La Biblioteca Pública, ¿otro «lujo» que no nos podemos permitir?

La crisis provocada por el actual capitalismo de casino va acompañada de un discurso reaccionario que nos quiere convencer de que es muy costoso mantener los derechos ciudadanos. Así, el trabajo decente es un privilegio, nos recuerdan continuamente; sanidad y educación han pasado a ser un lujo insostenible de ciudadanos mantenidos la sopa boba; los funcionarios, una carga insoportable; las pensiones públicas no podrán mantenerse. El derecho a la cultura y a la información, en este contexto, ya parece un lujo extravagante.

Se trata de un ataque al estado del bienestar que viene ya de lejos y que se sustenta en una serie de falacias que autores como Vicenç Navarro han ido desmontando. En España el nivel de gasto social está por debajo de la media de la Europa de los 15, los países de «nuestro entorno» con los que debemos medirnos (España tiene un nivel de riqueza del 94% del promedio de la UE-15 y su gasto público social es sólo un 74%, según publicaba Navarro hace unos días); lo mismo ocurre con el número de funcionarios y otros indicadores del estado del bienestar, estado que es producto de una serie de luchas históricas para conseguir unos derechos sociales que permitan un nivel de vida digno, como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 22 y 25). Los derechos económicos, sociales y culturales no son ningún lujo, sino una exigencia a la que no podemos renunciar si queremos pertenecer a una sociedad democrática. Y en una sociedad democrática no estaría mal que las prioridades económicas y la distribución de ingresos y gastos fueran cuestiones en las que la ciudadanía tuviera algún papel, y no sólo esos dos entes que se han convertido en la gran coartada: «Europa» y «los mercados». Según la Constitución Española, tantas veces invocada cuando interesa e ignorada también cuando interesa, «la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» (art. 128.1).

El ataque al estado del bienestar y la crisis económica y social provocada por prácticas económicas irresponsables socialmente, por políticas económicas erradas y por la ideología neoliberal, van enviando a millones de personas a engrosar las cifras de pobreza (¡casi 9 millones de pobres ya en nuestro país!) y exclusión social. Precisamente este escenario de crisis debería conducir a políticas de ayuda y protección a los sectores más vulnerables. Uno de los instrumentos más eficaces para ayudar a estos sectores es la educación, que, como estamos viendo va hacia un modelo de beneficencia para las capas de menor poder adquisitivo, anulando así su potencial para ayudar a que las personas puedan llevar a cabo sus proyectos vitales. Y muy directamente relacionadas con la educación están las bibliotecas públicas, que protegen los derechos de acceso a la cultura, a la información y a la educación para toda la población. Como no podría ser de otra forma dentro del modelo que se quiere imponer de «sálvese quien pueda», las bibliotecas públicas también están sufriendo recortes inadmisibles de presupuestos, de horarios y de personal. Sin embargo, en épocas de crisis, las bibliotecas públicas sirven de refugio a millones de ciudadanos que tienen bajo nivel adquisitivo y, por consiguiente, pocos recursos.

En febrero de 2010 se redactó la Declaración de Murcia sobre la Acción social y educativa de las bibliotecas públicas en tiempo de crisis. En ella se dice que las bibliotecas cumplen una función social y educativa en todo momento, pero, «particularmente, pueden ser un recurso fundamental de inclusión y promoción social cuando la crisis económica incrementa el número de personas en paro, precariedad laboral, vulnerabilidad o exclusión social». En épocas de crisis especialmente «hay que transmitir y hacer que la sociedad conozca la función de la biblioteca como institución de formación permanente, inclusión social y puerta de acceso a la sociedad de la información para todos». Además, se dice, «la biblioteca debe atender especialmente las necesidades inclusivas y educativas de las personas y colectivos más vulnerables».

Hace unas semanas el profesor José Antonio Gómez (Universidad de Murcia) decía en un foro de discusión: «Nos necesitan [refiriéndose a las bibliotecas] los cinco millones de personas en situación de desempleo, la mitad de la población española sin acceso a Internet en su hogar, los casi ocho millones de alumnos de la Educación obligatoria o más del 20% de la ciudadanía que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza». 

No podemos seguir aceptando el discurso que sugiere que los derechos sociales no son derechos humanos, o bien que son para épocas de vacas gordas. Precisamente en épocas de crisis es cuando los derechos sociales son más necesarios, ya que son derechos solidarios y su función es garantizar un nivel de vida digno a todo ser humano, además de dar oportunidades a las capas más desfavorecidas. De hecho, en la crisis de 1929 los servicios públicos, concebidos precisamente para atender los derechos sociales, pasaron de ser un paliativo de los fallos del mercado a ser un instrumento de regulación del capitalismo.

La biblioteca es un servicio esencial para ejercer los derechos de acceso a la cultura, a la información y a la educación, sin los que el ciudadano no puede participar en la vida social y cultural. La crisis económica no debe ser una excusa para recortar presupuestos destinados a ella, sino un motivo para fortalecerla, si no queremos volver al modelo de beneficencia del siglo XIX, cuando los pobres no tenían derecho a nada, sino que recibían la vergonzante caridad de los ricos. La biblioteca pública es un derecho que debemos defender sin el menor titubeo, y más en un país líder en desigualdad económica como es España, según los últimos datos de Eurostat.