IU considera que la propuesta de «pagar al profesorado en función de los resultados del centro» realizada por el ministro Méndez de Vigo, es una forma de aplicar los sistemas y métodos de gestión y funcionamiento de la empresa privada al sistema educativo, que genera sospecha sobre la profesionalidad del conjunto de los docentes y […]
IU considera que la propuesta de «pagar al profesorado en función de los resultados del centro» realizada por el ministro Méndez de Vigo, es una forma de aplicar los sistemas y métodos de gestión y funcionamiento de la empresa privada al sistema educativo, que genera sospecha sobre la profesionalidad del conjunto de los docentes y que prima la competitividad y la meritocracia frente a la cooperación y la formación permanente entre la comunidad educativa.
El «pago por rendimiento» que propone el PP, sigue los planteamientos de las teorías de organización empresarial del siglo XX, hoy ya obsoletas incluso en el mundo económico. En el fondo de la cuestión, se encuentra el eterno objetivo neoliberal de convertir lo que es un derecho, la educación, en un negocio. Hacer depender el salario de la evaluación del centro son políticas de rendimiento que perjudicarán a los centros con menor nivel sociocultural y crearán un sistema educativo en competencia en el que se reafirmarán las desigualdades. Quienes hacen estos planteamientos son plenamente conscientes de que este tipo de medidas no mejorarán el sistema educativo, sino que lo degradarán, sentando así las bases para que la privatización sea más fácil de asumir por la sociedad.
Mejorar el sistema educativo español en lo que al profesorado se refiere pasa por tomar medidas en positivo, que redunden tanto en su reconocimiento profesional como en una digna remuneración. Igualmente, es fundamental incidir en la mejora de la formación, tanto inicial como continua, pues solo así se estará en condiciones de contar con docentes que puedan responder a los necesarios cambios que se han de abordar en educación.
Con esta propuesta, además, el ministro pretende eludir la responsabilidad del gobierno en la enorme degradación que el sistema educativo español viene sufriendo a causa del ataque sistemático al que le vienen sometiendo, en su afán de trasvasar recursos públicos a la empresa privada. La reducción que sufre la Educación Pública de recursos económicos, técnicos y humanos, metódicamente planificada por los gestores neoliberales, cercena el derecho a la educación y redistribuye al alumnado según renta, en vez de redistribuir recursos según necesidades. Para eludir esta responsabilidad histórica, el PP se saca de la manga propuestas de este tipo que desvíen la atención de los verdaderos responsables y proporcione a la opinión pública unos cabezas de turco que carguen con la culpa de la denigración de la Educación.
La estrategia por la que aboga Izquierda Unida es radicalmente diferente: sumarse al amplio debate y consenso que se está realizando ya entre toda la comunidad educativa, los movimientos sociales, los sindicatos, especialistas en educación, partidos políticos y mareas verdes, en la construcción colectiva de una alternativa compartida de modelo educativo y docente que se ha plasmado en el ‘Acuerdo Social y Político para una nueva Ley de Educación‘. Construir desde la base y con la comunidad educativa: este es el camino.