La Constitución: ¿un texto sagrado o un simple instrumento vacío de contenido?

«Utilizaremos solo el Estado de derecho, pero todo el Estado de derecho; solo la ley, pero toda la ley; solo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia,» ( 1 ) dijo el 9 de Noviembre Rajoy, fiel a su inconfundible retórica, como respuesta a la aprobación de la independencia catalana en el Parlament. Además, c omo sabemos, en su reunión del 28 de Octubre en Moncloa, acordó con Pedro Sánchez «trabajar coordinadamente en defensa de la Constitución, de la unidad nacional, de la soberanía nacional y de la igualdad de todos los españoles» ( 2 ). Una especie de pacto, al que se ha sumado también Ciudadanos, ahora líder en el Parlament del autodenominado «bloque constitucionalista,» tras reunirse también con Rajoy en Moncloa la misma semana que Sánchez y trasladarle «el firme apoyo de Ciudadanos al Gobierno en el cumplimiento de las leyes democráticas» ( 3 ). Hasta Felipe VI se pronunció el 13 de Noviembre sobre este asunto, asegurando que «la Constitución prevalecerá, que nadie lo dude» ( 4 ). ¡Qué bonito tener este frente defensor de España! ¿O no?

¿Hasta qué punto defienden la Constitución, esa que parece que el Parlament está poniendo en tan grave peligro? Para saberlo, no hace falta más que mirar la propia Constitución, ese sacrosanto texto en torno al cual PP, PSOE y C’s han cerrado filas. Vayamos por partes. Para empezar, en el artículo 15 se afirma el derecho «a la vida y a la integridad física o moral,» por lo que nadie podrá ser sometido a «tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.» No obstante, no parece que ninguno de estos tres partidos se pronuncien sobre «la impunidad que parece amparar en España a los funcionarios [cuerpos de seguridad, principalmente] responsables de tortura y malos tratos» y «la falta de garantías para las víctimas de estos delitos de obtener una reparación satisfactoria» ( 5 ), algo denunciado por Amnistía Internacional en varios informes sobre la abusiva actuación policial en manifestaciones y frente a inmigrantes. De la misma manera, está siendo muy denunciado el trato recibido por extranjeros en los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros, en los que se recluye a inmigrantes ilegales antes de ser devueltos a sus países) por asociaciones de derechos humanos y antirracistas (6, 7).Esto son solo un par de ejemplos, pero visto lo visto, está claro que en España se tortura y se trata de forma degradante con impunidad, sí, y eso va en contra de la Constitución. Pero este artículo no importa que se vulnere.

En el artículo 20 se «reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones,» sin que se restrinjan mediante «ningún tipo de censura previa.» Además, en el artículo 21 «se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas» que «no necesitará autorización previa.» Sin embargo, en la actualidad se está legislando en el sentido contrario, promoviendo leyes que recortan tales derechos, como son la famosa Ley de Seguridad Ciudadana o «Ley Mordaza,» promulgada por el PP y la Reforma del Código Penal, promulgada por PP y PSOE, ambas leyes que hasta la ONU ha pedido que sean derogadas porque «amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos» y «socavan los derechos de manifestación y expresión» (8). En concreto, la «Ley Mordaza» ha sido criticada por todos los partidos de la oposición, pero PSOE y C’s, por muy críticos que sean, no se han llegado a comprometer con el resto de la oposición a su derogación completa, según pedía la asociación No Somos Delito (9). Esto, de nuevo, es solo un ejemplo, pero claramente, en España no están garantizadas estas libertades que supuestamente nos da la Constitución. Pero estos artículos tampoco importa que se vulneren.

Según el artículo 31, «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.» No obstante, el sistema de recaudación de impuestos está lejos de ser igualitario y progresivo como dice la Constitución. Un ejemplo claro son las exenciones de impuestos de las que goza la Iglesia Católica gracias al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 1979. En este acuerdo se conceden grosso modo exenciones sobre «impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo» y sobre «la contribución territorial urbana,» en varios supuestos (10), una situación que ni PP ni PSOE han querido cambiar en su momento, aunque en esto Ciudadanos sí que ha prometido una revisión del acuerdo. Aparte de la Iglesia, nos encontramos también con la existencia de las famosas SICAVs, sociedades de inversión colectivas que tributan solo un 1%, y que acaban siendo utilizadas de forma individual por las grandes fortunas para evadir impuestos, según han denunciado desde Hacienda en múltiples ocasiones (11, 12). Aun así, el PP rechaza cualquier cambio al respecto (13), y Ciudadanos y PSOE se limitan a proponer mayor vigilancia (14). De nuevo, con solo un par de ejemplos, vemos como la Constitución tampoco se cumple aquí: hay impuestos que van en contra de los principios de igualdad y progresividad, y, aun así, no hay voluntad de eliminar tal desigualdad por parte del «bloque constitucionalista.» Se ve que este artículo tampoco importa que se vulnere.

El articulo 35 reconoce que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia,» así como el articulo 37 afirma el «derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.» Sin embargo, es bien conocido como primero el PSOE en 2010 y posteriormente el PP (irónicamente con el apoyo de sus ahora acérrimos enemigos de CiU) en 2012 hicieron reformas laborales, que en general flexibilizaron el despido, redujeron las indemnizaciones y mermaron la capacidad de negociación de los sindicatos (15, 16), con el fin de facilitar la recuperación de las empresas pero provocando mayor vulnerabilidad y temporalidad para los trabajadores. El PSOE ha propuesto derogar la del PP aunque no la suya propia (17), y Ciudadanos por su lado propone «reformar algunos aspectos» de la reforma del PP, además de afirmar que «lo que hay que abaratar es la contratación» (18). No solo eso, sino que C’s además propone una nueva reforma laboral que implante el denominado contrato único que según se está denunciando haría «más fácil y más barato tratar a todos los contratos como ahora se hace ilegalmente con los temporales» (19). Claramente, este tipo de reformas que flexibilizan y abaratan el despido poco contribuyen a que los españoles puedan disfrutar de su «derecho al trabajo,» y menos aún de una «remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades,» debido al aumento de la temporalidad y el paro que todo esto conlleva. Nuevamente, vemos como en este aspecto también el «bloque constitucionalista» irónicamente legisla en contra de la Constitución. Se ve que estos otros artículos tampoco importa que se vulneren.

El artículo 45 afirma que «los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente.» Aun así, es bastante conocido como principalmente el PP ha legislado contra la situación del medioambiente. Un primer ejemplo ser í a la modificación de la Ley de Montes que aprobó en Enero el consejo de Ministros, mediante la cual se vuelve a permitir recalificar «el uso de los terrenos quemados,» lo que crea «el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas» (20). Otro claro ejemplo es el «real decreto sobre autoconsumo eléctrico a través de sistemas como los paneles fotovoltaicos,» conocido como impuesto al sol, ya que «grava el autoconsumo de la energía que se produce desde estos paneles» (21). Estas dos leyes ejemplifican de buena manera c ó mo el PP, que en estos dos casos se queda solo en su falta de respeto a la Constitución, no solo no cuida el medio ambiente, sino que no facilita el cambio hacia un modelo energético más sostenible. Pero se ve que este artículo tampoco importa que se vulnere.

En el artículo 47 se reconoce que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.» No obstante, según estadísticas de Amnistía Internacional, «entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria,» todo ello pese a que España «cuenta con un total de 3,44 millones de viviendas vacías» (22). Todo esto, según se señala en el mismo informe, acompañado de una reducción del gasto público de vivienda de más de un 50% entre 2009 y 2015, durante la última legislatura del PSOE y la actual del PP, que hace que actualmente solo se destine a vivienda social un 1,1% de las «viviendas con algún tipo de protección pública […] frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido y el 17% de Francia» (22). Frente a esta situación, el «bloque constitucional» hace caso omiso (o muy parcial) de las demandas de colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, según la cual «el primer contacto con el PSOE es decepcionante y alarmante,» ya que «no concretan medidas para abordar la emergencia habitacional» y, por otro lado, Ciudadanos «no plantea políticas diferentes a las llevadas a cabo en los últimos años por el PP, [y además] muestra poca predisposición y ninguna medida concreta para abordar la emergencia habitacional» (23). Estas medidas de nuevo poco se parecen a un respeto a la Constitución, así que supongo que este artículo tampoco importa que se vulnere.

A toda esta lista de artículos hay que sumarle, por supuesto, la reforma del artículo 135 de la Constitución llevada a cabo con los votos de PP y PSOE en 2011, un artículo que hasta entonces grosso modo «facultaba al Gobierno para emitir deuda pública y así financiarse» (24). A este artículo, se le añadieron varios puntos, que establecen que el pago de la deuda «siempre gozara de prioridad absoluta,» que las administraciones no podrán incurrir en un «déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros,» y que tales límites «solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria,» siempre y cuando tales situaciones sean «apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados» (25). De este modo, se da prioridad absoluta al pago de la deuda, que no podrá superar unos límites establecidos (que entran en vigor en 2020) si no se cuenta con la mayoría absoluta del Congreso; relegando de este modo cualquier otro gasto del Estado a un segundo plano, incluyendo los necesarios para garantizar otros derechos constitucionales. Ciudadanos no se pronuncia sobre tal reforma más que para vagamente criticar la forma en la que se ha llevado a cabo, según un artículo de su página web de aquel año (26), mientras que el PSOE oscila ambiguamente entre derogarlo y matizarlo (27, 28). Otro ejemplo más de falta de respeto a la Constitución, que parece que es usada como un simple medio para relajar las demandas de austeridad de la UE a costa de tantos otros derechos constitucionales.

Aquí simplemente he seleccionado algunos ejemplos de algunos artículos, pero seguramente podríamos seguir así y encontrar muchas más pruebas de cómo el «bloque constitucionalista» respeta más bien poco la Constitución. Más bien parece que para ellos la Constitución acaba en el artículo 2, que declara la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.» Más allá de eso, su respeto por los otros derechos que supuestamente nos garantiza este texto, es como poco dudoso o ambiguo. Resulta totalmente hipócrita la defensa que estos tres partidos hacen de la Constitución y de España, olvidando buena parte de los derechos sociales que hay en ella, y usándola como una simple arma vacía de contenido frente al independentismo.

No obstante, con esto no quiero justificar la declaración de independencia, que creo que no tiene legitimidad hasta que no se vote en un referéndum que no deje lugar a ambigüedades. Está claro que también en Junts pel Sí se han olvidado en muchas ocasiones de todos estos derechos, y no solo del artículo 2, pero no voy a entrar en ese análisis porque creo que en el resto de España ya tenemos bastante claro su historial de corrupción, recortes entre otros trapos sucios. Creo que de eso ya se están encargando la gran mayoría de medios españoles.

Simplemente , me da miedo que bajo este «bloque constitucional» que lucha contra el «enemigo común» (polarizándolo todo en torno a independencia o no independencia, erigiéndose como salvapatrias y llenándose la boca con España) se esconda una continuidad de todas estas políticas que atentan contra nuestros derechos, incluyendo los derechos de la propia Constitución. Y por desgracia parece que, de cumplirse las encuestas, PP, PSOE y C’s tendrán mayoría absoluta, haciendo que tal vez sigamos unidos, pero unidos en la falta de derechos.

Notas:

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