La asociación Jueces para la Democracia (JpD) denuncia que el Anteproyecto de Reforma del Código Penal promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, «es sin duda el más regresivo de la historia de la democracia por su desproporcionada crueldad». En un comunicado, JpD ha explicado que el Gobierno que preside Mariano Rajoy recabó sendos […]
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) denuncia que el Anteproyecto de Reforma del Código Penal promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, «es sin duda el más regresivo de la historia de la democracia por su desproporcionada crueldad».
En un comunicado, JpD ha explicado que el Gobierno que preside Mariano Rajoy recabó sendos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal sobre la reforma de Gallardón y ha criticado que, sin embargo, el pasado 4 de abril se remitió al Consejo de Estado, último órgano informante, un texto que «no es el mismo informado por el CGPJ ni por el Consejo Fiscal».
«Se trata de un texto que incluye numerosas novedades sustanciales. Huelga decir que una vez emita informe el Consejo de Estado, el nuevo texto será aprobado por el Consejo de Ministros como Proyecto de Ley para su envío como iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados», ha precisado la asociación de magistrados.
Para JpD, el Gobierno «pone de relieve, nuevamente, su más absoluto desprecio hacia las reglas procedimentales», pues, desde su punto de vista, «con su modo de proceder, hurta al CGPJ y al Consejo Fiscal la posibilidad de emitir informe sobre las novedades incluidas en el texto, violando con ello el artículo 108.1.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
«ESCASO RESPETO»
«El escaso respeto que al Ejecutivo y al Grupo Parlamentario que lo sustenta les merece el órgano de gobierno de los jueces ha quedado claro mediante la suspensión ad hoc de la normativa que regulaba el proceso de elección de vocales del CGPJ, y mediante la proyectada reforma de este último, en trámite parlamentario, que lo jibariza para impedir que desempeñe su función de garante de la independencia judicial» ha sostenido.
Jueces para la Democracia ha recordado que «la democracia se articula sobre la base de un conjunto de reglas que nos dicen cómo deben adoptarse las decisiones colectivas» y que «para que un Estado sea verdaderamente democrático, no basta con el cumplimiento de tales reglas». Además, «es necesario que la legislación y la acción de gobierno se ajusten al programa de valores de la Constitución, lo que siempre es susceptible de controversia y distintos puntos de vista».
«Lo que no es discutible es que si las reglas se incumplen, el sistema deja de ser democrático. Esto es lo que, con honda preocupación, constatamos que se está produciendo. Y por ello, como asociación judicial defensora de los principios democráticos, queremos llamar nuevamente la atención de la opinión pública», ha sentenciado.