Jubilados, a las barricadas

Como todos sabemos, dentro de muy poco tiempo se va a reunir el Pacto de Toledo con la intención de hacer frente a la grave situación en que está inmersa el pago de las pensiones, con el agotamiento del Fondo de Reserva y con déficit en 2016 de unos 17.000 millones de euros en la Seguridad Social.

Esta crisis de la Seguridad Social no ha sido solamente consecuencia de la profunda recesión económica que vivimos desde 2008, sino que es fruto de los errores de las políticas económicas llevados a cabo por el Partido Popular en los últimos cinco años y fundamentalmente con la reforma laboral aplicada que ha conllevado una agresiva devaluación interna del mundo del trabajo en salarios y derechos sociales y laborales.

Solamente debemos recordar tres datos: casi un tercio de la población española está en situación de pobreza. Un 15% de los trabajadores no ganan lo suficiente para llevar una vida digna, dependiendo del apoyo de los servicios sociales. El tercer dato es que el 50% de los asalariados españoles gana menos de mil euros.

La jubilación es un derecho básico porque nos lo hemos ganado, pero los derechos hay que defenderlos siempre porque sino, como ya estamos viendo nos los irán recortando de tal manera, que sus políticas pueden llevar al desastre social y económico.

El título del artículo, les recodará la época de los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando se luchaba por conseguir derechos que nos garantizaran una vida digna. Este grito actual de ir nuevamente a las barricadas, tiene como finalidad la defensa de nuestros derechos y que no queremos que se dé un paso atrás. Es fundamental movilizarnos todos, pues se va a reunir el Pacto de Toledo. Si aquellos que quieren modificar nuestras pensiones en un sentido regresivo (Ciudadanos y Partido Popular) sienten el malestar que provocan sus medidas en la calle, haremos que se lo piensen y conseguiremos el justo mantenimiento de las pensiones públicas.

Tenemos que tener claro, que las pensiones públicas es nuestra garantía de vida, la nuestra y la de nuestros hijos y nietos. Ahora que hay una intensa campaña publicitaria de las pensiones privadas, debemos conocer que estas no son viables y para que esta afirmación les quede clara, veamos dos ejemplos.

El golpista general Pinochet, hizo desaparecer el sistema público de pensiones en Chile para transformarlo en solamente privado. Hoy miles de pensionistas chilenos toman continuamente las calles protestando por las pensiones privadas ¿Por qué? El 90,75 % de las pensiones privadas chilenas cobran solamente 333 dólares, casi la mitad del salario mínimo chileno.

Esto traducido en España significaría tener una pensión aproximada de 330 euros mensuales. Mientras las aportaciones mensuales de los trabajadores son invertidas en la capitalización de las empresas industriales y financieras chilenas.

El segundo aspecto es que los planes de pensiones privados en España tenían a septiembre de 2016, una capitalización de 104.580 millones. Los planes de pensiones invertidos en renta variable se han revalorizado en los últimos años una media de 1,36% y los de renta fija un 1,25%.

A esta escasa rentabilidad hay que restarles el 0,8% de la comisión de gestión, que supone a la banca 1.830 millones de beneficio anual. Además, hay que quitar el efecto de la inflación acumulada, que a lo largo de los últimos diez años ha sido del 12,1%.

Consecuencia de ello, resulta que nuestras inversiones en fondos de pensiones privados suponen un gran beneficio para la banca y una clara pérdida de dinero para los participantes de dicha inversión de futuro.

Después de ver que significan los planes de pensiones privados, queda claro que la única alternativa de futuro son las pensiones públicas, defendámosla. Hay actualmente un déficit generado por las políticas de devaluación salarial interna llevadas a cabo por el Partido Popular. Consecuencia de ello genera un déficit de ingresos a la Seguridad Social. El primer objetivo para garantizar las pensiones pasa por aumentar los ingresos de la Seguridad Social ¿Cómo?

Pasaría por unas cuantas medidas. Eliminar las bonificaciones de la Seguridad Social y las exenciones a las empresas que pagan una parte de las cotizaciones sociales, entre otras cosas porque no sirven para generar empleo y si para transferir dinero público a manos privadas. Esta eliminación supondría unos 4.000 millones anuales.

Los Presupuestos Generales del Estado asuman los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, como hace con el resto de ministerios. Esta medida supondría otros 4.000 millones anuales.

Subir el salario mínimo entre un 15/20% a lo largo de esta legislatura, que sería una media de justicia social y que permitía mayor recaudación de la Seguridad Social

Eliminación del límite de cotización máxima situada en 3.643 euros/mes. Esta medida supondría un aumento de la recaudación de 7.557 millones anuales.

Poner un nuevo impuesto, que garantizase la viabilidad del sistema como se hace en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Para los ya jubilados, hay una reivindicación básica y principal ELIMINACIÓN DEL 0,25% DE REVALORIZACIÓN ANUAL para volver al IPC como sistema de revalorización que es de justicia social. Esta revalorización del 0,25% está pensada para hacer disminuir la pensión y conducirnos a pensiones de miseria como Chile.

Si ustedes analizan el cuadro, comprobaran la diferencia que supone la revalorización que se hace con el 0,25% impuesto por el PP o si se hace con el IPC. Como se comprueba en los cinco años de legislatura 2016-2020 del PP, supondrá una pérdida de la pensión del 10%, mientras que si se hace por medio del IPC, nuestra pensión seguirá teniendo un valor justo.

Por eso Señores Jubilados, defendamos las pensiones públicas y que los participantes en el Pacto de Toledo donde se va a decidir las pensiones del futuro, sientan nuestras reivindicaciones y no nos lleven a una situación de miseria económica. Por esto, más que nunca Señores Jubilados, movilícense y defiendan lo que es suyo, se juegan su futuro, el de sus hijos y nietos.

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