La Audiencia Nacional española decreta la «suspensión de actividades» a la organización independentista Causa Galiza por un año, que puede ser prorrogable, y mantiene las graves imputaciones penales contra nueve militantes detenidos el pasado 30 de octubre en la llamada Operación Jaro, de «enaltecimiento del terrorismo» e «integración en banda armada». La decisión del […]
La Audiencia Nacional española decreta la «suspensión de actividades» a la organización independentista Causa Galiza por un año, que puede ser prorrogable, y mantiene las graves imputaciones penales contra nueve militantes detenidos el pasado 30 de octubre en la llamada Operación Jaro, de «enaltecimiento del terrorismo» e «integración en banda armada».
La decisión del juez Eloy Velasco de volver a suspender a Causa Galiza se basa en alegaciones como «la protección de futuras víctimas» o «conjurar la defensa social en la evitación de la continuidad delictiva». Además, se acusa a Causa Galiza de difundir mensajes contra la monarquía y el Estado español, así como de participar en actos públicos sobre la historia del independentismo gallego.
La confirmación sale a luz después de la comparecencia el pasado 8 de febrero de Joám Peres, representante legal de Causa Galiza, pocos días después de que fue admitido el recurso presentado por la defensa que anuló la decisión de Velasco, argumentando la vulneración de derechos humanos que supuso suspender a Causa Galiza por dos años, sin haber escuchado antes a la organización.
Los nueve independentistas, a través de un comunicado, han valorado la decisión como «un disparate judicial y político destinado, exclusivamente, a impedir que trabajemos políticamente». Además, reiteran que Causa Galiza, que hace vida pública desde 2007, «actuó siempre con métodos legales al servicio del Pueblo Gallego y de la causa independentista», y argumenta que si «trabajar en favor del derecho de autodeterminación y de la independencia como soluciones estratégicas a los problemas de desempleo, emigración, espolio territorial, asimilación, etc., que padece Galiza es terrorismo, miles de gallegas e gallegos son también terroristas». Finalmente, afirman que mantendrán los principios «patrióticos y socialistas» frente a una España que no tiene «nada que ofrecer al pueblo gallego».
Operación Jaro, comenzó la «cacería de militantes»
El pasado 30 de octubre de 2014, la Audiencia Nacional española ordenaba la detención en distintos puntos del país de nueve militantes de la organización independentista Causa Galiza, bajo la acusación de «integración en banda armada» y «enaltecimiento del terrorismo» . Ocho de los nueve militantes fueron trasladados a Madrid por orden del juez Eloy Velasco, quien decretó su libertad con cargos y medidas cautelares, así como la suspensión inmediata de la actividad pública de Causa Galiza durante dos años.
Al fuerte dispositivo policial que sacó a nueve militantes -uno de ellos aquejado de una dolencia cardiaca- de sus casas a punta de metralleta para trasladarlos a Madrid, se le sumaron las voces de políticos del Partido Popular acompañadas del aparato mediático con noticias y titulares sensacionalistas que vulneran derechos como la presunción de inocencia. Un ejemplo más de cómo el entramado político, judicial y mediático español trabaja conjuntamente con el objetivo de criminalizar y destruir a la disidencia política, ensañándose con los movimientos independentistas y soberanistas que cuestionan el orden territorial del Estado español.
Frente a esta nuevo contexto represivo, el 24 de enero fue convocada una movilización nacional en Galiza «contra la ilegalización de organizaciones políticas y en defensa de los derechos y las libertades». Más de mil personas acudieron al llamado en la capital de Galiza, Compostela, con una amplia presencia de colectivos y organizaciones políticas, culturales, feministas y sindicales como la CIG (Conferencia Intersindical Galega), MNG (Mulheres Nacionalistas Galegas), CNT (Central Nacional de Trabajadores), etc., así como el apoyo de organizaciones internacionales como Sortu, Askapena o la CUP.
En este sentido, ya en 2013 el Organismo Popular Anti-repressivo CEIVAR, después de conocer la sentencia que dictaminó la existencia de un grupo terrorista en Galiza, Resistencia Galega, e impuso penas ejemplares de entre 18 y 10 años de cárcel a cuatro militantes independentistas, alertaba de que esta condena abría la «cacería de militantes de todo tipo de organizaciones que hasta ahora operaban legalmente y que, a corto plazo, pueden ser etiquetadas como partes de un supuesto «organigrama terrorista», ilegalizadas y perseguidas».
Esta nueva operación política, mediática y policial contra Causa Galiza supone un nuevo salto cualitativo en la represión que enfrenta el independentismo gallego organizado, pues como apunta Joám Peres, uno de los encausados entrevistado por Diário Liberdade, «se trata de un hecho inaudito porque, desde 1936, año en que el fascismo ilegaliza al Partido Galeguista, ésta es la primera ilegalización que conocemos en Galiza».