No se trata de guillotinarle, se trata de terminar con la inviolabilidad de los reyes. Tampoco es que pretenda que violemos a los reyes o que terminen como Mussolini en Italia, despedazado por sus propios ciudadanos una vez muerto. No. Se trata de una cuestión de razón y de justicia, no de venganza. Los […]
No se trata de guillotinarle, se trata de terminar con la inviolabilidad de los reyes. Tampoco es que pretenda que violemos a los reyes o que terminen como Mussolini en Italia, despedazado por sus propios ciudadanos una vez muerto. No. Se trata de una cuestión de razón y de justicia, no de venganza.
Los pilares sobre los que se asienta nuestra sociedad son tan fangosos que lo que hemos construido no es una democracia, sino algo que se le parece cuyo decorado tiene tendencia a hundirse cada cierto tiempo.
El primer objetivo de todos los que seamos demócratas, independientemente de nuestro signo político, debe ser terminar con los indultos, los aforamientos y la inviolabilidad de los reyes. El indulto es una injerencia del poder político en el judicial que apuñala a la Ilustración y suele terminar como no debe (favoreciendo a corruptos y delincuentes), mientras que los dos siguientes elementos aniquilan aquello de libertad, igualdad y fraternidad. Sin separación de funciones y sin igualdad no puede existir un régimen democrático, lo que debería hacernos desconfiar de todos los partidos políticos que no contengan en su programa estos cambios, los cuales sabemos, desde hace siglos, que son imprescindibles para que una democracia sea plena.
El segundo objetivo prioritario de nuestra sociedad debe ser juzgar nuestro pasado más reciente. Ello va mucho más allá de desenterrar a los muertos, lo que es de humanidad más que de justicia. Si queremos romper definitivamente con el franquismo tenemos que juzgar aquello que hoy ocultamos o maquillamos. No es llevar el pasado al patíbulo, es sentarlo en el juzgado.
Debemos juzgar a Juan Carlos I y debemos hacerlo los que no somos monárquicos y, con más ahínco, los que lo son. Juan Carlos I lleva viéndose envuelto en escándalos desde antes de comenzar su reinado. En algunos casos se trata de habladurías que no llegan a más porque se encuentran con la inviolabilidad del rey, en otros casos son denuncias que rápidamente son archivadas, en otros son actuaciones que tienen apariencia de delictivas y en otros son evidentes conductas delictivas que no han sido juzgadas.
Que no juzguemos a Juan Carlos I es algo que daña profundamente a España, a la monarquía y a los monárquicos, a los republicanos y al resto de ciudadanos, a la democracia y a la justicia. Es necesario saber si Juan Carlos I es un delincuente o no, es necesario saber su participación en acontecimientos históricos y es necesario que sea juzgado. Su juicio debe ser la piedra angular sobre la que cimentar una nueva sociedad y una nueva democracia. Una democracia real.
Que Juan Carlos I y Felipe VI no tienen lo que hay que tener es evidente. Si tuvieran lo que hay que tener, es decir, valores democráticos profundos, serían ellos los que terminarían con la inviolabilidad del rey, juzgarían con dureza al franquismo y trabajarían para el nacimiento de una nueva sociedad. No lo harán porque sus trajes están manchados de franquismo, sus pulmones han respirado franquismo y sus cabezas han recibido las caricias de Franco. Es una de esas jugarretas que tiene que sepamos leer y escribir (en mi caso, esto último con mucha dificultad, que no soy escritor sino militar, y ya se sabe, bastante que no firmo con un aspa…).
En la actualidad planea la sombra del golpismo sobre Juan Carlos I. Soy de los que piensa que el rey emérito fue golpista en, al menos, dos momentos históricos contrastados (del 10 julio de 1980 hasta el 29 de enero de 1981 y desde las 21 horas del 23 de febrero hasta la 1 de la madrugada del 24 de febrero de 1981), por lo que el rey debe ser juzgado. Debemos saber si fue un golpista o no, y si lo fue debe ser condenado como lo fueron los golpistas. Treinta años de cárcel es lo suyo.
Existen más sombras. Somos conocedores de la fortuna que le asigna The New York Times (más de 1.800 millones de euros). Somos conocedores de las denuncias realizadas por un catedrático de economía, Roberto Centeno, que afirma que el rey se quedaba con 1-2 dólares de cada barril de petróleo que España compraba. Somos conocedores de sus vinculaciones con los negocios sucios de su yerno y su hija por ciertos correos electrónicos. Somos conocedores de las denuncias realizadas por diferentes asociaciones en cuanto a la mediación del rey en la venta y tráfico de armas y a las excelentes relaciones del rey, los Aznar, Alejandro Agag o Blesa con El Assir, un comerciante de armas muy famoso. Finalmente, ahora somos conocedores de las cuentas que la hermana del rey tuvo en Panamá coincidiendo de forma casi exacta con el reinado de Juan Carlos I (somos conocedores de más, pero todo no puede ser analizado en esta entrada).
El rey emérito, Juan Carlos I, y su hermana, la infanta Pilar, en una foto del pasado noviembre en el rastrillo de Nuevo Futuro. E.P
Es obligación de los ciudadanos, de nuestra sociedad y de las instituciones averiguar la verdad y para ello solo existe una fórmula: juzgar. Hay que eliminar la inviolabilidad del rey y sentar en el banquillo de los acusados a Juan Carlos I.
Habrá quien afirme que no se le puede aplicar la retroactividad al rey, dado que todo lo acontecido sucedió mientras el rey era inviolable. Es posible. Pero nada impide que se someta al rey a una dura comisión de investigación, al implacable escrutinio de los diputados (aunque algunos…) y, llegado el caso, a su reprobación. Nada impide que el rey quede sometido a la ciudadanía, que el propio pueblo por medio de sus representantes juzgue en profundidad al rey y a su reinado. No solo nada lo impide, sino que debería ser lo habitual. El rey debería dar cuentas a los ciudadanos cada vez que estos se lo reclamasen.
Aunque pudiera parecer lo contrario, tiene más que ver con el futuro que con el pasado. El pasado es vital para las sociedades porque es el esqueleto del futuro. Terminar con la inviolabilidad del rey y juzgar a Juan Carlos I, ya sea en un juzgado o en una comisión parlamentaria pública, no solo es justicia, que también, es una clara advertencia a Felipe VI y, seguramente, es la única posibilidad que tiene la monarquía de sobrevivir en una democracia moderna (someterse a ella) y nosotros de vivir en una democracia que no tenga tintes franquistas y medievales.
El bipartidismo no querrá acometer este juicio porque entonces tendríamos que juzgar también a Felipe González y al PSOE, y a José María Aznar y al PP y a tantos otros de manos ensangrentadas y bolsillos repletos de dinero… Somos los ciudadanos los que tenemos que reclamarlo y los que debemos desconectarnos de Matrix de una vez por todas. Es nuestra obligación estudiar y conocer en profundidad nuestra historia reciente porque de lo contrario no tendremos futuro.
Nos guste o no, sin justicia y sin igualdad no hay democracia. No olvidemos que nuestros antepasados murieron porque soñaron con un mundo mejor y por eso mismo no tenemos derecho a regalar aquello por lo que ellos dieron su vida. No tenemos derecho a seguir siendo pasivos, a morir sin luchar. No lo hagamos por nosotros, hagámoslo por ellos y por nuestros hijos, por mirarles a la cara…
Luis Gonzalo Segura es exteniente del Ejército de Tierra y miembro del Colectivo Anemoi. Puedes obtener más información en las novelas «Código rojo» (2015) y «Un paso al frente» (2014).
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