El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se ha declarado competente para investigar las posibles escalas en el aeropuerto de Palma de Mallorca de aviones de la CIA con presuntos terroristas detenidos. Según han informado fuentes jurídicas, el juez adoptó esta decisión después de que el fiscal considerara que la Audiencia Nacional no era […]
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se ha declarado competente para investigar las posibles escalas en el aeropuerto de Palma de Mallorca de aviones de la CIA con presuntos terroristas detenidos.
Según han informado fuentes jurídicas, el juez adoptó esta decisión después de que el fiscal considerara que la Audiencia Nacional no era competente para investigar este asunto, sino un juzgado de Baleares.
Moreno se hizo cargo de esta causa después de que el pasado 30 de noviembre el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías Sansaloni, se inhibiera en favor de la Audiencia para la investigación de estos hechos y remitiera todas las diligencias que había realizado a dicho tribunal.
La valoración del fiscal es anterior a que se conociera el resultado de una investigación del Consejo de Europa en relación con estos vuelos de la CIA, que implica a España entre los 14 países europeos que supuestamente les dieron cobertura.
El informe, elaborado por un legislador suizo, Dick Marty, señaló que el aeropuerto de Palma «tenía una función muy particular en el circuito de entregas extraordinarias», pues «era el lugar donde los equipos iban a preparar sus misiones y descansaban después de ellas». Según él, «algunos de estos equipos han dormido en hoteles de Palma de Mallorca».
Sin embargo, indicó que «la Justicia española está muy activa» en la investigación.
El informe se someterá a debate en el pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 27 de junio en Estrasburgo.
Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha informado que pedirá este lunes una fecha al Parlamento Europeo para su comparecencia ante la comisión que investiga estos vuelos. El ministro ha destacado la «total serenidad» del Gobierno ante este asunto y su «compromiso de mantener una plena tranparencia e información».
Izquierda Unida había solicitado al Fiscal general del Estado una investigación
El coordinador general de Izquierda Unida y presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha remitido una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tras tener conocimiento de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a que el caso de los vuelos ilegales de la CIA se investigue en esta instancia judicial.
En su misiva, Llamazares expresó al fiscal general la «preocupación» de IU por esta decisión, al tiempo que le insta «a que la Fiscalía no ponga obstáculos, sino que promueva y profundice la investigación judicial sobre este asunto, y ejerza todas las facultades de que dispone para que este caso sea investigado en la Audiencia Nacional».
IU-ICV advirtió de que el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González-Morata tiene intención de oponerse en los próximos días a que desde esta instancia se investigue este caso, así como la de pedir al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que archive las actuaciones.
Ante ello, el coordinador general de IU trasladó a Conde-Pumpido que «si se adoptaran estas decisiones», se grupo parlamentario no las compartirá. «Efectivamente, teniendo en cuenta que estos vuelos son objeto de diligencias de investigación en sede penal en juzgados de Palma de Mallorca y de Canarias, parece más coherente integrar la investigación judicial confiándola a la competencia de la Audiencia Nacional», señaló al respecto.
Llamazares recordó al fiscal general que hechos similares «están siendo investigados por las autoridades judiciales de Milán (Italia) y Munich (Alemania). En este último caso, por el secuestro de un ciudadano alemán Jaled el-Masri, quien fue trasladado en un avión con origen y regreso a Palma de Mallorca, además de las mencionadas investigaciones del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
«Estamos ante un caso con ramificaciones internacionales, susceptible de ser tratado también a la luz del Derecho Internacional Público», hizo hincapié tras argumentar legalmente su petición.
«En virtud del artículo 7 de la Ley 49/1960 de 21 de julio, de Navegación Aérea, España es competente para aplicar plenamente su legislación penal y demás disposiciones de policía y seguridad pública vigentes en nuestro país a todas las actividades que se hayan producido con dichas aeronaves», advirtió.
Por ello, valoró que el Estado tiene «atribuidas funciones de control o vigilancia en este sector, que según la más moderna jurisprudencia pueden dar lugar en casos determinados a la exigencia de la responsabilidad pública por los daños producidos por terceros por el hecho de que el poder público no haya ejercido con toda la diligencia y facultades que el ordenamiento le atribuye sus funciones de control e inspección».
Llamazares subrayó que el informe provisional del Consejo de Europa, publicado el pasado 7 de junio, incluye a España en la lista de países que ‘permitieron o no investigaron’ el uso de su territorio por la CIA como plataforma logística para desarrollar sus actividades ilegales.