La periodista especializada en Economía Ana Tudela Flores explica con profusión de números y estadísticas por qué la actual crisis económica en el estado español es realmente un «juego de trasvases». Del salario a los beneficios empresariales; de un sistema fiscal basado en la redistribución, al mayor peso de la imposición indirecta; de la «caja […]
La periodista especializada en Economía Ana Tudela Flores explica con profusión de números y estadísticas por qué la actual crisis económica en el estado español es realmente un «juego de trasvases». Del salario a los beneficios empresariales; de un sistema fiscal basado en la redistribución, al mayor peso de la imposición indirecta; de la «caja común» del Estado del Bienestar, al rescate de las grandes gestas del capitalismo; de los derechos sociales con garantía pública, a los repagos; de la «burbuja» inmobiliaria a los desahucios.
El sistema anterior no era ni mucho menos ideal, pero «la crisis hace tiempo que no es la causa sino la excusa, un dardo paralizador que ha creado el clima para lograr un inmenso trasvase de riqueza», afirma esta periodista que ha pasado por las redacciones de El Economista, Público o la edición española de Forbes. Toda la información puede encontrarse en «Crisis, S.A. El saqueo neoliberal», libro de reciente publicación en la colección «A Fondo» de la editorial Akal, coordinada por Pascual Serrano.
Durante una década, la banca española tomó prestados cientos de miles de millones de euros del exterior, que se destinaron a grandes infraestructuras, obras mayestáticas y sobre todo a viviendas de nueva construcción. En 2004, el estado español pulverizó la ratio mundial de visados para edificación por cada mil habitantes: 18,1, mientras que la media europea se situaba en el 5,7. En 2005 se iniciaban 716.219 viviendas en el estado español, pero en 2008 (ya en el primer año de crisis), la cifra se redujo a 328.490 viviendas.
Era la «Belle Époque» del ladrillo (noviembre de 2004), cuando el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, declaraba: «como banquero sólo puedo decir que el país va bien, que no hay burbuja inmobiliaria y que estamos muy contentos con nuestro negocio en España». Pero pinchó la «burbuja» y terminó el festín inmobiliario, se rescató el sistema financiero (a finales de 2013 ya se daban por perdidos más de 40.000 millones de euros) y se modificó el artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda. Así, «ya está creado el cauce para asegurar que la banca del norte de Europa recupere lo prestado a España. Por encima de pensiones, desempleo, sanidad, educación y dependencia», explica Ana Tudela Flores. El último paso consiste en «transformar esa deuda privada incobrable en deuda pública».
La periodista pone ejemplos sangrantes. La venta de Novagalicia Banco al venezolano Banesco se produjo por mil millones de euros a finales de 2013, después de una inyección de dinero público de 9.000 millones de euros (en abril de 2012 el gobierno del PP anunció recortes en sanidad y educación por valor de 10.000 millones de euros). Tras inyectar 22.500 millones de euros del rescate europeo, el estado español se convirtió en el principal accionista de Bankia, entidad financiera que desahucia a personas que no pueden pagar la hipoteca.
Un segundo trasvase glosado por Ana Tudela es el que se da entre salarios y beneficios empresariales. Para visualizarlo, nada como la fotografía tomada el 9 de febrero de 2012. Ese día, el ministro de Economía, Luis de Guindos, le dice al comisario europeo para Asuntos Económicos, Olli Rehn: «mañana aprobamos la reforma del mercado laboral y van a ver que será extremadamente agresiva, con mucha flexibilidad en la negociación colectiva y reducción de la indemnización por despido». Con la reforma, explica la periodista, «se daba la oportunidad a las empresas de quitarse plantilla estable, con derechos adquiridos, más cara, para empezar a sustituirla por la mano de obra que quieren para España: barata, muy barata».
Puede que farragosos, pero los números aclaran de manera rotunda sobre quién recae el peso de la crisis. Entre 2008 y 2013 (de lleno en la recesión), la retribución de los trabajadores asalariados cayó en un 13,4%, al tiempo que los márgenes empresariales han retornado al punto de 2008. Dado que la inversión ha disminuido, la conclusión es evidente: «el excedente se está utilizando para reducir deuda de las empresas y retribuir a los accionistas». Mención aparte merece lo que Ana Tudela Flores denomina «Mundo Ibex». El consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, recibió en 2013 una retribución de 7,44 millones de euros (824 salarios mínimos); Javier Marín, consejero delegado del Banco de Santander, 4,34 millones de euros (480 salarios mínimos). Julio Linares, exconsejero delegado de Telefónica, se retiró con una indemnización de 24,7 millones de euros (Telefónica anunció un ERE que afectaba a 6.000 personas en 2011).
Mientras, la banca se dedicaba al «roll over» ante la pasividad del Banco Central Europeo (BCE). Los bancos tomaban dinero del Banco Central a intereses muy bajos; a continuación vendían -en los días previos a las subastas- los títulos antiguos de menor rentabilidad, de modo que forzaban un incremento de la rentabilidad de los bonos. Y compraban deuda en un negocio redondo. El abracadabrante papel del BCE ante estas maniobras especulativas lo explica Ana Tudela: «de manera sistemática reducía al mínimo las adquisiciones de bonos justo cuando había cumbres europeas en las que se decidían medidas de ajuste o los parlamentos nacionales debatían programas de austeridad».
Un asunto de actualidad son las SICAV. «Un privilegio para ricos porque les permite pagar muy pocos impuestos». Estas sociedades de inversión pagan un 1% sobre los beneficios anuales, frente al 30% que pagan el resto de grandes empresas. En caso de sacarse el dinero de la SICAV, y se hace con ganancias, los impuestos se abonan como renta de capital en el IRPF. Se calcula que en el estado español hay 25.000 millones de euros de patrimonio en SICAV, que gozan de un trato fiscal favorable con la excusa de que, si se actuara en sentido contrario, sacarían el dinero de España. Ahora bien, un informe de la CNMV (2012) citado por la periodista señala que la mitad de los 25.000 millones de euros estaba invertido en valores en el extranjero.
El cuarto trasvase es el que beneficia a las grandes constructoras con el beneplácito de las Administraciones. Sobrecostes disparatados, tejemanejes a través de empresas públicas, rescates encubiertos, sueldos indecorosos y deudas multimillonarias jalonan esta historia. La Expo del Agua de Zaragoza, la ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, el Palacio de Congresos de Buenavista en Oviedo, el Velódromo Palma Arena, la Ciudad de la Luz en Alicante, el AVE Madrid-Barcelona… Interminables ejemplos. Pero se argumentó que los ciudadanos «vivieron por encima de sus posibilidades». La gestión del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al frente del Ayuntamiento de Madrid, dejó al consistorio (finales de 2011) con una deuda de 6.348 millones de euros (en la misma fecha, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza no alcanzaban los 4.000 millones). El otro gran epicentro de fasto y corrupción, detallado por Ana Tudela Flores, es el País Valenciano. Con dos iconos de toda una época: la Ciudad de las Artes y las Ciencias y Canal 9.
El quinto gran trasvase de rentas se ha cebado con los pilares del llamado Estado del Bienestar (Sanidad, Educación y Dependencia). El marco para entrada del sector privado en la sanidad lo asentó el Informe Abril en 1990. En febrero de 2014, sólo uno de cada tres hospitales públicos contaba con gestión directa de la Administración. Además, la mayoría de los hospitales públicos (299, o el 66% del total) están gestionados por empresas, fundaciones, entes públicos o sociedades mercantiles, según un artículo de El Economista a partir de datos del Ministerio de Sanidad. Como paradigma, otra vez el País Valenciano, con el «Modelo Alzira» de gestión privada de la sanidad pública. Y otra vez Madrid, donde el dinero público para conciertos con la privada pasó, entre 2005 y 2010, de 514,7 a 1320,1 millones de euros. Todo el modelo, además, engrasado con las «puertas giratorias» (Güemes, Lamela, Boi Ruiz, Josep Maria Piqué…).
En ocho páginas Ana Tudela Flores analiza en detalle la liquidación del sistema de ayudas a las personas dependientes. Entre toda la casuística, complejidad de casos y maquillajes en la tijera, una idea lapidaria: «cuando se habla de un derecho en el que casi el 54% de los beneficiarios tiene 80 años o más, es sencillo limitarse a no reconocer prestaciones al mismo ritmo o directamente a congelarlas, en una macabra estrategia de pasividad en la que la muerte se encarga de ir causando bajas en el sistema».
El modelo educativo en tiempos de crisis ofrece pocas sorpresas. Se adecua bien a un país convertido en un paraíso de mano de obra barata y poco cualificada al servicio del mejor postor. «Como en todo, el PP está siendo la vuelta de tuerca definitiva al camino que empezó a allanar el PSOE», subraya Ana Tudela. El ministro Wert afirmaba que los recortes no tenían por qué afectar a la calidad educativa. Desde los primeros planes de ajuste, se detuvo la construcción de nuevas infraestructuras educativas, se recortaron las becas de transporte, ayudas para libros, formación del profesorado, gastos corrientes de los centros, servicios gratuitos de comedor, implantación tecnológica en los centros, apoyo escolar. En algunos casos los medios se han hecho eco de dificultades para el pago de la luz o la calefacción en los centros educativos. «El otro gran recorte atacaba a la universidad», anota la periodista (según un informe de CCOO, las universidades públicas españolas tuvieron en 2013 un presupuesto inferior en un 13,72% al de 2010, el año en el que más recursos se destinaron). Con la crisis como gran coartada.
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