Pasados 36 años desde la muerte de Franco y 33 desde que se aprobó la Constitución que otorga al poder cobertura democrática, todo parecía atado y bien atado para que la oligarquía imperante siguiera tomando decisiones y haciendo grandes negocios de espaldas a la ciudadanía. Pero he aquí que la amplia insatisfacción generada por la […]
Pasados 36 años desde la muerte de Franco y 33 desde que se aprobó la Constitución que otorga al poder cobertura democrática, todo parecía atado y bien atado para que la oligarquía imperante siguiera tomando decisiones y haciendo grandes negocios de espaldas a la ciudadanía. Pero he aquí que la amplia insatisfacción generada por la crisis y el modo de gestionarla ha venido a poner en cuestión el modelo político diseñado en los conciliábulos de la Transición. Tras haberse evitado con éxito que se produjera durante la Transición un verdadero proceso constituyente, por fin se empiezan a cuestionar masivamente las decisiones entonces impuestas. ¿Por qué el actual sistema electoral privilegia el bipartidismo? ¿Por qué se vota a listas de partidos y no a candidatos? ¿Por qué es tan difícil promover leyes por iniciativa popular o someter a referéndum decisiones importantes?… ¿Por qué hay monarquía y no república?
Dos hechos fuerzan la crisis del sistema político. Por una parte, el conformismo de los grandes partidos que se disputan el Gobierno hace que muestren encefalograma plano en el diagnóstico y tratamiento de los principales problemas que tiene planteados el país. Por otra, la ciudadanía no quiere limitarse ya a hacer de mera comparsa electoral de esos partidos.
Al calor de la crisis han surgido movimientos orientados a superar el impasse político-institucional que niega la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, cuando el país cuenta con un desmesurado stock de viviendas y edificios desocupados a la vez que los desahucios amplían el ya nutrido grupo de personas necesitadas de vivienda, el Gobierno y el principal partido de la oposición miran para otro lado. Ante semejante emergencia, ha tenido que ser la ciudadanía la que ofrezca soluciones ejemplares defendiendo a las familias desahuciadas e instalándolas en un hotel abandonado y ocupado para este fin. ¿Por qué no hay vivienda social, cuando la Constitución afirma el derecho a la vivienda de la población y cuando, para colmo, se otorga tanto dinero público a ese gran propietario de viviendas desocupadas que es hoy la banca? ¿Por qué estos problemas escapan al teatro oficial de la política?
José Manuel Naredo es Economista y estadístico
Fuente: http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial/1883/la-crisis-alcanza-al-sistema-politico/