La empresa de seguros Mutua Madrileña anunció el miércoles la concesión del ‘Premio Mutua Madrileña 2007’, dotado con 750.000 euros, a Juan Carlos de Borbón. El jurado, presidido por José María Ramírez Pomatta, presidente de la aseguradora, destacó que los más de 30 años de reinado del galardonado constituyen «el periodo más largo de paz, […]
La empresa de seguros Mutua Madrileña anunció el miércoles la concesión del ‘Premio Mutua Madrileña 2007’, dotado con 750.000 euros, a Juan Carlos de Borbón.
El jurado, presidido por José María Ramírez Pomatta, presidente de la aseguradora, destacó que los más de 30 años de reinado del galardonado constituyen «el periodo más largo de paz, estabilidad, libertad, progreso y cohesión social de nuestra historia».
Esta es la primera edición de un premio, que tendrá periodicidad anual, creado según sus promotores para «reconocer comportamientos y conductas de personas o instituciones que tienen una especial significación en los distintos ámbitos del conocimiento».
El galardón se entregará el próximo 19 de diciembre y es el de mayor dotación económica en España, ya que el premiado recibirá 750.000 euros y una escultura del artista Víctor Ochoa.
Buenas relaciones
Pero la relación entre Mutua Madrileña y Juan Carlos de Borbón va más allá de lo que las agencias y los medios del régimen han anunciado estos días tras la concesión del premio.
Con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la aseguradora, el matrimonio Borbón presidió el acto protocolario, inauguró su nueva sede e hizo entrega de las Medallas de Honor que otorga la Fundación. En aquella ocasión, Juan Carlos de Borbón no tuvo reparó en afirmar que la empresa «ha sabido devolver generosamente a la sociedad parte de los beneficios obtenidos de la gestión de sus recursos», dando «un perfil más humano y solidario a su actividad principal». Quizá porque la compañía, a través de su Fundación Médica, es uno de los principales soportes económicos de la Fundación Reina Sofía.
Mutua Madrileña es la primera aseguradora española en rentabilidad y solvencia. Su cartera está formada por casi tres millones de asegurados repartidos en los diferentes ramos donde opera: automóviles, vida, salud, hogar, decesos, etc. En 2006, obtuvo un beneficio neto de 601 millones de euros, y tiene participaciones accionariales exclusivamente en empresas líderes: Banco Santander y Repsol YPF, donde es uno de los principales accionistas; y Sacyr Vallehermoso de la que es titular del 5% del capital.
Reacciones tras la concesión del premio
Nada más conocerse el veredicto del Jurado, la Casa Real salió al paso anunciando que Juan Carlos de Borbón donaría el importe íntegro del galardón al Museo del Prado. Sin embargo, queda en el aire la pregunta de si ese dinero será efectivamente donado al Museo y, en cualquier caso, si se tributará a Hacienda lo correspondiente al mismo.
La cuestión no es ociosa por cuanto según fija la Constitución Española la administración de la Casa Real «será resuelta libremente por S.M. el Rey» y de la cual no debe dar ningún tipo de justificación o noticia.
Con este mismo criterio Juan Carlos de Borbón gestiona los 8,28 millones de euros -frente a los 8,05 millones de 2006- de presupuesto. A esta partida hay que sumar los 5,82 millones en concepto de «apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado», y los gastos de la familia real que son asumidos por diversos ministerios, por lo que no se conoce con exactitud el coste total anual de la institución.
La figura del Administrador y la opacidad de las cuentas
Por tal motivo, el pasado 13 de abril (un día antes del aniversario de la II República) Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) presentó en el Congreso una propuesta no de ley en la que se instaba al Gobierno a presentar, en el primer trimestre de cada año natural, la liquidación presupuestaria pormenorizada del ejercicio anterior relativa a la Jefatura del Estado y la Casa Real. Con ello se pretendía aportar «transparencia» sobre los fondos a disposición de la Familia Real, sus sueldos, las donaciones recibidas y qué patrimonio corresponde a Don Juan Carlos y a su familia.
Sin embargo, la Mesa del Congreso rechazó la admisión a trámite de todas la iniciativa alegando que, conforme a lo dispuesto en la Constitución, «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». El órgano de gobierno de la Cámara Baja, con los votos de los representantes de PSOE, PP y CiU, también ha vetado cuantas iniciativas similares se han presentado también por IU-ICV y por el diputado de Los Verdes Francisco Garrido, adscrito al Grupo Socialista.
Pero, desde luego, nadie en la Casa Real tiene el mínimo interés en dar a conocer en qué se gasta el dinero de los ciudadanos. Tras la negativa parlamentaria la Casa Real decidió nombrar un interventor, según apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del lunes 27 de agosto. En un escueto comunicado, el portavoz de la familia Borbón aseguró que «la figura del interventor es una decisión administrativa y burocrática adoptada por el Rey para mejorar el funcionamiento interno de la institución, y no tiene más trascendencia». Lo cual significa que dicha mejora en el funcionamiento nada tiene que ver con dar más claridad a su contabilidad, o con el legítimo derecho de los ciudadanos a conocer la gestión de una institución del Estado.
Si para la Casa de los Borbones esta circunstancia «no tiene mayor trascendencia», no opinaron lo mismo los grupos políticos que criticaron esta falta de transparencia de los gastos regios, asegurando que no se puede ser zanjada esta cuestión sin más explicaciones. «No se sabe nada de nada, nadie tiene acceso a ninguna información sobre la Casa Real ni se aceptan preguntas por parte de la Mesa del Congreso […], el nombramiento del interventor demuestra que todo empieza a moverse, pero estamos muy lejos de lo que debería ser una democracia», afirmó el diputado de ERC, Joan Tardá.
«Si existe algún agujero negro en nuestra democracia es la Casa Real, ya que nada justifica esta opacidad ni esta falta de control», reiteró Tardá.
El «estatus» altamente privilegiado de esa familia, según numerosos analistas y expertos, es una de las más graves contradicciones de la «democracia española» y la mayor violación del concepto constitucional de igualdad. Muchos creen que ya es suficiente con la inmunidad y la impunidad de Juan Carlos de Borbón ante la ley. Los republicanos catalanes opinan que gastar sin informar al pueblo es un privilegio injustificado que debe suprimirse.