El Parlamento vasco ha encontrado a los culpables políticos de los sucesos de Vitoria de 1976, en los que murieron cinco obreros. A la cabeza, Manuel Fraga, ministro del Interior del Gobierno de Carlos Arias Navarro, seguido de los entonces titulares de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, y de Presidencia, Alfonso Osorio. Sobre los tres […]
El Parlamento vasco ha encontrado a los culpables políticos de los sucesos de Vitoria de 1976, en los que murieron cinco obreros. A la cabeza, Manuel Fraga, ministro del Interior del Gobierno de Carlos Arias Navarro, seguido de los entonces titulares de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, y de Presidencia, Alfonso Osorio. Sobre los tres un dictamen de la Cámara de Vitoria, que aún tiene que pasar por el pleno, hace recaer las «responsabilidades políticas» de las cinco muertes, consecuencia de una carga de la Policía Armada contra una asamblea de trabajadores.
El texto recibió los apoyos del tripartito -PNV, EA y EB- y del PSE. PP y PCTV votaron en contra. El primero, porque se aprueba una «utilización sesgada de los hechos» y los abertzales, porque la cobertura a las víctimas es «insuficiente». Este mismo adjetivo usó la Asociación de Víctimas del 3 de marzo de 1976, informa EP. «Eran cuestiones fundamentales marcar en algún sentido la intencionalidad de los hechos así como la premeditación», añade dicha asociación.
Aval de los historiadores
En 2007, el Parlamento vasco encargó a una comisión especial el esclarecimiento de los hechos y pidió comparecer a historiadores, periodistas, testigos y víctimas. Sus declaraciones permitieron redactar un dictamen que concluye que la versión oficial «falta a la verdad». Además, califica de «desproporcionadas» las medidas que el Gobierno de Arias tomó para tumbar la asamblea de trabajadores que se celebraba aquel 3 de marzo en la iglesia vitoriana de San Francisco de Asís.
La concentración respondió a un contexto de «conflictividad laboral», aunque la protesta adquiriera «una dimensión política». En todo caso, alega el documento, no puede probarse que existiera un «plan preestablecido» para que la Policía acabase con la asamblea «con la violencia finalmente empleada».
El texto carece de eficacia práctica. Simplemente se remitirá «a las instancias y entidades oportunas» para que «lo adjunten o den referencia del mismo» en todos los sumarios y fondos documentales que versen sobre los luctuosos sucesos de Vitoria.