Octavio Hernández, asesor del grupo Izquierda Verde en el Congreso, informó a este diario que la Policía Federal Australiana dará curso a una denuncia de la senadora de Los Verdes Christine Milne, a instancias del Ministerio de Justicia de su país, contra Woodside Petroleum por los indicios de que han existido «prácticas de corrupción en […]
Octavio Hernández, asesor del grupo Izquierda Verde en el Congreso, informó a este diario que la Policía Federal Australiana dará curso a una denuncia de la senadora de Los Verdes Christine Milne, a instancias del Ministerio de Justicia de su país, contra Woodside Petroleum por los indicios de que han existido «prácticas de corrupción en las actividades de esta compañía en Mauritania».
Hernández hizo este anuncio en respuesta a las declaraciones del Delegado del Gobierno, José Segura, que culpó a los países emisores de la llegada masiva de inmigrantes, con especial referencia a Mauritania.
Woodside Petroleum es la mayor multinacional petrolera y gasista de Australia, participada en un 34% por la europea Royal Dutch-Shell.
El 28 de julio de 2005 el ministro mauritano de Minas e Industria, Zeidane Ould H’meida, anunció la firma de tres contratos de exploración y extracción o PSC (Production Sharing Contracts) de hidrocarburos mar adentro, con las compañías Energem y Woodside Petroleum en el yacimiento de Chinguetti, a 50 kilómetros al oeste de la capital Nouakchott, y con Repsol-YPF en la cuenca de Taoudeni, al este.
El 3 de agosto siguiente se produjo un golpe de estado que derrocó al gobierno presidido por Maaouya Ould Taya mientras éste se encontraba en visita oficial en Arabia Saudí. El dirigente del golpe, Ely Ould Mohamed Vall, estableció una junta militar de gobierno y anunció la convocatoria de elecciones.
Según este analista, que ha registrado ya dos preguntas a través del diputado verde Joan Herrera acerca de las inversiones de los fondos españoles de ayuda al desarrollo en infraestructuras petroleras mauritanas, «el golpe del año pasado conlleva la revisión de los acuerdos sobre explotación petrolera, los acuerdos de pesca con la Unión Europea y la renegociación de la deuda, que son tres prioridades para el desarrollo de Mauritania. Este cambio político coincide con la crisis de los cayucos. No parece casual, pues Marruecos ya ha demostrado que una crisis humanitaria puede ser un instrumento de presión en las relaciones diplomáticas y comerciales».
«Una de las primeras medidas que adoptó la junta militar fue recurrir los contratos con Woodside Petroleum y encarcelar al anterior Ministro del Petróleo por negociar en secreto cláusulas lesivas para los intereses mauritanos. El juicio contra el ministro comenzó a finales de febrero en Nouakchot y ha revelado una trama que implica a las multinacionales petroleras en el pago de sobornos».
Posteriormente, a finales de abril pasado, Woodside anunció un nuevo acuerdo sobre esas cláusulas con la Junta militar, valorado entre 100 y 200 millones de dólares.
«De las tres compañías que formaron parte de las concesiones previas al golpe de estado, Repsol ha sido denunciada en Bolivia por prácticas irregulares, Energem ha sido denunciada por hacer caer al gobierno de Santo Tomé y Príncipe por un escandaloso acuerdo petrolero, y ahora Woodside va a ser investigada por el pago de sobornos a miembros del gobierno mauritano, que probablemente están contribuyendo desde hace un año a la desestabilización política y al desgobierno del país.»
Octavio Hernández considera que «las transacciones comerciales de las multinacionales petroleras constituyen un latrocinio siniestro de las riquezas de países como Mauritania» por lo que criticó las palabras de José Segura «ya que la desestabilización política y la explotación económica está siendo instaurada desde los centros de poder de los países receptores de la inmigración, que es donde el delegado del Gobierno debería buscar a los auténticos responsables y criminales de guante blanco del subdesarrollo».
El asesor del grupo parlamentario Izquierda Verde en el Congreso se refirió también a los resultados de las prospecciones en las islas. «Woodside es la empresa asociada a Repsol-YPF en la exploración de hidrocarburos en Canarias, además de Sierra Leona y Liberia, por lo que la investigación iniciada en Australia nos concierne en relación con las causas de la inmigración procedente de Mauritania, donde Woodside comenzó en marzo a explotar el principal yacimiento petrolífero descubierto en ese país, en Chinguetti».
En relación con el consorcio Repsol-Woodside, Hernández afirmó que «sigue la estela de las compañías que han hecho prospecciones fallidas en la costa saharaui. Kerr-McGee, TGS-Nopec, Fugro y Total se han retirado de los territorios ocupados del Sahara Occidental básicamente porque la explotación de sus concesiones no es rentable, además de las presiones internacionales, que han sido efectivas. En el caso de Canarias, con un 18% de probabilidades de hallar petróleo rentable, lo más probable es que se abandone el proyecto de explotación en los nueve bloques de la concesión frente a Fuerteventura y Lanzarote, aunque hay que seguir expectantes».
Hernández se refirió como «curiosidad» al hecho de que sea la Vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega quien se ocupe constantemente de anunciar a Canarias las medidas del Gobierno Zapatero en relación con la crisis de los cayucos y las prospecciones petrolíferas «cuando su hermano se sienta en el Consejo de Administración de Repsol, algo que en política, aunque no nos guste, cuenta en la balanza de la credibilidad».