En la transición política, Antonio Garcia-Trevijano, presidente e impulsor de la Junta democrática, plataforma de movilización social y política contra la dictadura franquista, acuñó el término de «poderes facticos» para referirse a la intervención entre bambalinas de la Banca y del gran empresariado en el proceso de transición política. Sin embargo, en aquella época, los […]
En la transición política, Antonio Garcia-Trevijano, presidente e impulsor de la Junta democrática, plataforma de movilización social y política contra la dictadura franquista, acuñó el término de «poderes facticos» para referirse a la intervención entre bambalinas de la Banca y del gran empresariado en el proceso de transición política. Sin embargo, en aquella época, los partidos entonces clandestinos o los recién legalizados fueron cambiando el significado del término y lo utilizaron para referirse, no solo a la Banca y al gran empresariado sino también al Ejército y a la Iglesia, es decir, a instituciones claves del régimen franquista.
En la crisis política catalana estos poderes fácticos institucionales, Iglesia y Ejército, parece que han vuelto a intervenir de forma directa o indirecta.
La declaración del Rey Felipe VI ha supuesto un giro de tuerca a la ya dura política adoptada por el Gobierno en relación a la crisis política en Cataluña. Ahora ya no se dejan ni puertas entreabiertas. Se trata a los catalanes de golpistas y rebeldes y se amenaza con todas los poderes institucionales del Estado, incluyendo el Ejercito. Se plantea la rendición sin condiciones. Pocos analistas han sugerido siquiera la posibilidad de una presión autónoma de los ejércitos o del generalato en la declaración del Rey; sin embargo, desde hace días, algunas cartas incendiarias han circulado en ambientes militares. Además, la revuelta contra la presencia de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña ha sido la gota que ha debido colmar el vaso. Es cierto que el Rey intervino vestido de civil pero pareciera, por su actitud hierática, que hablara en nombre de los Ejércitos o por lo menos no hablaba como mero transmisor del gobierno. La prensa resalta que el Rey ha ido totalmente alineado con el Gobierno pero muchos analistas han señalado que la declaración del Rey ha marcado un antes y un después y que, en realidad, se ha situado a la derecha de la política gubernamental; las movilizaciones generadas después de la declaración en diversas partes como Zaragoza, ciudades andaluzas etc. en algunos casos han sido muy numerosas y todas tenían un carácter de apoyo y desagravio a las Policía y la Guardia Civil. Incluso la cadena Sexta, que había retransmitido la revuelta democrática catalana, casi en directo, ha girado de política y parece cerrar filas y sin fisuras con la declaración del Rey.
En la Constitución de 78, el ejército tiene un papel de garantía de la integridad territorial y el Monarca también es el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. De hecho la intervención del Monarca en el 23 de febrero de 1981 se hizo en calidad de Jefe de las Fuerzas Armadas. Pero no estamos ante una asonada militar y por ello no hay ninguna razón para que el Rey haya realizado esta declaración, sustrayendo, en cierta forma, la autoridad del gobierno y buscando marcar claramente la política gubernamental. El malestar en las salas de banderas, en los acuartelamientos de la Guardia Civil y en la Policía puede haber pesado en la declaración del Rey y ahora puede estar determinando la nueva política gubernamental que se ha considerado, hasta ahora, torpe y poco decidida.
Los efectos de la intervención del Rey han sido devastadores para la democracia y para lo que lo que se venía denominando dialogo o para esa «más democracia» que reclamaba Manuela Carmena. En primer lugar, la dimisión de Rajoy ya no es una condición sinequanon para nadie, si acaso para algunos sectores del PP ultraconservadores. Podemos, por ejemplo, venia exigiendo la dimisión de Rajoy porque lo veía como un interlocutor imposible y ahora ya ha abandonado esa posición («Mejor Rajoy que el Rey»). En el PSOE ahora el alineamiento con el Gobierno y el Rey es ya sin fisuras y sin ningún distanciamiento. En el nacionalismo político, la declaración de independencia ha sido pospuesta y se apuesta por un dialogo urgente presionando al Iglesia católica. Desde la intervención del Rey todo el sistema político español se cierra sobre la idea de restaurar el orden constitucional y la vuelta al estado de las autonomías previa rendición y sanción de los nacionalistas e independentistas y sino proceder a suspender la autonomía catalana y convocar elecciones autonómicas.
Otros de los poderes fácticos que también está tomando un protagonismo importantísimo en la crisis es la Iglesia Católica. En efecto, esta institución parece estar realizando un doble juego. La iglesia Católica tiene alianzas bastantes solidas con un sector del nacionalismo catalán, aquel que ha estado en el poder en Cataluña durante casi cuarenta años y también con el Gobierno español. Que haya sectores de la izquierda, como el caso de Podemos, que se dirijan a la Iglesia como propuesta mediadora es desconocer el carácter reaccionario que tiene esta institución además de dar un carácter dialogante y de respetabilidad espiritual a instituciones doctrinarias frente a la mismísima sociedad internacional o lo Estados realmente existentes o incluso a la Sociedad civil. La iglesia, a pesar que en Cataluña existe también una a fuerte iglesia nacionalista (la iglesia siempre va estar a favor de la nación frente al Estado aunque su ideal es una fusión nacional estatal), intentará canalizar el dialogo hacia la rendición de las aspiraciones políticas catalanas posponiendo el derecho de la autodeterminación. La Iglesia siempre, en sus mediaciones, canaliza sus esfuerzos hacia el apaciguamiento y posponiendo las reivindicaciones democráticas o sociales .Por supuesto, desde el laicismo, es inaceptable que la sociedad política nacional o internacional proponga a entidades religiosas el papel de interlocutor o mediador no solo por lo que significa de fracaso de la política sino porque, además, siempre suele exigir réditos por los servicios prestados en el nuevo status quo.
La hoja de ruta está ya escrita e incluso la canalización de la rendición está ya preparada pero la presión popular en Cataluña puede hacer saltar todo por los aires y ello tendrá sin duda repercusión en España y en su Monarquía. Para el catedrático sevillano Perez Royo, es imposible avanzar en derechos democráticos y sociales en España sino se acaba con la Monarquía borbónica ya que, por su naturaleza, es la clave de bóveda del famoso régimen del 78 y así lo demostró con su intervención en la televisión el día 4 de octubre de 2017.
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