La firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975 selló oficialmente el destino de la última colonia española.
Según establecía este tratado, la administración de la hasta entonces provincia del Sáhara sería transferida a Marruecos y a Mauritania, que desde hacía años reclamaban su soberanía sobre el territorio en la arena internacional. Seis días más tarde, ese 20 de noviembre, el príncipe Juan Carlos firmó la Ley 40/1970 sobre la descolonización del Sáhara por la que se iniciaban los trámites para poner en marcha la transacción. Como conclusión de este proceso, el 26 de febrero de 1976 se informó a Naciones Unidas que España ya no administraba el territorio. Libre al mismo tiempo del peso del dictador y del colonialismo, el país podía empezar su transición a una democracia postimperial. Esta narrativa, sin embargo, resulta engañosa, ya que oculta una realidad más compleja: la dificultad estructural de romper con los intereses económicos y geopolíticos generados durante décadas de colonización y franquismo.
El Sáhara Occidental representa un caso especialmente sangrante de colonización inconclusa, donde los compromisos internacionales de descolonización fueron sistemáticamente diferidos y finalmente traicionados. La política colonial española se caracterizó por su opacidad, los conflictos entre élites y por llevarse a cabo siempre a espaldas de la población saharaui. Se debe señalar que la prolongada permanencia en el occidente sahariano muestra cómo la política española puso todas las trabas posibles para evitar la celebración de un referéndum de autodeterminación, estirando la explotación económica y política del territorio. En este sentido, los intereses creados durante el período colonial no solo impidieron la celebración del plebiscito, sino que configuraron un modelo que perpetúa hasta hoy estructuras neocoloniales de explotación y control territorial.
La provincialización: cambiar todo para que nada cambie
Pese a la fundación de la factoría de Villa Cisneros en 1884 y los acuerdos con Francia para delimitar sobre el mapa el territorio a principios del siglo XX, no es hasta el segundo tercio del siglo que las potencias europeas empiecen a controlar el interior del territorio. Un dominio constantemente puesto en jaque por la población nómada del territorio, tanto en la forma de un enfrentamiento frontal como por la capacidad de huir del contacto con los colonizadores. En este sentido, entre 1957 y 1958, un levantamiento encabezado por el Ejército de Liberación, una organización militar anticolonial, estuvo a punto de tener éxito en la empresa de expulsar a los gobiernos europeos tanto de la zona sur del protectorado español sobre Marruecos como del Sáhara. Solamente pudo evitar tal desenlace la colaboración militar hispano-francesa durante la llamada Guerra de Ifni-Sáhara. Aunque como consecuencia del enfrentamiento España tuvo que ceder el control de la franja de Tarfaya a Marruecos, la experiencia confirmó que los imperios coloniales no desaparecen sin resistencia.
Se debe tener en cuenta que, para evitar la descolonización y preservar sus intereses, las metrópolis desarrollaron estrategias que se adaptaban al contexto y a las resistencias que encontraban. De este modo, entre 1958 y 1959, la dictadura franquista apostó por transformar jurídicamente sus restantes territorios coloniales en provincias: Ifni, Sáhara Español, Río Muni y Fernando Poo; en palabras del Almirante Carrero Blanco, “tan españolas como la de Cuenca”, incidiendo en una fórmula que permitía el mantenimiento sustancial del control colonial bajo una nueva apariencia jurídica (De Dalmases, 2025).
En el caso de la España franquista –al igual que el Portugal de Salazar–, esta estrategia se realizaba en un contexto complicado: las dictaduras ibéricas habían sido parias en la arena internacional desde la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial; en este sentido, su inclusión en Naciones Unidas significaba su integración en el orden mundial político y económico. Sin embargo, una de las condiciones para participar en esta organización consistía en informar de los Territorios No Autónomos bajo su administración, es decir, aquellos territorios susceptibles de ser descolonizados. Al incluirlos como provincias se argumentaba que formaban parte integrante de la nación, por lo que no debían tener esa consideración. En el caso del Sáhara, esta gatopardiana estrategia consiguió atrasar su listado hasta 1963.
Por otra parte, esta provincialización implicó transformaciones profundas en las estructuras sociales locales, incluyendo la promoción de nuevos modelos familiares y de género a través de instituciones como la Sección Femenina o la Organización Juvenil Española (Bengochea Tirado, 2018). Esto ocurría mientras se promocionaban formas de justicia islámica a través de la institucionalización de los cadíes y se formulaban formas de participación en la democracia orgánica franquista que incluían la estructuración tribal de la sociedad. En este contexto se crearon instituciones como el Cabildo Provincial en 1961, según el modelo de las Diputaciones Provinciales, y la Asamblea o Yemaá General del Sáhara en 1967, órgano consultivo destinado a dar voz a la población saharaui. Así, la estructura colonial buscó en todo momento cooptar ciertas élites mediante el flujo de capital político y económico que significaba integrarse en estas instituciones.
Este ejercicio pretendía crear una estructura institucional híbrida que respondería a un discurso sobre la nación española en la cual se integraba una versión folclorizada de la cultura saharaui. Una nación que, no lo olvidemos, durante el franquismo era vista como jerárquicamente organizada. En última instancia, siempre se encuentra en su cabeza al dictador Francisco Franco y la estructura política que desde él desciende. Así, sobre las instituciones anteriormente enumeradas se encontraba el Gobernador General, un cargo que recaía en un militar de carrera y que tenía la última palabra sobre cualquiera de las decisiones que se tomaban en el territorio. Se trataba en definitiva de una estructura supeditada a los intereses económicos metropolitanos y políticos de los militares franquistas (Barbulo, 2017).
La segunda ocupación del Sáhara, los intereses económicos
Estas transformaciones políticas se daban al mismo tiempo que una auténtica fiebre del oro arrasaba el territorio (Andreu Medeiro, 2017). El mismo año que el Sáhara pasaba a ser considerado provincia, se aprobaba la Ley de Hidrocarburos que incentivó las prospecciones por todo el territorio en busca de petróleo y gas natural. Por otra parte, la explotación de sus yacimientos de fosfato permitió el acceso a una materia prima de crucial importancia para la revolución verde que se estaba llevando a cabo en la metrópolis. Finalmente, más allá de las riquezas situadas en el interior del territorio, la gestión de las aguas territoriales se convirtió en un asunto de gran importancia. Su estratégica situación frente a las Islas Canarias permitía a los estamentos militares de la dictadura argumentar la necesidad de controlar esa porción del océano Atlántico. Sin embargo, siempre estuvo de fondo la importancia de la explotación de los recursos marinos, más aún en medio de una crisis ecológica como la que supuso el agotamiento de los bancos pesqueros sudafricanos a finales de los años sesenta.
Este proceso de intensificación económica generó transformaciones sociales profundas, incluyendo el crecimiento de núcleos urbanos tanto por concentración de población saharaui como por migración metropolitana. En este sentido, el desarrollo de Villa Cisneros o El Aaiún, conectados por línea aérea con las Islas Canarias, permitía diseñar formas de explotación turística que añadiesen una imagen de normalidad a la explotación colonial, funcionando esta industria como herramienta de construcción identitaria y legitimación del proyecto colonial, vendiendo al territorio como un espacio exótico pero seguro para el consumo metropolitano.
No se debe olvidar que este proceso de explotación económica fue fuertemente subsidiado desde el Estado, más allá de los costes derivados de toda colonización de un territorio, junto con una mayor presencia militar. Desde 1966 la administración franquista estudió sistemáticamente la introducción del territorio a los Planes de Desarrollo Económico y Social, incluyéndolo en los de 1968-1971 y 1972-1973 e iniciando en 1974 un Plan de Desarrollo propio (Morillas, 1995). Una inversión que fue creciendo en los años sesenta, a medida que el territorio iba convirtiéndose en la última colonia española. Las negociaciones que se dieron alrededor del reparto de los fondos de estos planes de desarrollo informan de la creación de alianzas dentro de las instituciones franquistas orientadas a atraer capital económico y político hacia estos espacios coloniales.
La política colonial franquista y los intereses políticos sobre el territorio
Se debe tener en cuenta que la política colonial española en este periodo se caracterizó por el enfrentamiento entre dos posturas respecto al futuro de estos territorios: quienes apostaban por la permanencia de España en la medida de lo posible y quienes, desde una postura más pragmática, buscaban homologar su política colonial con la de otras metrópolis europeas, estando dispuesta a la descolonización si ello significaba mayor aceptación internacional de la dictadura. Este enfrentamiento entre posturas es una de las causas de la caótica política hacia la descolonización que tuvo España.
Se trataba de dos posturas divergentes respecto a la gestión del futuro de los territorios colonizados que enfrentaba a diferentes intereses económicos y políticos. El primer grupo tenía entre sus personajes más visibles a los militares Luis Carrero Blanco y José Díaz de Villegas. Esta postura tenía entre sus defensores a sectores militares que, como el propio Franco –cuya biografía “apenas puede explicarse sin la experiencia africana”–, consideraban vitalmente inaceptable la pérdida de las colonias. El espacio de intervención de esta postura estaba ligado a las estructuras de gestión colonial como la Dirección de Plazas y Provincias Africanas y el Gobierno General de las provincias africanas. Por lo que respecta al segundo grupo, estaba encabezado por Fernando María Castiella, ministro de exteriores entre 1957 y 1969. Este segundo grupo tenía especial peso entre los círculos diplomáticos, lo que les daba una voz preponderante en Naciones Unidas.
Pese a sus divergencias, ambas posturas tenían importantes intereses en común, siendo el primero de ellos el mantenimiento de la dictadura franquista en la metrópolis. Además, frente a la divergencia retórica y política a medio-largo plazo, ambos proyectos sobre las colonias coincidían en la necesidad de transformarlas económica y socialmente, si bien unos para su futura independencia y otros para su mejor integración en la comunidad nacional.
La presión por la descolonización aumenta
La descolonización de territorios vecinos añadió presión en el contexto internacional para la descolonización del territorio, especialmente por parte de Marruecos, cuya política del Gran Marruecos incluía reivindicaciones territoriales sobre el Sáhara Occidental. Al mismo tiempo que el conflicto entre élites franquistas suponía una errática política colonial en la que la definitiva inclusión del Sáhara Español en la lista de Territorios No Autónomos en 1963 y el compromiso español de 1967 –mediante la resolución 2354 (XXII)– de realizar un referéndum de autodeterminación, crearon un marco jurídico que España intentó sistemáticamente eludir.
A esta dinámica se debe añadir, a partir de finales de los años sesenta, la organización del nacionalismo saharaui. La emergencia del Movimiento de Liberación (Harakat Tahrir), liderado por Mohamed uld Hach Brachim uld Lebser y fundado en 1969 sería el primer ejemplo. Su primera movilización pública fue una manifestación el 17 de junio de 1970 para reivindicar la autodeterminación del pueblo saharaui frente a las muestras de adhesión a España de los notables cooptados por la metrópolis. La represión a esta reivindicación, llevada a cabo por la Legión, fue brutal, suponiendo un punto de ruptura definitivo entre la población saharaui y la administración franquista (Barona, 2004).
Más adelante, el proyecto, finalmente frustrado, presentado en febrero de 1973, de establecer un estatuto de autonomía para el Sáhara Occidental –similar al concedido a Guinea Ecuatorial antes de su independencia en 1968– no logró contener el creciente descontento saharaui frente a la colonización española. La destitución de Castiella como ministro de asuntos exteriores en 1969 había dejado a los militares africanistas en una posición de poder de la que se aprovechó Carrero Blanco para controlar la posible descolonización de la ya última colonia española.
En este clima de tensión, el 10 de mayo de 1973 se anunció públicamente la creación del Frente para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario). Esta organización integraba una retórica de fuerte impronta tercermundista, inspirada en movimientos de liberación como el palestino, y articulaba prácticas de movilización heredadas de las luchas anticoloniales del occidente sahariano. Su discurso criticaba no solo la presencia española, sino también la colaboración de determinados notables con la administración colonial. A la par de una activa labor de concienciación entre la población saharaui, el Frente inició ataques contra infraestructuras militares y económicas españolas, valiéndose de la porosidad fronteriza para ejecutar incursiones armadas (Ahmed Omar, 2023). En paralelo, se intensificaron las acciones de resistencia civil –manifestaciones, huelgas, boicots– que expresaban la voluntad de descolonización de amplios sectores sociales del territorio.
Reticencias hasta el final
En este contexto, el asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973 significó un nuevo giro de timón en la política colonial española. Descabezado el grupo de presión procolonial que él representaba y conscientes, ahora sí, de que la descolonización no podía evitarse, las autoridades españolas desarrollaron estrategias de último recurso para intentar condicionar el proceso. La fundación del Partido de Unión Nacional Saharaui (PUNS) evidenciaba la intención de posicionarse como interlocutor legítimo ante la inminencia del referéndum de autodeterminación promovido por Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, las tensiones se multiplicaban: frente a una política colonial desnortada, el nacionalismo saharaui organizado alrededor del Frente Polisario fue ganando reconocimiento internacional. Del mismo modo, los países de la región presionaban por la descolonización del territorio, especialmente Marruecos que ambicionaba su anexión. En este sentido, para reforzar su posición, el Reino de Marruecos acudió a la Corte Internacional de Justicia solicitando un dictamen sobre la existencia de vínculos jurídicos precoloniales entre las tribus saharauis, el sultanato alauí y las poblaciones mauritanas.
En mayo de 1975, una misión visitadora de la ONU se desplazó al territorio con el objetivo de preparar el tan postergado referéndum de autodeterminación. La respuesta saharaui, liderada por el Frente Polisario, consistió en una serie de manifestaciones masivas en favor de la independencia, que visibilizaron el respaldo popular a la causa anticolonial. La movilización consiguió dejar de lado al PUNS y demostrar la voluntad popular de la independencia.
Simultáneamente, Marruecos aceleraba su ofensiva diplomática. Aunque la Corte Internacional de Justicia, en su dictamen del 16 de octubre de 1975, reconocía la existencia de ciertos vínculos históricos entre Marruecos y algunas tribus saharauis, también afirmaba con claridad que tales lazos no suponían la soberanía territorial sobre el Sáhara Occidental (Ruiz Miguel, 1995). Sin embargo, el fallo fue reinterpretado por Marruecos como un respaldo a sus pretensiones, y la llamada Marcha Verde –una invasión civil y militar cuidadosamente orquestada– se puso en marcha a comienzos de noviembre de ese mismo año.
Es en ese contexto que el 14 de noviembre de 1975, el Gobierno español –con un Franco moribundo– firmó los Acuerdos Tripartitos de Madrid, mediante los cuales transfería la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Este acto, ampliamente considerado de legalidad dudosa, se realizó sin consultar a la población saharaui, lo que contradecía abiertamente los principios del derecho internacional sobre la autodeterminación de los pueblos. La comunidad internacional tampoco reconoció plenamente la legitimidad de estos acuerdos. Puestos a elegir, los todavía jerarcas franquistas eligieron enfrentarse al rival más débil, un Frente Polisario que reivindicaba la autodeterminación del territorio amparado por las políticas de Naciones Unidas y el respaldo de la población del Sáhara, frente al más fuerte, un Marruecos apoyado por los Estados Unidos y la fuerza de sus armas.
En paralelo, se buscó desactivar las posibles acciones que llevaran a cabo los militares españoles que todavía controlaban el territorio, el llamado “bunker de la arena” (Rodríguez Jiménez, 2015). Los jerarcas metropolitanos temían que se iniciase una guerra colonial con la dictadura en sus horas bajas y que esto terminase dando un escenario similar al que estaba viviendo el Portugal de la Revolución de los Claveles. La operación, que contaba con el apoyo de los Estados Unidos, consistió en que el príncipe Juan Carlos –entonces Jefe de Estado en funciones– viajara el 2 de noviembre a El Aaiún. Su presencia buscaba calmar las inquietudes de los mandos militares frente a los movimientos marroquíes y darles una salida honrosa del territorio. Su declaración de que se haría “cuanto fuera necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y su honor” funcionó como cobertura simbólica para una retirada ordenada y una descolonización ejecutada sin resistencia por parte de los militares.
Otro de los frentes que tuvo que afrontar la descolonización española fue la preocupación de la población metropolitana afincada en el territorio, así como de sus capitales. La opaca gestión colonial española hizo que, desde mediados de 1975, diferentes sectores económicos comenzaran a expresar de forma discreta su preocupación por una posible retirada del territorio. Finalmente, el proceso de extradición de estas personas y capitales se hizo bajo el nombre de Operación Golondrina, mediante la cual se evacuó del territorio tanto a la población española como a sus bienes, llegándose a vaciar incluso los cementerios cristianos. Junto a esta evacuación, el Estado español implementó una política de compensaciones económicas, a través de la cual se distribuyeron subvenciones por las pérdidas económicas ocasionadas debidas al abandono del territorio.
Con el paso del tiempo, emergieron múltiples acusaciones de malversación. Se denunció que numerosos empresarios cobraron compensaciones por bienes que, en lugar de haber sido abandonados, fueron vendidos a inversores marroquíes o trasladados a Canarias. La lógica económica del colonialismo español, lejos de desaparecer, se configuró en nuevas formas de acumulación.
En contraste, la población saharaui quedó atrapada en una encrucijada existencial. Debía elegir entre permanecer bajo la ocupación marroquí-mauritana –lo que significaba exponerse a la represión en los conocidos como años de plomo– o huir hacia el desierto. Los bombardeos marroquíes, como los registrados en Um Draiga, precipitaron este éxodo, forzando el desplazamiento masivo de población hacia las zonas desérticas. Este proceso finalmente llevó a una parte de la población a los campos de refugiados en Tinduf, Argelia, donde se proclamó, el 27 de febrero de 1976 la República Árabe Saharaui Democrática.
Continuidades neocoloniales
El fin de la presencia colonial española no implicó la desaparición de los intereses económicos gestados durante la ocupación. Por el contrario, estos se mantuvieron a través de los acuerdos internacionales, como lo demuestran las cláusulas secretas de los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Entre ellas, destaca el compromiso marroquí de permitir que hasta 800 barcos pesqueros españoles operasen en aguas del Sáhara Occidental durante dos décadas. Este tipo de disposiciones evidencia cómo la lógica postcolonial permitió a España conservar sus intereses económicos, pese a la cesión administrativa del territorio.
Se trata de unas lógicas heredadas por la Unión Europea cuyos acuerdos pesqueros y comerciales con Marruecos tratan de incluir las aguas territoriales del Sáhara, pese a las disposiciones en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, los intereses del capital europeo han prevalecido sobre los principios del derecho internacional, favoreciendo una externalización del control político a Marruecos. Este modelo neocolonial permite la continuidad de la explotación económica del territorio mientras se delega el coste político, diplomático y militar de la ocupación.
A nivel jurídico, el Sáhara Occidental sigue siendo el Territorio No Autónomo más extenso reconocido por Naciones Unidas. Pese a que en 1976 España comunicase que daba por terminada su presencia en el territorio, este no ha sido descolonizado todavía, por lo que esta retirada resulta jurídicamente muy problemática. Una contradicción que revela la incompletitud del proceso descolonizador y las tensiones entre la identidad democrática postimperial española y sus obligaciones internacionales no resueltas.
El Sáhara Occidental constituye un recordatorio constante de que la transición democrática española no implicó una ruptura integral con el pasado, ya que evitó enfrentarse plenamente con las responsabilidades coloniales. La continuidad de intereses económicos, la ambigüedad jurídica internacional y el sufrimiento prolongado del pueblo saharaui ilustran los límites de una descolonización incompleta, cuyas consecuencias siguen vigentes medio siglo después y cuyas raíces no se deben buscar en 1975, sino en décadas de política imperial.
Referencias:
Ahmed Omar, Emboirik (2023) Breve historia del Frente Polisario. Madrid: Catarata.
Andreu Mediero, Beatriz (2017) El dorado bajo el sol: canarios en el antiguo Sáhara español. Rivas-Vaciamadrid: Mercurio.
Bárbulo, Tomás (2017) La historia prohibida del Sáhara Español. Las claves del conflicto que condiciona las relaciones entre España y el Magreb. Barcelona: Península.
Barona, Claudia (2004) Los hijos de la nube: estructura y vicisitudes del Sáhara Español desde 1958 hasta la debacle. Madrid: Langre.
Bengochea Tirado, Enrique (2019) La Sección Femenina en la provincia de Sáhara: Entrega, hogar e imperio. Barcelona: Bellaterra.
Morillas, Javier (1988) Sáhara occidental, desarrollo y subdesarrollo. Madrid: Prensa y Ediciones Iberoamericanas.
Rodríguez Jiménez, José Luis (2015) Agonía, traición, huida: el final del Sáhara español. Barcelona: Crítica.
Ruiz Miguel, Carlos (1995) El Sáhara occidental y España: historia, política y derecho: análisis crítico de la política exterior española. Madrid: Dykinson.
Enrique Bengochea Tirado es investigador en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en la Universitat de València