Las leyes en general y la Constitución española de 1978 también, han estado desde el inicio de la transición en manos de un Congreso y de un Senado diseñado expresamente para que sólo represente la voluntad -y los intereses- de una minoría de partidos, del PP y del PSOE, al servicio del poder económico. El […]
Las leyes en general y la Constitución española de 1978 también, han estado desde el inicio de la transición en manos de un Congreso y de un Senado diseñado expresamente para que sólo represente la voluntad -y los intereses- de una minoría de partidos, del PP y del PSOE, al servicio del poder económico. El resultado se ajusta a lo esperado, no solamente ambos partidos han privatizado una buena parte de los recursos del Estado, sino que también han dictado las leyes necesarias para imponer el neoliberalismo con todas sus consecuencias. La brecha social se ha disparado, impuestos cada vez más regresivos, evasión fiscal, etc. Todos los demás partidos no dejan de ser meros espectadores con muy poca voz y, de hecho, ningún voto efectivo.
Más de treinta años haciéndonos creer que la Constitución, la Carta Magna como les gusta decir a los que tanto han defendido su supremacía, para que ahora de un plumazo dinamitarla, en verano y por la vía rápida, no otra cosa están haciendo.
Ahora, a partir de ahora, aunque ya lo era, la Constitución se convierte en papel mojado a todos los efectos. Podrá ser modificada y cambiada 180 grados, o los que haga falta, en cualquier mes de agosto de cualquier año venidero, nada lo impide. Pero claro que si, por ejemplo, mañana o dentro de unos años se decidiera acudir a un referéndum ¿qué sentido y qué valor podría tener después de esta experiencia? La idea de lo que es la Constitución ha perdido su credibilidad (la poca que tenía).
Y lo más grave de todo esto es que esta propuesta de reforma de la Constitución cumple con la propia Constitución por muy a contra pelo que vaya respecto a la situación social, a la opinión de la sociedad y al criterio de los expertos. El artículo 167.1 confiere a las Cámaras esta facultad, siempre que sea votada por una mayoría de las tres quintas partes en cada Cámara.
Continuando con las prisas, en el 167.3 dice que la modificación aprobada por el Congreso y el Senado será sometida a referéndum para su ratificación si, en el plazo de 15 días, así lo solicitan una décima parte de los diputados o de los senadores.
Con una ley electoral hecha a la medida de una transición amañada -modelo de punto final- de tal modo que cada vez los partidos mayoritarios, PP y PSOE, tienen más medios y recursos, por no decir todos, no plantean un referéndum es porque, seguramente y a pesar de todo, tienen miedo a perderlo. Y todo esto es tan así que ni siquiera hay la posibilidad de que un diez por ciento de los Diputados o de los Senadores lo requieran. No se trata de que un diez por ciento estén o no de acuerdo, sino simplemente que, por deferencia y obligada cortesía, haya esta mínima proporción de estómagos agradecidos a sus votantes, qué menos.
Si la Constitución ya es papel mojado en todos los artículos con contenido social o los referentes a los derechos y libertades, ahora ni siquiera se guardan las apariencias. Porque unos diputados y unos senadores que controlan a un Gobierno que lidera la cola de la Unión Europea en las prestaciones sociales, en el desempleo, en la precariedad, etc., se convierten ahora, una vez más, en los que han de dar otra vuelta de tuerca al retroceso social, en favor de lo que eufemísticamente llaman mercado, que no es más que un conjunto organizado de especuladores sin límite ni escrúpulos, enriquecidos precisamente por la política económica «legalizada» por estos diputados y senadores, cómplices y beneficiarios directos de la situación. No otra cosa.
¡Qué Gobierno, qué partidos, qué diputados, qué senadores, ni siquiera un diez por ciento! Ciertamente, no nos representan.
Epílogo. Tampoco es que el referéndum fuera a resolver nada, tanto si ratificaba como si no la consulta. De hecho, sólo se están cumpliendo los contenidos de la llamada Constitución Europea de 1975 por la que tanto han luchado para «imponerla» PP y PSOE, los mismos que ahora han preparado esta modificación.
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