Ubicado en el distrito de Rascanya, en la periferia norte de la ciudad de Valencia, el barrio de Orriols -obrero y multicultural- tenía cerca de 18.000 habitantes en 2024, de las que cerca de 5.000 tenían entre 45 y 64 años de edad, según el padrón municipal; 7.825 habían nacido en el extranjero (el grupo más numeroso procede de América del Sur), y casi 2.500 son originarios de territorios del estado español distintos del País Valenciano (sobre todo, Castilla-La Mancha).
Además de un porcentaje de población extranjera de casi el 34%, el Censo de Población y Vivienda señala que de las 7.985 personas consideradas activas en Orriols (por viviendas principales), la gran mayoría se dedica al sector de los servicios; prácticamente todas las viviendas del barrio fueron construidas en la década 1961-1980, según los datos del Catastro.
Del tejido asociativo de la barriada (municipio independiente de Valencia hasta 1882), forma parte la iniciativa comunitaria Orriols Convive, cuyo objetivo es “transformar el barrio a través de la participación ciudadana”; se declaran defensores de los derechos humanos, luchan “por un mundo mejor” y resumen sus valores en cinco puntos: solidaridad, respeto, diversidad, igualdad y sostenibilidad.
En mayo de 2025, Orriols Convive elaboró un informe sobre la situación de sinhogarismo en el barrio, que calificaba como “grave”, y en la que señalaba la falta de recursos adecuados en materia de Servicios Sociales; las personas sin techo o en situación de calle se hallan “en condiciones de extrema exclusión y vulnerabilidad”, afirma la asociación.
El colectivo contabilizó en el documento 41 personas que pernoctaban en un lugar fijo de la barriada; 30 de ellas en un asentamiento chabolista; seis en un asentamiento “con estructuras abiertas, cubiertos por pérgolas improvisadas”; otros tres en un asentamiento; y dos en un descampado (uno de ellos en una tienda de campaña y otro a cielo descubierto).
La asociación realizó el informe en mayo, pero considera que pasados cuatro meses la situación -en términos generales- se mantiene o es posible, incluso, que haya empeorado.
¿Se trata de un estado de cosas excepcional? “Ésta no es una emergencia puntual, sino una consecuencia directa y sostenida de la problemática insostenible del acceso a la vivienda, a la que se suma la inexistencia de recursos y respuesta pública, y la burorrepresión”, detalla el documento.
Por ejemplo, el Sindicat de L’Habitatge de València convocó el 18 de junio una concentración en la calle Arquitecte Rodríguez número 45 (Orriols), con el fin de parar el desahucio de una mujer, y su hijo de 23 años, que llevaban dos décadas viviendo en el barrio; la convocatoria informaba que la empresa inmobiliaria -propietaria de la vivienda- no quiso renovar el contrato de alquiler.
El documento apunta, como necesidades apremiantes de las personas sin techo, una vivienda digna, disponer de alimentos de modo regular y duchas.
Añade que las personas sin hogar de Orriols se enfrentan a un volumen de recursos insuficientes y muy alejados del barrio; ello provoca, en general, desplazamientos a trabajar sin antes comer o ducharse, y en ocasiones llegando con retraso; de ahí la reivindicación de que se gestionen los recursos desde el barrio; se cita como ejemplo la apertura de las duchas del polideportivo.
Asimismo Orriols Convive ha constatado, en los últimos meses, “casos de hostigamiento y retirada de documentación” a los ciudadanos que viven en la calle por parte de la policía local (la asociación concluyó el informe en mayo).
En este contexto, “pedimos que la función de la policía local se enfoque en la seguridad de estas personas, pues han recibido agresiones físicas y violencia verbal, a lo que la policía local no ha dado ningún tipo de respuesta tras pedirles ayuda”.
Otro punto destacado por el colectivo es la falta de coordinación en los “servicios de carácter social” con competencias; advierten, en concreto, cómo desde los Servicios Sociales se deriva a estos ciudadanos al Centro de Atención Social a Personas Sin Techo (CAST) o al Centro de Atención a la Inmigración (CAI), y desde estos centros retornan de nuevo a Servicios Sociales.
La consecuencia es “una inatención y una prolongación de los procesos burocráticos, que frena los avances individuales y deteriora el bienestar psicosocial de las personas atendidas”, denuncia Orriols Convive.
La iniciativa comunitaria alerta, además, del desmantelamiento de los recursos sociales por parte del Ayuntamiento de Valencia (gobierno de coalición entre el PP y Vox), lo que afecta, por ejemplo, a las prestaciones que ofrecen los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) de la ciudad.
La fotografía actual de Orriols echa raíces en décadas anteriores; la asociación Orriols Convive destaca que en los años 60 del siglo pasado se produjo un boom demográfico en la barriada, explicable en gran medida por la migración desde otras regiones españolas.
En paralelo tuvo lugar la construcción de nuevas edificaciones -de bajo coste- en el barrio, pero con escasez de plazas, jardines, servicios y dotaciones públicas, que no empezarían a construirse hasta los años 80 (a menudo en solares perimetrales).
Un aspecto importante -a finales del siglo pasado- fue el comienzo del PAI de Orriols, proyecto urbanístico cuyo fin era urbanizar la zona de huerta entre los barrios de Orriols y Benimaclet.
Se da la circunstancia que, pasados los años, “los vecinos provenientes de la inmigración interior, que llegaron al barrio en los años 60, abandonan sus viviendas trasladándose a otras zonas de la ciudad”, explica Orriols Convive en su página Web; y llega al barrio población migrante que procede, sobre todo, de América del Sur y África; actualmente Orriols es uno de los barrios de Valencia con mayor porcentaje de ciudadanía extranjera.
Tal vez el informe de Orriols Convive pueda complementarse con el censo realizado la noche del 24 de octubre de 2023 por la Universitat de València, 16 entidades sociales, 600 voluntarios y el Ayuntamiento, que identificó 837 personas sin hogar en la ciudad; de ellas, 471 se hallaban en la calle y 366 en albergues o pisos tutelados.
En el estado español, un promedio diario de 33.758 personas mayores de 18 años se alojaron, en 2024, en centros de atención a personas sin hogar, según la Encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar del INE; las situaciones más atendidas en los centros fueron inmigración/solicitud de protección internacional (51,9%) y mujeres víctimas de violencia de género (17,9%).
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