A finales de 2014 España contaba con 1,66 millones de hectáreas de superficie adscrita a la agricultura y ganadería ecológicas, según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Esta cifra representaba cerca del 8% de la superficie agraria utilizada, de acuerdo con el censo agrario de 2009. Además el consumo de productos ecológicos en la […]
A finales de 2014 España contaba con 1,66 millones de hectáreas de superficie adscrita a la agricultura y ganadería ecológicas, según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Esta cifra representaba cerca del 8% de la superficie agraria utilizada, de acuerdo con el censo agrario de 2009. Además el consumo de productos ecológicos en la Unión Europea crece a un ritmo anual que se acerca al 10%. Diferentes estudios apuntan que la agricultura ecológica reduce entre un 40% y un 60% las emisiones de dióxido de carbono, por la no utilización de plaguicidas químicos y fertilizantes nitrogenados. La práctica de una agricultura respetuosa con el medio también contribuye al relevo generacional. Así, los agricultores menores de 55 años suponían en 2010 el 64,3% del sector ecológico en la UE; y la presencia de las mujeres en la producción agroecológica -a menudo también en el consumo- es muy superior a la que mantienen en la agricultura convencional.
Pero el crecimiento no está exento de riesgos y dificultades. El coordinador del programa de Master y Doctorado en Agroecología de la Universidad Internacional de Andalucía, Manuel González de Molina, advierte que una parte «cuantitativamente relevante de la agricultura ecológica contribuye a mantener canales de comercialización poco sostenibles, que implican gastos energéticos muy elevados». A ello se agrega la necesidad de asumir modelos de consumo responsable -singularmente en cuanto a las carnes, huevos y derivados lácteos, aunque sean ecológicos- para no aumentar el impacto sobre países productores y en riesgo de inseguridad alimentaria. Se trataría, así pues, de priorizar los productos vegetales, locales y de temporada. «La ganadería extensiva, especialmente la ecológica, puede sostener sólo en parte la demanda de alimentos de origen animal», asegura González de Molina.
Abrir debates, plantear preguntas y apuntar posibles respuestas es el objetivo del libro «Arraigar las instituciones. Propuestas de políticas agroecológicas desde los movimientos sociales», publicado en junio de 2017 por Libros en Acción y coordinador por el miembro de Ecologistas en Acción y la Fundación Entretantos, Daniel López; el sociólogo e integrante de la cooperativa Garúa, José Luis Fernández Casadevante; la arquitecta, miembro del colectivo Surcos Urbanos y la plataforma Madrid Agroecológico, Nerea Morán; y la activista de Ecologistas en Acción que desarrolla el proyecto www.reverdea.com sobre nuevas ruralidades, Elisa Oteros. Cumplidos dos años y medio de los llamados gobiernos del «cambio», el texto de 330 páginas integrado por 30 artículos de 35 autores propone «herramientas» para que las administraciones públicas impulsen procesos de transición agroecológica.
En la presentación del libro en la cooperativa Aragó Cinema de Valencia Daniel López ha señalado algunos de los retos: «Cortocircuitar la inercia de una maquinaria (administrativa) pensada para reproducirse», enfrentarse a la debilidad presupuestaria y al desajuste frecuente entre los tiempos institucionales y las demandas de los movimientos sociales. Pero hay otros debates abiertos y posibles confusiones. «En Internet podemos encontrar decenas de definiciones acerca de la agroecología, resalta López; además países como Francia hacen bandera de la agroecología como línea oficial del Ministerio de Agricultura, desde la visión del crecimiento ‘inteligente y sostenible’ que promulga la UE para el sector agroalimentario». Por otro lado, la reglamentación europea de agricultura ecológica manifiesta contradicciones entre su declaración de principios y las prácticas que certifica, o incluye una pluralidad de realidades en ocasiones contradictorias.
Un problema añadido es que las propiedades agroecológicas han de afrontar controles farragosos, rígidos y caros; esto apunta al principio de «quien no contamina, paga más», resume Daniel López. Otro elemento sobre el que el doctor en agroecología llama la atención es el carácter principalmente urbano del movimiento social agroecológico en el estado español; relacionado principalmente con los grupos de consumo y en una segunda fase tanto con las plataformas locales por la soberanía alimentaria como a los proyectos de agricultura urbana comunitaria. En muchos de los discursos sobre agroecología urbana, subraya López, «el sujeto rural o no está o aparece como abstracto e idealizado». Cuestión diferente son los conflictos planteados entre el mundo agrario y el ecologismo. Presionados por los mercados y movidos por una ideología productivista, el impacto de las prácticas agresivas sobre la tierra entra en conflicto con las campañas ecologistas contra por ejemplo los transgénicos, el glifosato o la amenaza de la ganadería extensiva contra la fauna silvestre.
Daniel López firma con la investigadora del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, Mamen Cuéllar, un artículo en el que destacan el incremento de centros que imparten formación agroecológica como actividad extraescolar; promueven estas iniciativas las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), las administraciones municipales y autonómicas. Entre otros ejemplos, en el municipio de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) la Concejalía de Educación desarrolla un proyecto con actividades para centros escolares de primaria; y clases de especialidad de un Programa de Formación en jardinería, horticultura y viverismo; además, en coordinación con los Servicios Sociales se imparte educación para adultos que participan en los huertos comunitarios.
En el ámbito de la enseñanza secundaria profesional, la Escola Agrària de Manresa incluye la formación en tracción animal y las energías renovables. Uno de los referentes en la formación agroecológica para adultos a escala global es el movimiento «de campesino a campesino», que irrumpe en Nicaragua en los años 80 y fue adoptado por la Asociación Nacional de Productores (ANAP) en Cuba. La relevancia de esta propuesta radica en rol que asumen los campesinos como educadores y transmisores de conocimientos.
En otro de los textos el miembro del consejo editorial de la revista «Soberanía, Biodiversidad y Culturas», Fernando Fernández Such, apunta el impacto de la expansión urbanística, las grandes infraestructuras, la explotación energéticas y las zonas industriales que en el estado español han supuesto, en la última década, la merma en un 9,2% de la superficie agraria útil (una media de 650 hectáreas diarias). «La acción política contra el latifundio antisocial y antieconómico debe ser prioritaria», señala el autor. Recuerda que el 14% de las fincas de más de 500 hectáreas son de titularidad pública (con un tamaño medio de 500 hectáreas), «grandes propiedades la mayoría de las veces infrautilizadas». Además en el estado español existen 486 titulares físicos o empresas mercantiles, que acumulan entre ellos cerca de un millón de hectáreas. Por otro lado, 264 perceptores de la Política Agraria Común (PAC) europea son beneficiarios en España del 45% de los recursos. Las desigualdades lo son también de género, afirma Fernández Such: Las mujeres poseen sólo el 23% de la propiedad de la tierra.
Gabriela Vázquez, miembro del área de Agroecología de Ecologistas en Acción, aborda en otro artículo la realidad de los cultivos transgénicos. Subraya que actualmente la UE permite sólo uno de ellos -el maíz MON810-, cuyo productor principal es España, sobre todo en Aragón y Cataluña; «no es posible encontrar lechugas o tomates transgénicos en los supermercados de la UE, pero sí que es habitual que los animales se alimenten con piensos transgénicos», afirma. Desde otra perspectiva, el texto de la arquitecta Nerea Morán plantea la integración del ámbito agrario en las políticas de ordenación del territorio. La relevancia del espacio rural viene dada porque constituye el 90% de la superficie estatal, aunque sólo viva en el mismo el 31% de la población. Asimismo la autora recuerda que la población activa en el sector agrario se sitúa en el 4%, y con una franca tendencia al envejecimiento.
El panorama se completa con otros tres ejes: la desaparición de pequeñas explotaciones agrarias (menos de cinco hectáreas), la concentración de la propiedad y una mayor presencia de sociedades mercantiles, «mientras las tierras de gestión comunal se ven amenazadas de privatización por diversas reformas normativas». El libro «Arraigar las instituciones» pone énfasis en las experiencias y casos prácticos. Morán señala iniciativas para la dinamización y salvaguarda del espacio agrario, como el Parque Agrario del Baix Llobregat en Cataluña, el Esquema director de la región de la Ile de France (SDRIF), que afecta a más de un millar de municipios -incluida el área metropolitana de París- en la que un 53% del territorio es agrícola; procesos participativos como los desarrollados en el Plan Regional de Paisaje de la Plugia, en Italia; o la propuesta del grupo Desazkundea (Colectivo Decrecentista de Euskal Herria) en 2003 a las Directrices de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, en el que se plantea la huella ecológica como uno de los criterios para la asignación de usos del suelo; o una reserva legal de suelo para la producción alimentaria.
La ingeniera agrónoma y miembro de la Red Andaluza de Semillas «Cultivando Biodiversidad», María Carrascosa, y el ingeniero agrícola y colaborador de la Red de Semillas y de Llavors d’Ací, Josep Roselló, subrayan que Naciones Unidas cifra en un 75% la pérdida de variedades locales de cultivo durante el siglo XX. La estadística de la FAO corresponde a 1999, pero podría alcanzar actualmente el 90%. «Son necesarias las reglamentaciones que apoyen los sistemas informales de producción e intercambio de semillas campesinas», concluyen los autores en su análisis. Entre otras iniciativas que contribuyen a la protección del patrimonio agrícola, destacan los 36 bancos de conservación públicos vinculados a la Red de Colecciones del Programa de Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos; e iniciativas como la Red de Resiembra e Intercambio, en la que participan más de 500 agricultores de Andalucía; por esta red, gestionada desde 2007 por «Cultivando Biodiversidad», han pasado más de 2.700 variedades locales.
Otro posible punto de vista es el de la importancia de la compra pública para el desarrollo de la agroecología. José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán parten de un estudio de 2013 realizado por Veterinarios Sin Fronteras-Justicia Alimentaria Global, que sitúa entre 2.000 y 3.000 millones de euros la cantidad destinada por la administración pública en el estado español a la alimentación en diferentes centros, como residencias, escuelas u hospitales. Resulta difícil apuntar una cifra exacta, debido a la descentralización de las compras y los múltiples compradores. Pero si el «tirón» que ejerce la demanda estatal resulta innegable, no lo es menos la tendencia a que de la misma se beneficien las corporaciones.
Según un informe de la ONG Amigos de la Tierra («Soberanía alimentaria en las mesas del colegio»), diez grandes empresas se repartían en 2011 la mitad de los 3.100 millones de euros del negocio generado; además sólo el 2,8% de las compras se realizaban a productores locales. Algunas experiencias han roto, sin embargo, este guión. Una de las principales, el programa «Alimentos Ecológicos para el Consumo Social en Andalucía», promovido por la Consejería de Agricultura y Pesca de esta autonomía. Y en Canarias, la iniciatiava «Ecocomedores Escolares», en la que participan 42 centros educativos y se alimentan 8.000 alumnos. En Gipuzkoa trabajan desde 2008 en la implantación de los menús ecológicos en las escuelas infantiles la Fundación Cristina Enea, el Ayuntamiento de San Sebastián y la asociación de productores ecológicos de Gipuzkoa, entre otros actores. A la iniciativa Ekolapiko se acogen nueve escuelas infantiles y 700 comensales diarios.
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