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La corrupción inmobiliaria: un año después

Fuentes: Rebelión

El próximo día 10 de junio se cumple un año del caso del transfuguismo inmobiliario-político madrileño. Aquella mañana todo estaba tranquilo, en apariencia, se votaba la constitución de la mesa permanente de la Asamblea de Madrid y nadie sospechaba que a media mañana saltaría la sorpresa y la conmoción política. Se comenzaría a descubrir una […]

El próximo día 10 de junio se cumple un año del caso del transfuguismo inmobiliario-político madrileño. Aquella mañana todo estaba tranquilo, en apariencia, se votaba la constitución de la mesa permanente de la Asamblea de Madrid y nadie sospechaba que a media mañana saltaría la sorpresa y la conmoción política. Se comenzaría a descubrir una red de corrupción política amparada en el negocio de la construcción inmobiliaria, un hecho que ya era conocido desde tiempo atrás (caso Filesa) pero que nadie en la actualidad había querido destapar por los propios intereses especulativos y dinerarios que conlleva.

Sin embargo, la noche anterior al ya famoso día de autos, el diputado tránsfuga Eduardo Tamayo lo tenía todo claro y meditado. Se ponía en contacto con sus amigos los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, militantes del PP en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, para solicitarles una habitación de hotel, ya que conocía sus vínculos empresariales y su amistad con el hotelero navarro Antonio Catalán, dueño de la cadena AC y con el que mantienen diversos negocios inmobiliarios en la comunidad de Madrid.

Los constructores pusieron a trabajar a su guardia de corps, entre ellos a E. Cabezas, pero no pidieron más detalles ya que creían que se trataba de un nuevo lío amoroso del diputado socialista del que ya conocían sus andanzas por Venezuela. Tras varios intentos fallidos de reserva, al final no fue en la cadena AC, ni tampoco en el Husa Princesa donde también se negocio una suite, el elegido fue el hotel NH Los vascos, situado donde antes se emplazaba el antiguo Estadio Metropolitano del club Atlético de Madrid. Se daba la circunstancia que NH es una cadena hotelera que en su día también perteneció a Antonio Catalán.

Una vez resuelto el tema de la habitación del hotel, Tamayo alquiló para su huida un vehículo Peugot 607 azul, matrícula 2717-CGT, que alquiló en el concesionario Transportes Españoles, filial de ATESA, y situado en el Paseo de la Castellana nº 130. Además contrató a dos fornidos guardaespaldas de la empresa Segurisa. Para todas estas gestiones contó la ayuda de su amigo y militante del partido, conocido en la sede de la FSM como «Goyo».

Esa misma mañana del día 10 de junio, Tamayo llamó a sus principales contactos desde el teléfono móvil que le había asignado el partido, por lo que tanto Alfredo Pérez Rubalcaba como José Blanco disponían del listado de todas sus llamadas. Desde ese teléfono llamó a su compañero y amigo personal, el abogado José Esteban Verdes López-Diéguez, marido de la concejala del PP en Madrid y a su vez miembro del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón, Paloma García Romero. El abogado Verdes y el diputado Tamayo, al margen de cuestiones profesionales relacionadas con el mundo de la construcción, comparten una de su aficiones favoritas: la caza, habiendo coincidido en numerosas cacerías organizadas por altos cargos de empresas constructoras. Precisamente, el abogado Verdes tiene expuestos en su despacho, situado en la céntrica calle de Ortega y Gasset de Madrid, nº 25, al lado de las principales tiendas de moda y centros de belleza de la capital de España, los múltiples trofeos alcanzados en sus cacerías. Verdes, amigo personal del consejero delegado de Prisa Juan Luis Cebrián, posee una finca cinegética en la provincia de Jaén, colindante a la del popular dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, conocido por ser el «recaudador» del PSOE de Manuel Chaves.

Se da la circunstancia que la caza es uno de los puntos principales de encuentro de empresarios, constructores y políticos. Y que son muchas las cacerías organizadas por las principales empresas constructoras a las que acuden todo tipo de dirigentes políticos del Estado español, empezando por el ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y acabando por el alcalde del PP de la localidad madrileña de Las Rozas, Bonifacio …., popularmente conocido como «El Boni», que es un asiduo a todo es tipo de eventos y a los «saraos» posteriores que suelen terminar a altas horas de la madrugada. «Saraos» de los que se dispone de amplia información tanto en la sede popular de la calle Génova como en la socialista de Ferraz, y de los que se mantiene una absoluta discreción y silencio.

Por su parte la concejala del PP Paloma García Romero, que el pasado día 3 de julio de 2003 contraía matrimonio por la vía civil con el abogado Verdes, es una asidua a los palcos de empresa situados en el Estadio Santiago Bernabéu, al igual que muchos otros diputados y políticos, tanto del PP como del PSOE. Los palcos de las constructoras, principalmente, y de todo tipo de empresas se llenan de políticos «invitados» cada domingo que juega el equipo blanco. Uno de los palcos más repletos de políticos es el de la constructora Sufisa, propiedad del empresario Rafael Naranjo Anegon, un ex de FCC y ex propietario de la constructora Laín, a su vez socio del relaciones públicas Ladislao «Lalo» Azcona, a su vez compañero de negocios del empresario naviero y presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Fernando Fernández Tapias. Hace unos meses Rafael Naranjo vendía un 30% de su empresa constructora al empresario Juan Abelló, que lo hacia a través de su empresa Torreal con la que ya está introducido en el sector inmobiliario y de la construcción. Sufisa es una de las cinco primeras empresas españolas dentro del sector del medio ambiente y de la energía y goza de los principales contratos en las comunidades presididas por el PP, por ejemplo, en Castilla-León y en el Ayuntamiento de Madrid, donde se le ha concedido la grandiosa obra de habilitación de la ribera del río Manzanares así como el tratamiento de los residuos del Canal de Isabel II.

En este tipo de palcos que circundan el terreno de juego del Bernabéu, con ambigú incluido, se suelen sellar múltiples negocios empresariales, al igual que ocurre en el palco central del Estadio que preside uno de los propietarios de la constructora ACS, Florentino Pérez. A este palco acuden desde su majestad el Rey Juan Carlos hasta los miembros del gabinete de Alberto Ruiz Gallardón. Se da la circunstancia que la constructora de Florentino Pérez domina los planes urbanísticos más importantes de Madrid, como los PAUS de Sanchinarro y Sanchidrián así como la nueva ciudad deportiva del Real Madrid situada junto a la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, en el paraje conocido como Valdebebas, y que a pesar de la notoria oposición del PSOE, salió adelante su nueva construcción con el apoyo total del PP, tanto de Esperanza Aguirre como de Ruiz Gallardón.

Otro de los personajes que se ha sentado con poder en este palco central del Bernabéu y que es conocido como uno de los principales «pegapases» inmobiliarios de Madrid es el que fuera presidente de la entidad blanca, Lorenzo Sanz Mancebo. Sanz, un ex peluquero y ex guardaespaldas del líder ultraderechista Blas Piñar, ha ido amasando una gran fortuna gracias a la información sobre terrenos urbanísticos que le llegaba puntualmente de sus «amigos». Así se hizo con grandes negocios inmobiliarios en la zona del barrio de Hortaleza, junto a la M-40, y en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

El poder del ladrillo y del suelo es algo innato a la política y a sus ayuntamientos y comunidades, ya que gracias a las recalificaciones de terrenos consiguen financiación externa. La regla de «las mordidas» para evitar las trabas urbanísticas y así conseguir una nueva veta financiera fue puesta en marcha por el PSOE con el caso Filesa, conocido como la financiación ilegal del partido entonces gobernante. El PSOE, gracias a las recalificaciones de los terrenos para la construcción de hipermercados de la cadena Pryca, con la construcción del AVE, etc… fue llenando sus menguadas arcas.

Aun se recuerda en la sede de la Comunidad Madrid el día que el Gallardón anunció a su llegada que destaparía la alfombra, pero tras destaparla y hablar con su antecesor en el cargo el socialista Joaquín Leguina decidió volver a ponerla en su sitio al comprobar los presuntos millonarios pagos que había realizado una UTE de conocidas empresas al consejero del gobierno de Leguina, Virgilio Cano, por la adjudicación de las basuras escasos días antes de su salida. Durante el cargo de Virgilio Cano, cuyo caso fue llevado posteriormente a la comisión de ética del PSOE, empezó a trabajar el diputado Eduardo Tamayo para la Comunidad de Madrid. El tránsfuga ocupó en los primeros años de la década de los noventa el puesto oficial de asesor técnico de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, bajo la tutela presidencial de Joaquín Leguina.

Los clanes políticos-inmobiliarios tienen formada su estructura en la Comunidad de Madrid, como en el resto de comunidades autónomas españolas, amparados finalmente en el poder dinerario de las grandes constructoras que son cogidas en UTE por las medianas y pequeñas que negocian ante los responsables políticos. En Madrid, el PSOE tienen varios bandos establecidos, pero fundamentalmente dirigidos hasta ese momento del caos por dos clanes: el de José Luis Valvas, relacionado con un total de 59 empresas que controla un grupo empresarial cuyas inversiones en el sector inmobiliario se acercan a los 10 millones de euros. A su lado se encuentra el tránsfuga Tamayo, que aparece como administrador único de la sociedad Rosa Morilla S.L, y diversos alcaldes socialistas, alguno de ellos expulsados del partido como el de la localidad de Humanes, Álvarez Sojo. Del otro el clan de los «benedictos», liderado por Enrique Benedicto Mamblona, esposo de Ruth Porta (peso pesado en la FSM y mano derecha de Simancas), que controla diferentes empresas ligadas al sector de la construcción. Benedicto fue denunciado por su participación en una contrata de limpiezas del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba, en cuyo municipio Benedicto es «dios» y nadie se atreve a adjudicar una obra sin su previa consulta.

En el PP, los clanes urbanísticos están liderados por el ex alcalde de la localidad de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada, verdadero factotum en la recaudación política y un hombre próximo al ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato. A su lado se encuentran bastantes alcaldes populares de la Comunidad madrileña con planes urbanísticos muy especiales, como el alcalde de las Rozas, El Boni, el ex alcalde Alcorcón, Pedro Zúñiga, el actual alcalde de Majadahonda, el ex alcalde de Pozuelo…….

Dentro de los grandes planes urbanísticos para desarrollar en la Comunidad de Madrid destacan el de El Molar, donde se encuentra inmerso el grupo gallego Fadesa, financiador de la publicidad que luce en sus camisetas el equipo de fútbol del Deportivo de La Coruña y adjudicatario del nuevo casino de Aranjuez; y el del municipio de Brunte, con campo de golf incluido, y donde aparecen como promotores el periodista deportivo de la cadena Ser, José Ramón de la Morena, natural de esta localidad, y su socio en distintos negocios inmobiliarios el promotor y constructor Luis García Cereceda, vinculado en su día a los negocios socialistas y a su anterior líder Felipe González Márquez, al que le unía una amistad común con el ya fallecido Enrique Sarasola Lerchundi.

Otras importantes operaciones urbanísticas, con grandes posibilidades especulativas, son el parque de nieve promocionado por Arpegio y el futuro aeropuerto de Madrid situado en la localidad de Campo Real, donde grandes conocidos empresarios ya han comenzado a comprar terreno rústico a muy bajo precio.