La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, para que declare que la Administración española ha vulnerado los derechos fundamentales de las 23 personas que viajaban en el Marine I y que todavía permanecen retenidas en Mauritania. Estas personas se encuentran detenidas bajo custodia de las […]
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, para que declare que la Administración española ha vulnerado los derechos fundamentales de las 23 personas que viajaban en el Marine I y que todavía permanecen retenidas en Mauritania. Estas personas se encuentran detenidas bajo custodia de las autoridades españolas y sin embargo no se les está aplicando la legislación de nuestro país.
CEAR ha solicitado también una medida cautelarísima extraordinaria para que se suspenda una posible repatriación a sus países de origen o el traslado a un tercer país de estas 23 personas, y pide que sean trasladadas a España ante los claros indicios de que pueden necesitar protección internacional. La Audiencia Nacional ha desestimado esta petición al entender que el traslado de los migrantes no es inminente, y está estudiando una medida cautelar ordinaria.
El gobierno está actuando en un espacio fuera del territorio español en el que no se está n aplicando las garantías del Estado de Derecho. Las 23 personas, que han rechazado el retorno «voluntario» a su lugar de origen, la región de Cachemira en India, donde se vive un grave conflicto que podría poner en riesgo su integridad en caso de ser repatriadas, permanecen detenidas por fuerzas de seguridad españolas desde hace más de sesenta días cuando la Ley de Extranjería señala un máximo de cuarenta días para la retención en estos casos. Ninguna autoridad judicial ha intervenido en el proceso, y los detenidos no han contado con asistencia de abogado. Se ha vulnerado también su derecho al asilo, porque no han podido acceder al procedimiento de peticición de asilo con plenas garantías.
Hay que recordar que España tiene una responsabilidad directa respecto a las personas que fueron interceptadas y desembarcadas del Marine I. El barco de Salvamento Marítimo que rescató el buque pertenece a la Administración española, son agentes de seguridad españoles los que custodian a los migrantes en Nuadibú, y se ha trasladado a 35 ciudadanos subsaharianos primero a Cabo Verde y luego a Guinea Conakry merced a un acuerdo firmado entre España, Mauritania y Guinea. Asimismo, ha sido el gobierno español el encargado de los vuelos de retorno a India y Pakistán, y el que ha expulsado a nueve solicitantes de asilo que después de ser desembarcados del Marine I fueron trasladados a Gran Canaria y devueltos a Sri Lanka, en una expulsión denunciada por CEAR.
Por tanto, estas 23 personas están bajo la responsabilidad de la Administración española independientemente del lugar donde se encuentren, y por tanto ésta debe cumplir la normativa española. No es permisible que agentes españoles, enviados oficialmente por las autoridades competentes de nuestro país, detengan en un tercer país a personas, y limiten su derecho a la movilidad sin control judicial.
CEAR advierte además que su repatriación a Cachemira podría suponer una vulneración del principio de no devolución establecido en la Convención de Ginebra de 1951. Según este principio, se prohíbe poner a un posible solicitante de asilo y refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad corra peligro. Los testimonios de los 23 hombres que se encuentran en Nuadibú y que han recogido personal de Médicos del Mundo, contienen indicios suficientes para pensar que estas personas pueden necesitar protección internacional, y para que se tenga en cuenta su claro temor a la vuelta a su región de origen, cuya situación de conflicto ha sido advertida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en varios llamamientos públicos recientes.
Huelga de hambre
El pasado viernes estas 23 personas iniciaron una huelga de hambre con el fin de pedir información sobre su futuro y evitar su repatriación. «Nos han dicho que prefieren quedarse en un país africano a regresar a sus lugares de origen. Temen por su seguridad si vuelven a su casa», según explicó la coordinadora de Médicos del Mundo en Nuadibú, Pino González.
Según los testimonios recabados por la ONG, estas personas proceden de la Cachemira india, una zona que se disputan el Ejército indio y los rebeldes que aspiran a su unión con Paquistán. Hasta llegar al momento de la huelga los 23 inmigrantes han vivido todo tipo de penurias: las conocidas incluyen una travesía de varias semanas en un barco chatarra, un rescate más que problemático, y una retención que dura ya casi dos meses.
Todos sus compañeros de viaje (hasta 369) han sido repatriados a sus países de origen a través del programa coordinado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Ellos no quieren oír hablar de vuelta, de ahí que Médicos del Mundo solicite formalmente al Gobierno español que traslade a nuestro país a estas 23 personas para estudiar caso por caso y decidir sobre una eventual concesión de asilo.
La organización esgrime argumentos sanitarios: «La mayoría ha sufrido crisis de ansiedad y, en general, se encuentran en un estado continuo de angustia que les provoca cefaleas, insomnio y estrés», afirma Pino González. «El rescate y la custodia de las autoridades españolas evidencia la responsabilidad de España sobre estas personas», concluye la presidenta de la ONG, Teresa González.