La «condena» del terrorismo o la amistad obligatoria

Se acusa hoy a Alfonso Sastre en medios de la derecha de la derecha así como del centro de la derecha y de la izquierda de la derecha españolas de ser un secuaz de ETA, incluso de haber proferido en un reciente artículo publicado en Gara , al menos de forma indirecta «amenazas» en nombre de no se sabe quién contra tampoco se sabe quién. Las «amenazas» en cuestión consisten en afirmar: 1. que en el País Vasco existe un conflicto político que opone a una parte considerable de la población de este país al Estado Español y a sus autoridades (gobierno y leal oposición) 2. que la manera en que los distintos partidos del régimen español vienen tratando este conflicto es sumamente violenta y agresiva, pues trata sencillamente de ignorar el conflicto eliminando a un enemigo político tachado de criminal y terrorista 3. que, de persistir el régimen español y sus representantes en esa actitud, el futuro sólo podrá estar hecho de violencia y dolor para todos 4. que la única vía de salida del conflicto vasco es una solución negociada que reconozca el derecho democrático de autodeterminación del pueblo vasco.

Lo que Sastre afirmaba en su artículo de Gara es considerado por los portavoces del régimen español como una amenaza, en la medida en que la perspectiva de estos últimos sobre la cuestión vasca se ve enteramente ofuscada por el pseudoconcepto de «terrorismo». Gracias a esta categoría político-penal, no sólo la violencia política de un pequeño sector independentista, sino la aspiración ampliamente mayoritaria a la autodeterminación que existe enttre la población vasca terminan reducidas a actividad criminal o, cuando menos a complicidad o tolerancia respecto de esta actividad. De este modo, una posición política que reúne tras de sí elección tras elección a la gran mayoría de los vascos, se convierte en una reivindicación que sólo puede expresarse de manera tímida y vergonzante…para no hacer el juego a los terroristas. ¿Y si lo que realmente hiciera el juego a los «terroristas» no fuese la propia despolitización y criminalización del manifiesto antagonismo político que enfrenta a la mayoría de los vascos con el Estado Español? Sastre se ha atrevido a indicarlo: por ello han caído sobre él las iras de políticos y periodistas del régimen.

La posición de Sastre, a este respecto, no es distinta de la defendida por el sector mayoritario de la izquierda independentista. La inmensa mayoría de los integrantes de ese sector político ilegalizado y perseguido con manifiesto menosprecio de las libertades y garantías propias del Estado de derecho, se opone a la violencia como medio de resolución del conflicto. Sin embargo también se niega a «condenar» la actividad armada de ETA, incluso los actos moralmente más reprobables como el asesinato a sangre fría de personas desarmadas. Lamentan, sin duda, los efectos de esta violencia y el dolor que causa, pero no la «condenan». Esto no significa que padezcan ningún trastorno bipolar de la personalidad, sino que la propia idea de «condena» como ha explicado con gran acierto Carlo Frabetti en los numerosos textos que ha dedicado a esta cuestión es una idea confusa en la que se entremezclan elementos morales, judiciales y políticos.

Respecto de esta confusión vale la pena hacer algunas precisiones. En primer lugar, una «condena» es esencialmente una de las conclusiones posibles de un juicio. El juicio suele ser una decisión entre los términos de un binomio de valores. Existe así un juicio estético que dirime entre lo bello y lo feo, un juicio moral cuyos términos esenciales son lo bueno y lo malo, un juicio jurídico que decide entre lo justo y lo injusto y el juicio pronunciado por la justicia penal que decide sobre la legalidad o la punibilidad de un hecho. En todos estos casos puede existir una condena o una censura de lo feo, lo malo, lo injusto o lo ilegal.

Ahora bien, cuando las autoridades españolas exigen que se «condene» a ETA, ¿qué están pidiendo? Desde luego, como bien señala Frabetti, no un juicio moral, pues a nadie que no sea un monstruo se le escapa la maldad moral de toda violencia contra personas indefensas, ya se trate de los bombardeos de aldeas afganas que apoya y financia el gobierno de Zapatero, del asesinato de centenares de miles de iraquíes mediante embargos, invasiones, bombardeos, etc., o del asesinato mediante un tiro en la nuca de un concejal de pueblo. La izquierda independentista vasca viene lamentando sistemáticamente el dolor causado por la violencia derivada de un conflicto político que el régimen español no quiere -ni puede- reconocer como tal. La condena reclamada tampoco puede ser estética, pues nadie ve belleza en este tipo de actos. En cuanto a la condena jurídica o judicial, tiene por característica que sólo pueden pronunciarla los órganos estatales competentes para ello. Por exclusión, lo que se pide es una «condena política», esto es, un oxímoro.

La política, tanto para Aristóteles como para Carl Schmitt, implica antagonismo, supone la designación de un otro «enemigo». Ese otro enemigo no se caracteriza por ninguna particularidad moral, estética ni jurídica que le haga acceder a la condición de enemigo. El enemigo no es enemigo porque sea ni malo, ni feo, ni criminal. El enemigo lo es sencillamente porque no es amigo, porque pone en peligro la cohesión y la propia existencia del modo de vida vigente en una sociedad de amigos. Amigo y enemigo son los dos elementos del binomio político. La consideración del antagonismo como esencia de la política no supone necesariamente una violencia en acto, pero sí un horizonte donde la violencia, e incluso la guerra son una posibilidad permanente. Una sociedad enteramente pacificada, de la que hubiera desaparecido toda posibilidad de violencia sería por consiguiente una sociedad sin política.

Las sociedades en que vivimos, sometidas a la gobernanza neoliberal y a la pretendida «autorregulación» del mercado, pretenden haber superado la violencia mediante el consenso y la tolerancia. Por ello mismo, toda realidad que plantee un desafío a su modo de existencia no es vista como enemiga, sino como criminal o patológica. El independentismo vasco en el Estado Español o el comunismo en cualquier Estado neoliberal son realidades de este tipo. De ahí que se exija a quien desee tener una existencia pública una condena política de ese enemigo que, por no reconocerlo como tal, denominan «terrorista». El terrorista es, en efecto, lo que queda del enemigo cuando la gobernanza neoliberal ha liquidado la política sustituyendo el antagonismo y la decisión por la gestión de cosas y personas, lo que los clásicos denominaban en los siglos XVII y XVIII «policía», «police» o «Polizei».

Lo que pretenden los responsables y portavoces del Estado Español transfranquista es que, por ese gesto de condena que reclaman, se proclame una inquebrantable amistad hacia su régimen cuyas cunetas y conciencias rebosan de cadáveres, sin por ello designar a ETA y al independentismo vasco radical como enemigos, sino tan sólo como criminales, malos, feos e injustos. Esta «condena» es, efectivamente un oxímoro, pues pretende establecer una relación política de amistad, ignorando cualquier horizonte de enemistad o antagonismo. Se instaura así una utopía postpolítica de la «amistad» obligatoria. Y si alguien se atreve a oponerse a esta amistad obligatoria, si se presenta abiertamente como enemigo, no se le combatirá como tal, mediante una lucha política, sino que se procurará eliminarlo como criminal, canalla o en la terminología de Rosa Díez, «garrapata» que en términos de Iturgáiz habría que «fumigar». Con razón dice Alfonso Sastre que de esta manera sólo pueden volver tiempos de dolor y sufrimiento para todos.

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