Más que un debate de ideas, la campaña sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Portugal promete convertirse en ardua batalla entre dos visiones de un problema que afecta y divide a la sociedad portuguesa. En octubre de este año, por mayoría absoluta y con votos de la izquierda y de […]
Más que un debate de ideas, la campaña sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Portugal promete convertirse en ardua batalla entre dos visiones de un problema que afecta y divide a la sociedad portuguesa.
En octubre de este año, por mayoría absoluta y con votos de la izquierda y de sectores de la centro-derecha, el parlamento unicameral de Lisboa decidió proponer al presidente conservador Aníbal Cavaco Silva la convocatoria a un referéndum sobre el aborto, exhorto aceptado por el jefe de Estado un mes más tarde, que fijó su votación para el 11 de febrero de 2007.
La pregunta única que será formulada a los portugueses es «¿Concuerda con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, si ésta se realiza por opción de la mujer, en las 10 primeras semanas, en un establecimiento de salud legalmente autorizado?».
En 1998 se celebró otro referéndum para cambiar la vigente e inflexible legislación, que además de prohibir la interrupción del embarazo, prevé penas de hasta de tres años de prisión para las mujeres acusadas, que deben cumplir tras humillantes juicios públicos. Entonces triunfó el «No», con la consecuente proliferación de abortos clandestinos peligrosos para la salud.
El primer ministro y líder socialista José Sócrates impulsó esta nueva consulta popular aseverando que despenalizar el aborto hasta las 10 semanas de gestación es razonable, sensato y equilibrado y que existe consenso en la sociedad portuguesa para acabar con la persecución y las penas de prisión a las mujeres que se lo practiquen.
El tono de la polémica subió este mes durante el largo fin de semana de Navidad, cuando el cardenal-patriarca de Lisboa, José da Cruz Policarpo, y el obispo de la septentrional ciudad de Oporto, João Miranda, abrieron las hostilidades en lo que hasta ahora había sido un debate moderado, con un lenguaje inusual entre los dignatarios eclesiásticos.
Da Cruz Policarpo afirmó que abortar es «negar un lugar a un ser humano que ya fue generado», mientras Miranda comparó el aborto con una violación al quinto mandamiento católico de «no matarás» y llegó al extremo de exhortar a los creyentes a salir a las calles a manifestarse contra él.
En un pasaje de sus declaraciones, el obispo Miranda comparó la interrupción voluntaria del embarazo con «la rueda», una práctica medieval en la cual se echaba a la suerte qué niños serían víctimas de infanticidio y quiénes sobrevivirían entregados a los monjes en los monasterios.
«Esta comparación de una alta autoridad de la Iglesia es especialmente chocante para las conciencias, no solo las más liberales, sino de las de cualquier persona», comentó a IPS Ana Filgueiras, secretaria general de la organización no gubernamental Ciudadanos del Mundo. Otras reacciones de los defensores del «Sí» no se hicieron esperar. En declaraciones difundidas el miércoles 27 por la agencia de noticias portuguesa Lusa, dos movimientos cívicos, Ciudadanía y Responsabilidad y Mujeres en Acción, salieron al paso de las declaraciones de los obispos.
Miranda «comparó lo incomparable», sostuvo Madalena Simas, de Ciudadanía y Responsabilidad, mientras Mujeres en Acción rechazó el tono del patriarca porque «el feto no es vida humana».
Los movimientos por el No cuentan con el apoyo decidido del derechista Centro Democrático Social, que en 2002 intentó legislar sobre la «personalidad jurídica del feto» y de la mayoría del Partido Socialdemócrata (PSD, conservador pese a su nombre), que rechazaron la propuesta de Sócrates e iniciaron una campaña publicitaria que se juega el todo por el todo en las emociones.
«¿Usted negaría la vida a un corazón que ya está latiendo?», se lee en el más emblemático de los inmensos carteles estratégicamente colocados en las principales arterias de las ciudades y en autopistas suburbanas.
Al mismo tiempo, la Iglesia anunció que desde enero, en las 4.400 parroquias de Portugal continental y en los archipiélagos de Azores y Madeira, serán distribuidos folletos con las razones para votar No en el referéndum.
Carlos Azevedo, portavoz de la CEP, declaró el martes 26 al semanario Expresso On-line que, al distribuir los folletos, la Iglesia no participará en una «campaña electoral», sino solo se limitará a un «esclarecimiento de las conciencias», sobre todo las de los más jóvenes, que van a votar por primera vez.
La CEP había afirmado este mes en una nota pastoral que el aborto no es un derecho de la mujer ni una cuestión política, sino un asunto de la esfera ética, de conciencia individual y de «derechos humanos fundamentales», como lo es «el derecho a la vida».
Una ciudadana defensora del No, Ana Paula Gonçalves, vendedora en una tienda de ropa de alta moda de Estoril, elegante suburbio del distrito de Lisboa, dijo a IPS que la Iglesia estaba «en su perfecto derecho» de hacer campaña contra el aborto.
«Los políticos pueden defender o atacar el aborto en el parlamento, en la televisión, en las sedes de sus partidos y los obispos son criticados por hacerlo en los púlpitos. Me gustaría saber por qué la Iglesia no puede decir lo que piensa», añadió.
En cambio, la estudiante universitaria Luisa Pinto de Almeida se dijo defensora del Sí, porque «el problema es la inmensa desigualdad social que existe en Portugal, que crea grande fosos entre mujeres ricas y mujeres pobres».
Pinto de Almeida dice conocer algunos casos de «señoras que andan vociferando por el No, pero ya se hicieron un aborto en España o en Inglaterra, porque tienen dinero y no necesitan recurrir a parteras clandestinas».
Luego en Portugal, «el primer domingo después que regresan de una clínica extranjera, van a misa, se confiesan, el párroco les da una penitencia para perdonarlas y asunto cerrado ante sus conciencias», apuntó la estudiante de sociología de 23 años.
Mientras, en Estrasburgo, Luxemburgo y Bruselas, las tres sedes del Parlamento Europeo, 17 de los 24 diputados portugueses ante el legislativo que representa a los 457 millones de habitantes de la Unión Europea (UE), comenzaron el 26 de diciembre una acción a favor del Sí.
En un documento divulgado el día 27 en Lisboa, el grupo de los 17, del que hacen parte legisladores socialistas, del PSD, comunistas y del Bloque de Izquierda (ex trotskistas), afirman que desean «un país donde una mujer no pueda ser criminalizada, juzgada en tribunal o condenada por haber tomado una de las decisiones más difíciles de su vida».
Portugal debe convertirse en un país «donde la mujer no deba recurrir a la clandestinidad, ni acabe en los servicios de urgencia de un hospital a consecuencia de las condiciones precarias y peligrosas en que interrumpió su embarazo», añade el documento común, que fue posible pese a «nuestras diferentes posturas políticas sobre los más variados asuntos».
Los legisladores afirman que intentarán «involucrar a otros eurodiputados en esta campaña, porque el resultado de este referéndum no interesa sólo a Portugal», sino a toda la UE, donde también Irlanda, Malta y Polonia mantienen legislaciones rígidas sobre el aborto, autorizado sólo ante la emergencia de salvar la vida de una mujer.
En el caso portugués, otras causales que permiten el aborto son la malformación del feto o un embarazo producto de una violación, pero sólo antes de las 12 semanas de gestación. En cambio, Portugal es el único de estos cuatro países en el que las mujeres que abortan sufren condenas de hasta de tres años de prisión.
Datos de 2005, divulgados en diciembre de este año por el Servicio Nacional de Salud (SNS), indican que 906 abortos fueron realizados en hospitales conforme a la ley, mientras 73 interrupciones del embarazo fueron clasificadas oficialmente como «ilegales» al ser provocadas por las propias gestantes que debieron recurrir a una intervención médica para evitar consecuencias graves.
El SNS registró en el mismo período 4.454 abortos espontáneos y 1.861 clasificados como «no especificados» que, según los especialistas, se deben en general a complicaciones de abortos clandestinos.
Sobre la llamada «interrupción ilegal» del embarazo no existen estadísticas oficiales, sino cálculos basados en extrapolaciones internacionales, que sugieren unos 20.000 abortos anuales.
En un artículo de opinión del matutino Publico de Lisboa, la profesora universitaria Carla Machado adopta una posición equidistante de los términos en que está lanzada la polémica y pide «que me disculpen algunas feministas», pero el aborto «no es un asunto exclusivamente de mujeres».
«En este error caen tanto los defensores del Sí como del No», sostiene la académica en una columna publicada el jueves 28, para ironizar a renglón seguido afirmando que «a no ser que estemos ante nuevos misterios trascendentales, cada embrión tiene dos seres humanos en su génesis».
Machado acepta que «hay cuestiones de género en el aborto, desde la desigual repartición de los cuidados de los hijos, a los desequilibrios salariales y al simple hecho de que es en el cuerpo de la mujer que la decisión de tener o no tener hijos asume una violencia descarnada», pero considera imposible que la decisión de abortar sea tomada «solo por ella, sin la participación o conocimiento de su pareja».
En la misma página de opinión, la diputada y abogada comunista Odete Santos, sostuvo que se esté en contra o a favor del aborto, la actual ley penal hace que Portugal enfrente un serio problema de salud pública, y hay que decidir «si acabamos con él o nos mantenemos en la barbarie».