El pasado domingo, 20 de febrero, la policía marroquí entró en la región de Beniunesh, cerca de la frontera con Ceuta, y obligó a desalojar la zona a las más de 1.000 personas que desde hace meses malviven en un campamento improvisado, a la espera de poder entrar en España. La acción policial supuso la […]
Desde entonces, los inmigrantes –entre los que hay mujeres y niños– permanecen aislados y amenazados ante la presencia de la policía, que les impide llegar hasta las zonas habitadas para comprar comida o acceder a agua potable. La denuncia de esta situación la hacen la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), SOS Racismo y la Red de Asociaciones del Norte de Marruecos Chabaka.
Según estas entidades, las acciones de las fuerzas del orden marroquí se han incrementado desde que el Gobierno del país y las autoridades españolas han reiniciado su colaboración en materia de inmigración. «Marruecos ha desplegado patrullas militares desde Tánger hasta el Sáhara para controlar la costa, ha detenido a más de un millar de inmigrantes clandestinos en ciudades como Rabat y Casablanca para luego dejarlos tirados en la frontera con Argelia y ha desmantelado varios campamentos, como el del monte Gurugú (cerca de Melilla) y el de Beniunesh (cercano a Ceuta)», explica Rafael Lara, miembro de la APDHA.
Como señala Rafael Lara, que hace poco visitó el campamento de Beniunesh, durante meses y meses han llegado subsaharianos que «han atravesado el desierto andando con el objetivo de cruzar el Estrecho o de llegar a Ceuta o Melilla para pedir asilo». Muchas de estas personas vienen de países como el Congo, una región que ha vivido muchos años de violencia y que hace poco firmó una paz aún muy frágil. «Estos inmigrantes no salen de sus países y exponen sus vidas por nada, detrás hay una verdadera presión de las guerras y las hambrunas», advierten APDHA y SOS Racismo en un comunicado conjunto.
España debe presionar a Marruecos
En la actualidad, Marruecos tiene media docena de campamentos que, de manera espontánea, se han creado conforme han llegado inmigrantes y que acogen «entre 5.000 y 8.000 personas». En el campamento de Beniunesh, por ejemplo, vivían unas 1.200 personas «a la intemperie, sin agua potable…».
Según Rafael Lara, los inmigrantes que querían llegar a España hace unos meses encontraban los mayores obstáculos al llegar al territorio español, donde la Guardia Civil los expulsaba, en algunos casos de manera «irregular». De hecho, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, después de denunciar estas «expulsiones irregulares» y con la mejora de las relaciones entre España y Marruecos, las autoridades marroquíes han puesto en marcha acciones contra la inmigración y de «hostigamiento» hacia los inmigrantes. Una de las acciones más denunciadas por la APDHA y el resto de ONG es el traslado de los inmigrantes detenidos a la frontera con Argelia, «en mitad del desierto» y donde «varias personas ya han muerto a causa de la ola de frío».
En este contexto, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía instan al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a «intervenir inmediatamente» ante el Gobierno marroquí para pedir «el cese del hostigamiento y que habilite ayuda para las personas inmigradas» y reclaman a las autoridades españolas un cambio en su política, para que las personas que deseen pedir asilo puedan llegar a la península ibérica.
«Pedimos a las autoridades europeas que asuman su responsabilidad al ofrecer a países terceros, donde los derechos humanos no están garantizados, dinero para el control de los flujos migratorios», añaden APDHA y SOS Racismo que, junto a entidades como Andalucía Acoge, tienen previsto dirigirse a las Naciones Unidas para exigir una investigación sobre la situación en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla y sobre las actuaciones de los gobiernos marroquí y español.