«El cambio de gobierno en Argentina parece marcar un giro en la agenda ecológica. Las medidas económicas adoptadas en torno a la suba de tarifas se enlazan con el discurso oficial de que el ahorro -doméstico- es la principal medida de cuidado del ambiente. Aquí la crítica señala las limitaciones de este ideario liberal basado […]
«El cambio de gobierno en Argentina parece marcar un giro en la agenda ecológica. Las medidas económicas adoptadas en torno a la suba de tarifas se enlazan con el discurso oficial de que el ahorro -doméstico- es la principal medida de cuidado del ambiente. Aquí la crítica señala las limitaciones de este ideario liberal basado en una ‘conciencia ecológica’ de carácter individual o familiar.»
Preocupados por el ambiente, y por el bolsillo
En las cercanías del Día de la Tierra, una encuesta de la Universidad Nacional de Tres de Febrero destacaba que el 86 por ciento de la población en el área metropolitana de Buenos Aires «se preocupa por el medio ambiente». El Centro de Investigación en Estadística Aplicada (CINEA) de esta casa de estudios consultó a 885 personas mayores de 16 años. El informe publicado no ofrece datos sobre la composición social de la muestra, que se realizó mediante un sistema telefónico.
Los resultados destacados en la encuesta se distribuyen entre un 53 por ciento que se consideró «muy preocupado» y un 33 por ciento que dijo estar «bastante preocupado» por el medio ambiente. Puntualmente, los motivos de preocupación entre estas personas, en los términos de la encuesta, son: la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación del agua, la basura, los químicos y pesticidas, y la lluvia y las inundaciones.
Respecto de la atribución de los problemas ambientales, se destaca que «un 61 por ciento de los encuestados considera que los responsables de la contaminación del ecosistema `somos todos´». Este criterio de responsabilidad difuminada, no obstante, se altera al conocer que sólo un 24 por ciento opina que el gobierno hace lo suficiente por proteger el ambiente, mientras que la proporción de quienes consideran que su familia sí toma medidas suficientes alcanza el 68 por ciento.
En este marco, el sondeo también avanzó en tratar de conocer los hábitos de los residentes. Consultados sobre 8 ítemes considerados relevantes, la media pone en práctica entre 3 y 5 de ellos. El nivel de adhesión se presenta dispar:
• 93 por ciento usa lámparas de bajo consumo,
• 82 apaga las luces si no las utiliza,
• 73 afirma cerrar bien las canillas.
• 45 por ciento elige bebidas con envases retornables.
• 37 utiliza sus propias bolsas para hacer compras
• 35 por ciento separa sus residuos para reciclaje,
• 33 separa residuos para compostaje.
La conclusión que extrae el CINEA afirma: «Observamos que las prácticas ecológicas más incorporadas son las que permiten ahorrar dinero, y que aquellas que implican mayor dedicación de tiempo, esfuerzo o cambio de los hábitos de consumo no alcanzan masividad aún». En este sentido, se remarca: «Pudo evidenciarse que 6 de cada 10 consultados han implementado sólo aquellas prácticas ecológicas que -a su vez- permiten el ahorro energético o la reducción de los costos de los productos consumidos en el hogar».
Del mismo modo, la encuesta afirma que 4 de 10 personas consultadas avanzan en prácticas de mayor compromiso, como la separación de residuos en origen. Pero atribuye estas respuestas a personas «económicamente inactivas» o incluso con «bajo nivel de instrucción». Por lo tanto, el informe subscribe «la idea de que el impulso ecológico está vinculado a la falta de recursos y a la amplitud de tiempo para la incorporación de hábitos, lo que permite suponer que quienes tienen mayor cantidad de medios son quienes menor motivación presentan a la hora de evitar el impacto ambiental que genera su estilo de vida».
Cambio en el discurso gubernamental
Una primer lectura de la encuesta difundida por el CINEA de la Universidad Nacional de Tres de Febrero nos lleva a considerar un aspecto ya clásico del debate en los estudios ambientales. La asociación entre ecología y economía no resulta azarosa sino que el propio movimiento ecologista nace -con distintos matices- como una respuesta crítica frente a los desequilibrios que plantea el crecimiento económico. De tal forma que el análisis del estilo de vida de un país o una región se involucra con el modelo de desarrollo.
Este debate, desde ya, conlleva también una fuerte impronta política, que no se reduce al ámbito de la estricta política partidaria, pero en donde el rol del Estado en nuestras sociedades siempre tiene un impacto. Desde este punto de vista, durante el gobierno kirchnerista, y fundamentalmente desde el año 2010, se fortaleció la crítica hacia el llamado «modelo extractivista». En especial, desde las asambleas ciudadanas que denuncian la megaminería, con una mayor trayectoria, y en los últimos años la aparición de los pueblos fumigados por el agronegocio.
En este punto, el gobierno kirchnerista osciló en diferentes respuestas, entre las cuales se destacaba la defensa del modelo de desarrollo, caracterizado como «crecimiento con inclusión». En este punto, el discurso se posicionó en torno a la necesidad imperiosa de salir de la crisis del 2001, por lo cual la recuperación económica era la mayor prioridad para terminar con la pobreza focalizada -justamente- en el conurbano. La problemática ecológica resultaba menor, pues se argumentaba que afectaba sólo a una fracción de la sociedad, o resultaba una «materia pendiente» a resolver en el futuro.
El triunfo electoral del frente Cambiemos y las principales medidas impulsadas por el gabinete de Mauricio Macri suponen un cambio en el modelo económico y por tanto, aventuramos, un giro en la estrategia de contención de los reclamos ecológicos. Si bien en este mismo portal ya se ha caracterizado a la política del actual gobierno macrista como una profundización del modelo extractivo, también se ha remarcado un énfasis en el discurso que justifica las desigualdades sociales y el acceso a determinados consumos. En ese marco, aquí enfatizamos que el ahorro ecológico se enuncia como un deber de los más pobres dentro del sistema.
También en ocasión del Día de la Tierra, en la página oficial de la Casa Rosada se lanzaba el aplicativo «Mi compromiso con el Ambiente«. La propuesta oficial involucra opciones que conllevan compromisos tales como: tapar las cacerolas, usar lámparas de bajo consumo, cerrar canillas goteando, transportarme en bicicleta, usar pilas recargables, separar mis residuos y «comprar sólo los productos que voy a consumir». Esta última opción, sobre todo, no parece distinguir entre quienes no pueden comprar los productos de estricta necesidad, asociados con el aumento de la pobreza frente a las medidas económicas de ajuste.
Desde ya, este tipo de campañas se había realizado en Argentina, sólo que antes la promovían organizaciones de la sociedad civil, como por caso las campañas de FARN y Fundación Vida Silvestre. En tanto campañas de bien público, su objetivo es loable pues promueven un compromiso mayor al que se propone, por ejemplo, cuando sólo hace falta hacer «un click» para salvar al planeta (a través de la firma de una petición on-line, por ejemplo). Por su parte, el hecho de que el el gobierno nacional sea quien las impulse no sería criticable si ello se enmarcara en una política ambiental en la cual el Estado asuma su propia responsabilidad frente al bien público.
Toda Ecología es -siempre- Política
La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) remarcó en su momento que «más allá del valor que tiene las acciones de cada uno en la vida cotidiana y de la importancia de cada una de estas acciones, los graves problemas ambientales que tenemos los argentinos se resolverán principalmente a partir de políticas públicas implementadas desde los gobiernos a nivel nacional, provincial y local». Podemos agregar aquí que este planteo de la «responsabilidad de todos» entra en sintonía con asociar los «compromisos ecológicos» solamente con acciones individuales realizadas en el ámbito doméstico.
Mientras que, por otra parte, como remarca también la RENACE: «el gobierno no ha dejado de profundizar durante los cinco meses que lleva de gestión el modelo extractivista favoreciendo por ejemplo al agronegocio y a las corporaciones mineras con la reducción y quita de las retenciones». Del mismo modo, se registra la misma tendencia en la conformación de un gabinete extractivo, «nombrando en puestos claves de gestión a representantes de esos sectores empresarios, y dándole continuidad a los funcionarios que promovieron ese extractivismo en el gobierno anterior».
Entendemos que el diagnóstico de la profundización del extractivismo resulta una clave de análisis para entender el nuevo énfasis en el ahorro doméstico. En este punto, el carácter estrictamente desigual del modelo extractivo, interpretado como «acumulación por desposeción» en los términos de David Harvey, significa que a mayor extractivismo se genera más pobreza. Así, la distribución desigual de las ganancias del modelo sojero y minero, expresada en la baja y quita de retenciones, debe ser ahora pagada por los sectores populares a partir de la suba de las tarifas de los servicios públicos.
Lo anterior no es una relación arbitraria, si recordamos por caso que las corporaciones megamineras son las principales consumidoras de energía y de agua en las provincias donde operan. Como se ha destacado, tan sólo tres emprendimientos megamineros demandan un consumo equiparable con la producción de la -contaminante- central atómica Atucha I, ubicada en torno a los 357 megavatios. De este modo, la falta de criterios en la alta suba de las tarifas -que llegaron incluso al mil por ciento- se puede aplicar también dentro del sector empresarial, donde las pequeñas empresas están sufriendo aumentos que ponen en duda la continuidad de su actividad y del mayor empleo relativo que éstas proporcionan.
En términos analíticos, el énfasis en el ahorro como medida ecológica está presente en el ideario liberal del desarrollo sostenible, según señala Arturo Escobar, como una profundización de la racionalización de la economía. Por supuesto, que todo aquel costo que pueda reducirse a través de innovaciones tecnológicas de eficiencia energética, por caso, resultan una contribución en tanto suponen un menor impacto ambiental. Sin embargo, este tipo de medidas resaltadas por la propaganda verde (greenwashing) tienen a ocultar que tienen un límite muy claro en algunos casos: una megaminera no puede «ahorrarse» la explotación de la montaña, así como sólo representan cambios mínimos en el abuso de agua, energía y químicos.
De este modo, así como nadie puede estar de desacuerdo con «salvar el planeta», la combinación entre asociar la ecología con el ahorro, y el criterio de que «todos somos responsables» de cuidar el ambiente, llevan a una desigual asociación entre los beneficios y costos ambientales. El enfoque de la Ecología Política debe explicitar estos desequilibrios que provienen de un modo de relación capitalista con una naturalezamercantilizada, pensada como recurso económico y como materia prima para un modelo consumista que segmenta la sociedad en diferentes niveles de acceso a los beneficios del sistema.
Pablo Gavirati, GIC Cultura Ambiental (CCC – UBA)
Ecoportal.net