La Comisión Europea advirtió ayer de que considera ‘ilegal’ la decisión del Reino Unido de modificar su plan nacional de asignación de emisiones (PNA) para aumentar el número de permisos a las empresas, y anunció que denunciará al Gobierno británico ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si aplica estos cambios. El plan […]
La Comisión Europea advirtió ayer de que considera ‘ilegal’ la decisión del Reino Unido de modificar su plan nacional de asignación de emisiones (PNA) para aumentar el número de permisos a las empresas, y anunció que denunciará al Gobierno británico ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si aplica estos cambios.
El plan de emisiones de Reino Unido fue aprobado por el Ejecutivo comunitario en julio de 2004, pero en octubre el Gobierno británico decidió revisarlo después de que el sector industrial se quejara de que era demasiado duro. Los cambios aumentan en un 3% el volumen de dióxido de carbono que pueden emitir las empresas respecto a la propuesta original.
‘Si los permisos que tiene que conceder Reino Unido no se ajustan al plan aprobado lo consideraremos ilegal’, declaró la portavoz de Medio Ambiente de la Comisión, Barbara Helfferich.
El Gobierno británico, explicó, pidió al Ejecutivo comunitario ‘un incremento considerable’ de los permisos de emisión, pero lo hizo cuando ya había expirado el periodo de revisión y el plazo para recurrir ante el Tribunal de Justicia, por lo que no ha sido autorizado. ‘Ya no hay ningún mecanismo legal para cambiar el plan y por ello lo consideramos operativo’, insistió la portavoz.
Si Reino Unido opta por conceder más permisos que los contemplados en el plan original, la Comisión seguirá el ‘procedimiento normal’, que se inicia con una apertura de expediente y concluye con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
‘La directiva es jurídicamente vinculante para los Estados miembros y si hay una violación se seguirá el procedimiento habitual que se sigue cuando un Estado miembro viola la legislación europea’, subrayó Helfferich.
Los planes nacionales de asignación de emisiones constituyen el instrumento necesario para que los Estados miembros puedan participar en el sistema de comercio de emisiones, que se puso en marcha el 1 de enero de 2005, y cuyo objetivo es reducir con el menor coste posible para la economía las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores energético e industrial.
El Ejecutivo comunitario ha aprobado los PNA de 21 Estados miembros, y todavía están pendientes los de República Checa, Italia, Polonia y Grecia.
Desde que se lanzó el sistema de comercio de emisiones se han intercambiado más de un millón de toneladas de dióxido de carbono en el mercado de futuros. De momento, sólo Dinamarca ha puesto también en marcha el mercado en tiempo real, que en el resto de Estados miembros debe estar listo antes del 20 de febrero.