de monarquía parlamentaria (bipartidista) funcionando como viene haciendo de «comodín» de otros partidos para ostentar el poder institucional, y de legitimador «democrático» de un régimen partidocrático que en realidad no lo es.
En definitiva, vivimos bajo una democracia muy limitada y gobiernan las instituciones unos partidos políticos en los que no nos reconocemos una gran mayoría, al haberse ido conformando como estructuras de poder ajenas a las preocupaciones e intereses de la sociedad. La delicada situación que atraviesa Izquierda Unida se debe, por tanto, a que bajo la actual coyuntura de la lucha de clases en España y Europa, marcada por una ofensiva sin precedentes del capital contra los trabajadores y los pueblos y por una polarización máxima entre los proyectos políticos, ya sólo cabe la alternancia (distintas siglas pero la misma política).
Por ello mismo, frente a los reiterados llamados del «profesionales» de IU para regenerar o refundar este referente electoral desautorizado por las urnas una vez tras otra, la alternativa empieza por cambiar de estrategia, romper con las ilusiones reformistas y realizar un giro político directamente encaminado a la apertura de un proceso constituyente hacia la III República.
* Juanjo Llorente ([email protected])